Un protocolo creado desde la sociedad civil, con enfoque psicosocial, busca poner al centro las necesidades y los derechos de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos, y enfatiza las obligaciones de las autoridades gubernamentales en los procesos de búsqueda, identificación forense y notificación.

A una madre veracruzana le entregaron los restos de su hijo en una bolsa de basura. En Jalisco, familiares de personas desaparecidas sufrieron un trauma al enterarse de que cientos de cadáveres estaban apilados en un tráiler y la fiscalía los había ocultado. Algunas familias dicen que los ministerios públicos les piden llevar a enterrar cuerpos aunque no tienen la certeza de que son los familiares que buscan. 

Esas noticias, que son frecuentes en los medios mexicanos, muestran la falta de capacitación de peritos forenses, agentes ministeriales y todo profesional relacionado con los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, especialmente en el momento en que como autoridades tienen que notificar que una persona fue encontrada muerta.

Ante este panorama, el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos elaboró el Protocolo interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna que busca guiar al personal forense para que comprendan el impacto que sus procedimientos y acciones tienen en las víctimas. 

El Protocolo plantea que la crisis de desapariciones desató otra: “Las capacidades técnicas y los recursos humanos, materiales y de infraestructura del Estado en materia forense han resultado insuficientes, lo cual ha generado a su vez una crisis forense en el país”.

Esto se puede observar en la falta de información sobre si se practicó o no la necropsia en los cuerpos de personas sin identificar que se encuentran en los Servicios Médicos Forenses del país, más de 52 mil al mes de agosto de 2020, de acuerdo con el informe del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México.

Otro indicador son los testimonios de familiares de personas desaparecidas que fueron la base para realizar el manual. Las experiencias se recabaron en tres grupos focales que dieron cuenta de las malas prácticas de las autoridades, entre ellas el enterarse del hallazgo de sus seres queridos a través de los medios de comunicación o de acciones abusivas de parte de las autoridades y funerarias al momento de entregar el cuerpo, entre otros ejemplos.

La psicóloga Ximena Antillón —quien participó en la elaboración del manual, como parte de la organización Fundar— explicó que el Protocolo se creó a partir de las experiencias de familias de víctimas de desaparición que habían encontrado a sus seres queridos sin vida.

“Empezamos a hablar entre las organizaciones que participamos sobre la idea de hacer un protocolo de notificación desde la sociedad civil. A partir de estas experiencias y, con la participación de familiares de personas desaparecidas que desgraciadamente encontraron a su ser querido sin vida y que compartieron sus experiencias para entender qué les ayuda y qué cosas no les ayudan en ese momento de la notificación y búsqueda”, detalló Ximena Antillón.

Además del Centro de Análisis e Investigación Fundar, en la elaboración de la guía participaron integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), Serapaz A. C., que forman parte del Espacio Psicosocial para los Derechos Humanos. Las autoras fueron Ximena Antillón Najlis, Jannet Carmona Bernal, Marcela Flores Dionicio y Paola Alejandra Ramírez González.

Las autoras identificaron que las principales deficiencias en el proceso forense son el modo en que las autoridades comunican los aspectos técnicos del proceso a los familiares, que no se mantiene el rigor científico y, a la vez, no se brinda confianza en el proceso de identificación. Además, es necesario que se restituya de manera digna el cuerpo localizado y que los familiares participen en las distintas etapas de la búsqueda del familiar.

Las autoridades deben garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas, toda vez que “nadie los puede intimidar, chantajear, amenazar o maltratar durante esos procesos forenses”, dijo Antillón entrevistada antes de haber sido elegida como integrante del panel de expertos del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano multidisciplinario con autonomía técnico-científica con el encargo de regresar los nombres a los miles de cuerpos sin identificar.

Aportaciones del enfoque psicosocial

Ante las negligencias, insensibilidad y burocracia de las autoridades, las autoras plantean como indispensable el cuidado en los procesos de investigación forense durante la recuperación y análisis de los restos, lo cual debe realizarse de manera apegada a los estándares técnicos y científicos, pues su omisión tiene efectos  negativos en los familiares. 

“Para cumplir con los objetivos antes señalados es necesario romper las barreras entre las distintas disciplinas que intervienen (jurídica, forense, asistencial, psicológica, etcétera) y generar formas de trabajo multidisciplinario que pongan en el centro las necesidades y derechos de las víctimas”, explican las autoras en la introducción del texto.

