Ciudad de México. Tras 29 años de impunidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió una sentencia condenatoria contra el Estado colombiano por las desapariciones forzadas de once personas en la Retoma del Palacio de Justicia o la llamada Operación Antonio Nariño, durante el asalto perpetrado por guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19). La Policía Nacional y el Ejército reaccionaron a esta toma por alrededor de 27 horas donde fueron asesinadas 98 personas, entre ellas, once de los 24 magistrados de la corte y guerrilleros. Cuatro personas más fueron torturadas por considerarse sospechosas de colaborar con el grupo guerrillero.

La llamada Toma del Palacio de Justicia, fue una acción emprendida por el M-19, quienes tuvieron alrededor de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado y empleados. La exigencia principal del grupo era de obligar al presidente de la República en ese entonces, Belisario Betancur, a presentarse a este recinto para que se le realizara un juicio político, pero este se negó. Horas después la fuerza pública retoma el palacio y este se ve envuelto en llamas.

La sentencia ordena al Estado colombiano resarcir su daño con el pago de 7 millones de dólares a las familias de los desaparecidos, publicar el contenido del veredicto en los medios de comunicación y dar seguimiento a las investigaciones judiciales.

“Los medios de comunicación hicieron mucha relevancia en la indemnización económica, para nosotros esto no es los más importante, pues no es nuestro objetivo principal, siempre ha sido la búsqueda de la verdad”, manifiestan los familiares en una rueda de prensa posterior al veredicto el pasado 10 de diciembre.

Para los familiares de los desaparecidos, entre ellos, algunos trabajadores de la cafetería del Palacio, consideran que una verdadera reparación es que el gobierno y los militares implicados relaten lo que realmente sucedió ese seis y siete de noviembre de 1985. “Han sido 29 años de lucha constante, sabemos que con dinero no se resuelve nada, sólo la verdad y que nos digan donde tienen a nuestros familiares”, expresan familiares de las víctimas, sin embargo señalan que es una pequeña luz en casi tres décadas de soledad, olvido y marginación por parte de la justicia.

La Corte rechazó la tesis estatal y el de la defensa de los militares implicados en los hechos, que hasta el momento tan sólo dos han sido investigados, que las víctimas estaban entre los cadáveres incinerados y/o mal identificados. Años después algunos medios de comunicación dieron a conocer grabaciones de estos dos días y se pudo observar que algunas de las víctimas eran sacadas por el ejército con vida, entre ellos el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, quen después fue ejecutado extrajudicialmente.

La Corte también reconoce que la búsqueda de los desaparecidos solamente ha estado en las manos de los familiares y el Estado se ha desligado totalmente de su responsabilidad de buscarlos con vida. “Lo único que nos ha mantenido de pie en esta larga lucha es la esperanza de encontrarlos con vida y los actos simbólicos que siempre los hacen estar presentes cada día de nuestras vidas”, refieren los familiares.

Con información de: Contagio Radio