Hasta el 14 de marzo de 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez trabajó como vigilante en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ese día, cuando salía del trabajo, fue detenido por funcionarios de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas acusado de “homicidio calificado”. Desde entonces, está detenido preventivamente por un crimen que no cometió: Cristóbal no se encontraba en el lugar de los hechos.

Desde su nombramiento como portavoz de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama en 2017, Cristóbal ha denunciado públicamente los ataques armados, robos, destrucción de cultivos y quema de casas perpetrados por un grupo armado de corte paramilitar del municipio de Chenalhó contra la población de Aldama, de donde es originario. El origen de la violencia: un conflicto de más de cuatro décadas entre ambos municipios por la tenencia de 60 hectáreas de tierra que las autoridades mexicanas y de Chiapas han sido incapaces de resolver.

Dos años antes de su detención, Cristóbal ya había sido acusado y posteriormente absuelto por el delito de “homicidio calificado”. No es casualidad. Es más bien una continuación del hostigamiento ejercido en su contra tanto por actores estatales como por el grupo de corte paramilitar de Chenalhó por su defensa de los derechos comunitarios de los desplazados de Aldama.

En una carta escrita en agosto de 2020 desde el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados “El Amate”, Cristóbal explica que las pesadillas soñadas por las comunidades maya tsotsiles desplazadas de Aldama han sido premonitorias de la violencia ejercida contra ellas desde hace más de cuatro años.

A día de hoy, la violencia en la región de los Altos de Chiapas no cesa. Los tres acuerdos de no agresión firmados entre los municipios de Aldama y Chenalhó desde junio de 2019 no han servido para poner fin a los ataques armados contra las comunidades maya tsotsil de la región.

Actualmente, más de 3,000 personas se encuentran en desplazamiento forzado en el municipio de Aldama, sumidas en una crisis alimentaria por la imposibilidad de cultivar sus tierras debido a los ataques perpetrados en su contra. Mientras tanto, Cristóbal permanece detenido injustamente porque se atrevió a defender sus derechos. 

Publicado originalmente en la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)