Foto: Créditos: Petrona Siy y la periodista Anastasia Mejía. (Carlos Choc)

Son relevantes las agresiones en contra de las mujeres que hacen periodismo en los territorios, hechos que se incrementan a partir de sus investigaciones o publicaciones sobre hechos en los que incurre el poder local en contra de quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Brenda Guillén

De enero a noviembre de este año sobresalen varios patrones de agresión registrados en Guatemala, particularmente en los territorios fuera de la capital, en contra de quienes defienden la tierra, el agua o el medioambiente; uno de ellos es la criminalización, en especial cuando se hace un uso inadecuado de la ley penal en contra de personas que defienden derechos humanos, dijo Jorge Santos, director general de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), durante la presentación del informe “Dictadura disfrazada de democracia”.

La UDEFEGUA presentó hoy su informe que también incluye las agresiones en contra de las personas que ejercen periodismo en las comunidades, por parte principalmente del poder local.

Santos destacó que durante el 2021, han sido registrados 406 hechos de criminalización, que además consideró como una medida que forma parte de la columna vertebral de la estrategia de represión y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, señaló que otro fenómeno es el proceso de hostigamientos en contra principalmente de operadores de justicia: jueces, juezas, fiscales, auxiliares fiscales; pero también en contra de quienes defienden la tierra, el territorio y el ambiente, entre otros.

Santos puso como ejemplo el estado de sitio y de prevención impuesto este año en El Estor, Izabal, en contra de quienes reclaman sus derechos a través de la legalidad que el mismo Estado les permite. Les fue impuesto el peso del Estado guatemalteco, para garantizar la inversión privada extranjera, anotó.

Un tercer bloque de agresiones registradas en el informe de la UDEFEGUA, emerge de la búsqueda de justicia por hechos de violencia; son las familias que buscan justicia por delitos cometidos en contra de sus familiares, hijos, hijas, familiares de desaparecidos, víctimas del Conflicto Armado Interno, que también sufren en carne propia este embate, dijo Santos.

Finalmente y no menos importante, son las personas que hacen periodismo, particularmente quienes realizan su labor desde el ámbito comunitario. La libertad de expresión está siendo profundamente agredida en el país, en contra de quienes ejercen la labor de informar a la población guatemalteca sobre diversidad de hechos, indicó el director de la UDEFEGUA.

Santos subrayó que las agresiones contra este sector inician desde el propio presidente de la República, Alejandro Giammattei. Cuando la agresión es directa del funcionario más alto del país, legitima la agresión de otros actores. A partir de ahí los periodistas sufren hostigamientos permanentes, agresiones física, amenazas de muerte, robo de equipo e intimidaciones directas por sus publicaciones.

Por su parte, Brenda Guillén, analista e investigadora de la UDEFEGUA, se refirió a las agresiones que enfrentan las mujeres. Dijo que el conservadurismo y algunos grupos religiosos legitiman políticas contrarias a los derechos humanos que posibilitan ejercer violencia en contra de las mujeres.

Las defensoras más agredidas durante el 2021 son las operadoras de justicia, las defensoras de justicia y quienes ejercen periodismo y comunicación social, indicó.  A decir de Guillén, son relevantes las agresiones en contra de las mujeres que hacen periodismo en los territorios, hechos que se incrementan a partir de sus investigaciones o publicaciones sobre hechos en los que incurre el poder local en contra de quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Guillén también se refirió a los principales agresores de las defensoras de derechos humanos, entre quienes sobresalen: netcenters, periodistas con inclinación a la ideología de derecha y crimen organizado. El año anterior, el principal agresor era el gobierno, sin embargo, es evidente que todos estos operan gracias al Gobierno o son estructuras que vienen desde él y sirven para agredir a las agresoras, en un clima que legitima las agresiones que se pueden cometer, refirió.

Durante la presentación del informe, el exfiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, envió un mensaje en el que señaló que a la fecha, hay diez operadores de justicia en el exilio y hay una amenaza latente y permanente en contra de jueces de mayor riesgo y fiscales que desarrollan sus labores en la FECI.

Sandoval mencionó el caso de la justicia transicional, donde lleva a cabo un proceso de aniquilación de los esfuerzos que impulsó durante mucho tiempo la fiscal Hilda Pineda, al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos, que por cierto, dijo, hay algunos de ellos fuera de Guatemala.

“La perspectiva es negativa, pero es importante dar a conocer en este tipo de espacios lo que está ocurriendo y que continuará en un franco deterioro. Esperamos que el 2022 traiga nuevas perspectivas y que la articulación de distintos esfuerzos pueda de alguna manera revertir esta situación, indicó.

Sandra Patargo, coordinadora para la protección de las Américas de Front Line Defenders, en México, comentó los datos presentados. Sobre las agresiones a periodistas dijo que es un patrón en la región, con funcionarios en altos cargos que buscan dañar la reputación de quienes ejercen esta labor tan importante.

En Guatemala hemos visto casos muy preocupantes, como el de Anastasia Mejía, de radio Xolabaj, en Quiché, quien fue criminalizada; el de Marvin del Cid y Sony Figueroa de Artículo 35 y Vox Populi, y el de Prensa Comunitaria, este medio tan importante que ha sido constantemente atacado. Lo hemos visto de manera particular en los últimos meses, con la violencia que se ha vivido en El Estor, Izabal, resaltó Patargo.

En cuanto al tema de la defensa del territorio, Patargo consideró que este sigue siendo el reto más grande. Dijo que, según cifras de Front Line Defenders, las personas defensoras de la tierra y el territorio; los derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente, son el grupo más atacado en la región.

Por último, Jorge Santos llamó a la comunidad nacional de defensa de derechos humanos, a fortalecer y ampliar la articulación social, popular y ciudadana en el país. Que esa articulación nos sirva para contener esa violencia que se está desatando en el país, particularmente contra quienes defienden derechos humanos, indicó y llamó a la comunidad internacional para que mantenga el acompañamiento a los esfuerzos cotidianos de las organizaciones guatemaltecas por recuperar la senda democrática y la agenda de la paz.

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