La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró parcialmente la Terminal Marítima de Guaymas operada por Grupo México, en el estado de Sonora, tras el derrame de tres metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Golfo de California ocurrido a principios del mes.
Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló que son 22 los accidentes por la actividad minera y metalúrgica del corporativo Grupo México.
En ese contexto, Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), y Francisco Cravioto Lagos, coordinador de la Oficina de Incidencia del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, participaron en el espacio informativo Primer Movimiento de Radio UNAM, donde hablaron sobre las consecuencias ambientales y legales del derrame.
Merino Pérez apuntó que el derrame en el Mar de Cortés es grave debido a su biodiversidad. “Este es una de tantas violaciones al derecho humano al medio ambiente, al derecho humano al agua, al derecho a la alimentación porque afecta fuentes de vida que proveen alimentos a manos de una de las mayores corporaciones mineras del país y de América Latina”.
Por su parte, Cravioto Lagos consideró que esta tragedia es el resultado de la impunidad alrededor de un marco regulatorio laxo diseñado en 1992, ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Si nosotros revisamos la Ley Minera vamos a encontrar en el capítulo de las obligaciones de las empresas, obligaciones muy escuetas, y por otra parte, derechos amplísimos. Si se entrega una concesión sobre un Área Natural Protegida, ésta prevalece. De hecho, no sirve de nada, digamos, detiene a los campesinos de que no puedan cortar tres o cuatro árboles, pero no regula a un minero”.
Finalmente, Merino Pérez dijo que el problema en México no sólo se encuentra en el tratamiento adecuado de residuos, sino en la falta de una perspectiva ecológica que prevenga el avance desmesurado de la industria a costa de la salud pública y el cuidado del medio ambiente.
“Lo que priva en la actualidad en México y en el mundo es la minería de cielo abierto, para sacar una pequeña concentración de minerales utiliza grandes cantidades de agua. Estos son daños que no tienen precio y que afectan a la población y a los ecosistemas”, destacó la investigadora.
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