Al cumplirse cuatro años de la represión violenta contra los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en la autopista de El Sol ⎯en el tramo conocido como Parador del Marqués–, mientras se manifestaban para exigir mejoras en su escuela. La intervención violenta, por parte de la fuerza pública, dejó un saldo de dos estudiantes ejecutados extrajudicialmente: Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Hubo también, cinco heridos, 23 detenidos arbitrariamente, uno de ellos torturado para que se confesara culpable de haber disparado en la protesta.
A la fecha, el caso se encuentra impune. Los únicos policías que estaban procesados fueron liberados por falta de pruebas, dado que el Ministerio Público realizó un trabajo deficiente en el resguardo de la escena del crimen y recolección de evidencias, que pudieron ser pruebas claves para demostrar la responsabilidad de los implicados.
Por esta falta de resultados en la investigación y el retardo de las pesquisas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, para que sea el Sistema Interamericano el que verifique si el Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional, al realizar actos de uso excesivo de la fuerza pública y uso de armas letales en la contención de manifestaciones públicas, lo que se traduce en violaciones a los derechos de libre expresión, asociación, integridad física y el derecho a la vida.
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por primera vez —haciendo uso de sus facultades constitucionales—emitió una recomendación por graves violaciones a los derechos humanos a varias autoridades federales y estatales, sin que a la fecha se haya dado el más mínimo cumplimiento.
Como organizaciones firmantes, consideramos que la tragedia que nos envuelve se debe a una clase política indolente e insensible ante el dolor de las familias por las ejecuciones de jóvenes a manos de policías criminales. El Ejecutivo estatal en vez de impulsar las investigaciones de estos crímenes cometidos por las mismas corporaciones policiales, se empeña en impulsar una Ley de Seguridad Interior (LSI), que impone el uso de la fuerza con la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
Este episodio de nuestra historia no fue el primero ni el último, sino que responde a una dinámica estructural y una cadena de violencia en la que se implican activamente la policía y el Ejército mexicano, con el objetivo de reprimir a través del uso desmedido de la fuerza y la violencia con resultados de impunidad flagrante. En Guerrero seguimos siendo víctimas de la acción violenta de un Estado, en donde la violencia y la impunidad se imponente, y en donde grupos caciquiles se han erigido como amos y señores en una región sumida en la pobreza.
La historia, que está escrita con sangre en Guerrero, es el ejemplo más contundente del fracaso de una política de seguridad militarizada que arroja cifras alarmantes por el número de desaparecidos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la multiplicidad de testimonios de personas que fueron víctimas de tortura por parte de las fuerzas militares y de las mismas corporaciones policiacas. No podemos permitir que la violencia se legitime y se mantenga en impunidad como regla.
En ese sentido, a seis años de las graves violaciones contra los normalistas y a la luz de las discusiones actuales en torno a la Ley de Seguridad del Estado, las organizaciones firmantes exigimos:
-Cese a la impunidad, y garantías efectivas para el acceso a la justicia por las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús;
-Castigo a los autores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos;
-Cese la persecución contra la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa; y
-Respeto al modelo educativo de las y los normales rurales del país.