Según la psicóloga Alejandra González Marín, integrante del Espacio, el enfoque psicosocial es una posición ética en el acompañamiento a víctimas, “no se trata sólo de una atención o de un acompañamiento que sólo da ‘palmaditas’ en los hombros, sino que acompaña profundamente los proceso de verdad y justicia”, según explicó en la presentación virtual del Protocolo los días 8 y 9 de junio en las redes sociales de Serapaz.

Detectan malas prácticas de los funcionarios públicos

El Protocolo interdisciplinario de notificación también compila un catálogo de malas prácticas que realizan los funcionarios públicos cuando se da aviso a la familia de que su ser querido fue  identificado sin vida.

Algunas de estas malas prácticas son: cuando no se informa a las familias los indicios de que el familiar podría haber sido enterrado, o sobre cómo serán los procesos de excavación para recuperar el cuerpo o no les permiten observar esos trabajos. Otra puede ser filtrar a los medios de comunicación la  información del hallazgo antes de informar  a los parientes.

Otra mala práctica es estereotipar a  los familiares. Calificarlas como “agresivas, irracionales, se niegan a aceptar la realidad, o se les infantiliza”, o cuando se habla con ellas se hace en “tono complaciente o con diminutivos”. Estas acciones —según el protocolo— pueden generar en los familiares mayor sufrimiento, revictimización y dudas sobre la confiabilidad de la identificación. 

Por ejemplo, el pasado 2 de octubre, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que no fueron consultados sobre la filtración,  a medios de comunicación, de conversaciones interceptadas entre policías y presuntos delincuentes implicados en el caso.

El enfoque psicosocial pone en el centro la víctima y sus necesidades en cada una de las etapas de la búsqueda, investigación y, en su caso, identificación y restitución digna para garantizar el trato digno y el carácter reparador de las acciones. 

También se concentra en el acompañamiento a víctimas desde el respeto a sus derechos, la escucha digna y la construcción de vínculos solidarios para favorecer la recuperación o mitigación de los daños a nivel psicológico, social y emocional.

Derechos de los familiares 

Aplicar el enfoque de derechos de los familiares en momentos de búsqueda y hallazgo es permitirles prácticas religiosas y espirituales como orar al momento de encontrar el cuerpo y en el sitio donde fue hallado. Implica, también, recuperar con paciencia y cuidado cada cuerpo y cada uno de  los restos, sin importar el tamaño, evitando que sufran más daños.

El manual dicta considerar con anterioridad cómo se dará la noticia a los familiares, preparar la restitución de los restos de manera digna y que la persona fallecida sea sepultada de acuerdo con las creencias y costumbres de la familia.

“Si estos procesos se hacen mal, si no se construye confianza en el proceso, los familiares no van a tener certeza de que realmente se tratan de los restos de sus seres queridos y, por lo tanto, va a seguir esta incertidumbre de la desaparición, junto con los impactos que eso conlleva”, explicó Antillón, quien ha acompañado a familias del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y de Ayotzinapa, entre muchas otras.

El manual también menciona que los familiares tienen derecho a solicitar un segundo peritaje y tener acceso a peritajes independientes: “no se debe presionar a los familiares para que acepten los resultados de la identificación, el cuerpo o los fragmentos de la persona desaparecida. Por el contrario, se deberán facilitar los espacios para esclarecer las dudas y en su caso, satisfacer el derecho a contar con peritajes independientes”.

Otro de los derechos que compete a las autoridades garantizar es establecer plazos realistas que ayuden a los familiares “a manejar las expectativas y la angustia que implica el tiempo que transcurre desde la notificación hasta la restitución”, indica el protocolo. En caso de que haya demoras o contratiempo por procesos burocráticos, falta de coordinación entre las dependencias, u otro motivo, se  debe informar a los parientes  de los atrasos y explicar las razones.

Durante las diligencias, es necesario que las autoridades informen a los familiares sobre la cadena de custodia y a qué laboratorios serán trasladados los restos recuperados, así como los procedimientos que serán utilizados para la identificación y el tiempo estimado de estos procesos. 

Posteriormente, se realizan los análisis forenses y procesos de identificación para determinar la causa de muerte, las circunstancias de la misma, y los elementos de identificación para saber si concuerda con rasgos de la persona desaparecida. Los avances deberán de ser comunicados a los familiares oportunamente, y en caso de que haya una identificación positiva, se deberá de preparar la notificación a los familiares.

