Foto: Tlachinollan

Ciudad de México | Desinformémonos. La crisis de derechos humanos y en particular la violencia de género, se profundizó con la emergencia sanitaria por Covid-19 en el estado de Guerrero. Los ayuntamientos cerraron sus puertas, los Ministerios Públicos también, y nadie atendió a las víctimas, denunció Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La violencia se incrementó y las mujeres no tenían con quién acudir a pedir auxilio. La pandemia provocó el confinamiento de las instituciones y dejó que los grupos criminales actuaran de manera impune, “fue un escenario adverso para las víctimas y una señal de mayor impunidad para los perpetradores”, explicó Barrera en entrevista telefónica con Desinformémonos, y añadió que la violencia no sólo se vivió al interior de los hogares, pues los grupos delincuenciales entraron en mayor disputa de los territorios y de rutas.

Algunas comunidades se defendieron ante la violencia, como el caso de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero, donde hace algunas semanas diversos medios de comunicación publicaron imágenes de niños armados. Barrera señaló que esto se da en respuesta a la ausencia de las instituciones y la presencia del crimen organizado en contubernio con cuerpos de seguridad, además de la inacción de la Guardia Nacional (GN).

El defensor aseguró que desconocen la estrategia de la Guardia Nacional en las regiones de alta conflictividad y violencia, pues existe un control territorial por parte de la delincuencia y la presencia de la GN es “testimonial”, ya que no tiene órdenes de desarmar a los grupos, ni de desmantelar la estructuras delincuenciales.

Desde que empezó la pandemia, Tlachinollan ha documentado 20 casos de feminicidio, 20 de violencia sexual, 80 de violencia física y 85 de violencia económica en la región, señaló el Centro en conferencia de prensa. En 2018 existían, al menos, 13 grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control territorial para la siembra y trasiego de drogas en la entidad.

En Tlapa sólo hay una unidad de investigación para atender casos de delitos contra mujeres, señaló Barrera y añadió que no hay personal, ni recursos, ni tienen traductores. Explicó que las autoridades también demoraron las búsquedas de personas desaparecidas por falta de recursos y personal.

Tlachinollan lanzó la campaña “Mar de agravios, montaña de quebrantos” y diversas organizaciones nacionales e internacionales como la Red Todos los derechos para Todas y Todos (TdT), Fundar, Serapaz, Artículo 19, Brigadas de Paz Internacionales (PBI) y el Espacio OSC, se sumaron a una misión de observación para documentar y visibilizar la situación de violencia en la región.

“¿Para qué sirven los diagnósticos del gobierno federal si no se previenen los delitos?, ¿o sólo son para tomar datos?”, se preguntó el defensor y condenó que no existan acciones por parte de las autoridades para prevenir estos delitos y desmantelar las estructuras delincuenciales. Resaltó que esta campaña quiere mostrar la situación que viven las mujeres indígenas y que hay una cadena de agravios y agresiones que las vuelve más vulnerables. 

El integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña denunció que la pandemia colocó a los defensores de la montaña en una situación de desprotección. Las organizaciones exigieron que se atiendan los casos, que se garantice la seguridad y la protección de las víctimas, así como estrategias de prevención de la violencia en la región.