Un reciente informe sobre la situación de la trata de personas en América Latina y el Caribe denunció que la corrupción  y los grupos de crimen organizado en altos mandos gubernamentales, debilitan la capacidad estatal para contrarrestar la trata en los países la región.

Aunque esta situación ya había sido advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2015, donde se denunció la facilitación de documentos adulterados o el ingreso irregular por parte de agentes de control migratorio a cambio de coimas para facilitar el traslado de las víctimas de trata entre países.

Asimismo, la corrupción en las zonas de explotación con ausencia de inspecciones o en la que participan directamente los funcionarios públicos y la corrupción en los procesos judiciales donde los tratantes, mediante pagos evitan ser condenados, crean un manto de impunidad a favor de la trata.

En esta línea, el informe Trata de personas en América Latina y el Caribe 165° Período de Sesiones CIDHsostiene que en zonas de frontera de Paraguay no existe identificación de las víctimas, muchas veces, debido a la corrupción.

Lo mismo sucede en Guatemala donde el Estado no enfrenta las causas estructurales de la trata y en México, los funcionarios públicos, particularmente las fuerzas del orden, autoridades judiciales y de migración local, exigen sobornos y servicios sexuales de adultos dedicados a la prostitución y menores víctimas de trata sexual.

En Ecuador, se llegó a corroborar que en varios casos, los policías eran socios de prostíbulos en los que se empleaban a mujeres y niñas con documentación falsa, además fueron los funcionarios del Registro Civil quienes emitieron documentos de identidad falsos para los niños y las niñas.

También se identificaron prácticas corruptas en Perú, que ocurrían en las actividades de la Policía y los procesos judiciales, donde los tratantes pagarían a los operadores de justicia para terminar liberados o beneficiados de alguna manera.

De acuerdo a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) de Argentina, la cifra de trata que involucra “funcionarios públicos como cómplices o encubridores de maniobras delictivas es de aproximadamente un 10% del total”.

Además, la trata de personas está estrechamente vinculada con actividades ilegales como el crimen organizado, que de acuerdo a la geografía de cada país pueden relacionarse con el narcotráfico, tráfico de armas, entre otras actividades.

Situación de la trata en la región

El informe tiene como base la información producida por las instituciones oficiales de cada país y no necesariamente abarcan el mismo periodo. Además, se trata de casos judicializados o registrados por el Estado.

En este sentido, el informe identificó 13 mil 418 víctimas de trata entre el 2010 y 2014 en los 14 países evaluados. Entre las más afectadas se encuentran las mujeres; por ejemplo, de 6 mil 203 casos en los que registró el sexo de la víctima, el 78% fueron mujeres, tres veces más que los hombres.

La trata de personas afecta mayormente a los niños, niñas y adolescentes. De una base de datos de 6 mil 380 víctimas de quienes las autoridades registraron la edad, la mitad era menor de edad.

Asimismo, el informe identificó que las finalidades más comunes de la trata de personas que se registraron, fueron la explotación sexual (64%) y la explotación laboral (27%) de un total de 4 mil 521 casos registrados.

“El 9% de casos de trata está destinado a otros fines como la mendicidad, la venta de niños, niñas y adolescentes, y el tráfico de órganos o tejidos”, sostiene el informe.

Cifra de víctimas de trata / Infografía: CHS Alternativo

Entre las causas estructurales de la trata de personas se encuentran los factores socioeconómicos, economías informales e ilegales, pobreza y desigualdad persistente y la globalización y el crecimiento de la migración; y los factores socioculturales, legitimación de la explotación de personas, la violencia de género y los vínculos familiares y emocionales.

Asimismo se encuentran los factores institucionales que están relacionados con la corrupción e informalidad en las instituciones públicas y; la débil presencia, o incluso ausencia, del Estado.

Acceda al informe completo aquí (PDF, 48 páginas)

Publicado originalmente en Servindi