Con la excusa de la lucha interna contra la guerrilla en el norte de Paraguay las fuerzas armadas vienen militarizando la zona ocasionando la vulneración de derechos de la población indígena y afectan las libertades de las comunidades originarias.
El agravio sucede a razón de que el Gobierno actual dispuso que el Congreso modifique la Ley de Defensa Nacional para otorgarle así al presidente Horacio Cartes la facultad de usar al ejército en conflictos internos.
Las asociaciones campesinas del departamento de San Pedro (norte) pidieron derogar la modificación de la Ley de Defensa, debido a que consideran que reaviva la vieja práctica del terrorismo de Estado contra las organizaciones sociales.
El presidente paraguayo, Horacio Cartes, logró que fueran aprobadas unas enmiendas a la Ley de Defensa, una vez que asumió el poder para permitir que el Ejércite intervenga en situaciones de agresión interna, como el terrorismo y las amenazas a las autoridades.
Con ellas se busca perseguir a la agrupación subversiva autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que reivindica una ideología marxista leninista y propone una democracia popular, sin tener que activar el estado de emergencia en el país.
El EPP que operaría desde la década del noventa en los departamentos de Concepción y San Pedro y el Ejército nacional se han enfrentado innumerables veces, siendo los más perjudicados los indígenas que viven en esa región del Paraguay.
Entre los maltratos que reciben las comunidades se encuentran las restricciones de sus libertades públicas, el avance de las fumigaciones sobre sus territorios comunales y el crecimiento de la pobreza.
El daño al pueblo indígena se verá al parecer acentuado con la construcción de una base militar en el norte de Paraguay para combatir al EPP y en la cual se invertirá alrededor de 24 millones de dólares.
La base castrense se localizará en el llamado cruce Tacuatí, entre los departamentos de Concepción y San Pedro, los cuales, junto al de Amambay, son las tres zonas militarizadas hasta el momento.
Cambio de orientación
El Gobierno y las fuerzas de seguridad de Paraguay insisten en que la militarización del norte del país es indispensable y presentan al EPP como una fuerza agresiva que tiene control sobre la zona.
De hecho, el Gobierno de Horacio Cartes dio un giro en el tratamiento del EPP al calificarlo oficialmente como guerrilla.
Clyde Soto, representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), asegura que hay un patrón represivo irrespetuoso de los derechos humanos promocionado por el Estado.
La Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (COCIP) sentencia que luego del golpe parlamentario que depuso del cargo al ex presidente Fernando Lugo hubo un recrudecimiento de los enfrentamientos entre comunidades campesinas y el ejército.
La disputa se da con el motivo de que las fuerzas armadas suponen que las comunidades aborígenes protegen al EPP.
El 2 de octubre 2013 un representante de la Fiscalía de Paraguay denunció que hay mucha complicidad de campesinos con el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo.
El agente fiscal Christian Roig atribuyó a dicha agrupación el asesinato de un policía tras un ataque a una comitiva del ministerio del Interior. Dijo que el EPP se aprovecha de la ignorancia de los campesinos, quienes son víctimas de las circunstancias.
Según una nota fiscal el ataque ocurrió en la misma zona donde el Gobierno atribuye al EPP el asesinato de cinco guardias de seguridad de una hacienda ganadera de propiedad brasileña el pasado 17 de agosto.
Los cinco fallecidos de entonces y el del martes de octubre elevaron a 31 los muertos atribuidos por el Gobierno al EPP desde 2005, informó la agencia Efe.