Las autoras decidieron incluir un capítulo sobre el momento de la búsqueda y las exhumaciones incluidas en el planteamiento del protocolo. Lo anterior para permitir la participación de los familiares en todo el proceso forense, garantizar su derecho a tener información, y habilitar procesos de comunicación durante este tiempo. También las familias deben conocer los plazos del proceso de investigación, y tener una idea de qué pueden esperar de cada momento.

“La participación de los colectivos en la búsqueda de sus seres queridos también tiene un efecto reparador porque ellos saben que, a pesar de que no encuentren a su ser querido, el hecho de encontrar los cuerpos o los restos de personas desaparecidas va a ser un alivio para sus familiares. Es una forma de convertir esta experiencia tan dolorosa en algo positivo para alguna familia que va a poder tener certeza de qué pasó con su ser querido”, explicó Ximena Antillón.

Derecho a conocer la verdad

En el proceso de notificación de muerte es importante contestar las preguntas que tenga la familia sobre el hallazgo de manera respetuosa, clara y comprensible. El documento, publicado en junio del 2021, especifica: “la notificación no debe verse como un proceso aislado, sino en estrecha relación con la investigación previa y la información disponible, así como el seguimiento posterior a la identificación”.

Dependiendo del caso y de los vínculos entre los familiares de la persona desaparecida, la notificación puede hacerse de manera individual o en grupo, ya que mientras algunas personas requieren de un espacio personal en ese momento, otros pueden preferir estar acompañados por quienes dieron seguimiento al caso y compartieron el proceso de búsqueda. Es importante, indican las organizaciones, que se les pregunte con anterioridad a las personas cómo quieren ser notificadas.

El Protocolo Interdisciplinario de notificación sugiere que se establezca un “enlace familiar” y se determine a una persona servidora pública como la responsable de mantener una comunicación constante con la familia, que se encargue de notificar la identificación, solucionar las dudas, brindar información periódica y estar pendiente de las necesidades e, incluso, coordinarse con el equipo de acompañamiento psicosocial.

Además, debe existir un seguimiento de atención después del proceso de notificación que garantice  que la restitución de los restos se haga de manera digna, se brinde asistencia para trámites, pagos y traslados del cuerpo, o se brinde apoyo para la logística de los rituales. Esto porque en muchas ocasiones las familias no cuentan con los recursos por el deterioro económico que implicó la búsqueda o necesitan apoyo. 

Parte del seguimiento posterior a la notificación es generar espacios especializados donde familiares puedan hacer su duelo y reconozcan las afectaciones en la familia según sus necesidades y costumbres de acuerdo con su edad, género, condición migratoria o pertenencia a un pueblo indígena.

El seguimiento también no debe limitarse únicamente a la identificación y restitución de la persona desaparecida, indican las autoras, incluye el inicio de una investigación penal para que exista una búsqueda de la verdad y sanción de los responsables como parte del derecho a la justicia.

“El Estado debe promover el total esclarecimiento de los hechos que provocaron la desaparición de personas, deben adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole para satisfacer el pleno cumplimiento de los derechos individuales y colectivos a la justicia, llegando a la sanción de los responsables. Así como facilitar las condiciones para la reconstrucción de la memoria histórica desde las víctimas como parte del proceso de dignificación y garantía de no repetición”, se explica en el protocolo.

Son las autoridades quienes deben realizar las investigaciones correspondientes, ya que en muchas  ocasiones son los familiares quienes no sólo llevan a cabo la búsqueda de su ser querido, sino también efectúan las diligencias de entrevistas a presuntos implicados y aportan pruebas para dar con los responsables y detenerlos.

Así se toma en cuenta la situación de los familiares de las personas desaparecidas, sus necesidades, sus expectativas y sus derechos —que incluyen el derecho a la información y a la participación en el proceso forense—, y los derechos de las víctimas de desaparición.

Ximena Antillón reconoció que el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Fiscalía General de la República (FGR) mostró interés y apertura para incorporar el protocolo a nivel interno; sin embargo, a la fecha no se han realizado acciones concretas para ello.

El Protocolo interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna está disponible para su consulta y descarga gratuita en la siguiente liga: http://notificaciondigna.mx/wp-content/uploads/2021/06/Protocolo-Interdisciplinario-de-notificacion-de-la-identificacion-de-personas-desaparecidas-y-restitucion-digna_2021_EspacioPsicosocial.pdf

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*Tamara Mares (@tmaresriv) y Adrián Montiel (@adrianmontiel_g) son colaboradores del proyecto A dónde van los desaparecidos. 

*Foto de portada: El cuerpo de un hombre víctima de desaparición fue velado frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Crédito: Xavier Martínez/Obturador MX

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos