Foto de portada: Eber Huitzil
Ciudad de México | Desinformémonos. Las comunidades de Nahuatzen, Comachuén y Arantepacua, en el estado de Michoacán, han sido objeto de un “proceso sistemático” de criminalización por parte de autoridades municipales, estatales y federales, reveló el Informe de la Misión Civil de Observación “Autonomía y libre determinación en la meseta purépecha”.
En el informe, Serapaz, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Centro Vitoria, el Centro Pro y la Red TDT señalaron las graves violaciones a los derechos de estas comunidades indígenas, lo que ha obstaculizado su derecho a la libre determinación. Además, pudieron constatar patrones de criminalización como ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles y detenciones arbitrarias contra autoridades comunales y comuneros.
En el informe se denunciaron las violaciones a sus derechos político-electorales, a través de acciones de estigmatización, desacreditación y deslegitimación contra los órganos tradicionales de los gobiernos comunales, así como la falta de reconocimiento y respeto a los sistemas normativos.
Las organizaciones señalaron la vulneración en el derecho al acceso a la justicia y la falta de investigación por parte de las comunidades de los tres niveles de gobierno. Estas acciones, indicaron, son usadas “de manera sistemática” contra las comunidades para detener los esfuerzos por ejercer su autonomía y libre determinación. La narrativa oficial sobre la región, donde se “estigmatiza” a las y los pobladores, ha permitido la impunidad, acusaron.
Calificaron como “especialmente graves” las ejecuciones extrajudiciales de cuatro personas comuneras de Arantepacua, entre ellas un menor, cometidas hace cuatro años, así como la situación de los presos políticos, José Antonio Arreola, José Luis Jiménez, integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen.
Frente a las graves violaciones documentadas, las organizaciones exigieron a las autoridades estatales respetar la autonomía de los pueblos originarios y recomendaron garantizar el acceso a la justicia para las comunidades afectadas, desde una perspectiva intercultural y de derechos humanos.
“La falta de acceso a la justicia incrementa el nivel de incertidumbre en que se encuentra la población”, advirtieron.
Descarga el informe completo.
