La Conferencia sobre Cambio Climático – COP 27 congrega a los gobiernos de todo el mundo en Egipto para dar continuidad a los debates respecto a la problemática del cambio climático. El gobierno paraguayo acude a la cita con una agenda que prioriza el “financiamiento climático”; sin embargo, la política ambiental sigue apostando a las falsas soluciones sin abordar las problemáticas de fondo vinculadas, principalmente, al modelo de agronegocios.
La vigésimo séptima conferencia de las partes sobre el Cambio Climático se desarrolla entre el 6 y el 18 de noviembre en Sharm el Sheij (Egipto), los gobiernos del mundo se centrarán en discutir estrategias para alcanzar los objetivos climáticos acordados, pero que aún distan mucho de cumplirse.
El eje central de la Conferencia será el financiamiento climático, en base a lo que el Acuerdo de París – acuerdo que contiene los objetivos climáticos a nivel global y cómo financiarlos – llama responsabilidades comunes pero diferenciadas: los países desarrollados, responsables de la mayor parte de la emisión de Gases de Efecto Invernadero que generan el calentamiento global, debían aportar 100.000 millones de dólares para enfrentar los efectos del cambio climático, tanto en las áreas de adaptación, mitigación y en lo relacionado a daños y pérdidas provocados por eventos climáticos extremos.
Estos recursos debían ser destinados hacia países en desarrollo a fin de aplicar políticas en cada una de las citadas áreas; sin embargo, el financiamiento climático tropieza con varias dificultades. Según publica la web oficial de la COP 27 los informes sobre financiamiento climático que se presentarán en la cumbre “muestran que, si bien se ha producido un aumento de los flujos globales de financiación para el clima, no se han alcanzado los objetivos clave de movilización para los países en desarrollo”.
El Documento Orientativo elaborado por la Comisión Nacional de Cambio Climático y que refleja la postura oficial paraguaya para la Cumbre señala que el Paraguay se reafirma en que el financiamiento climático y la movilización de los flujos financieros se debe dar desde países desarrollados hacia países en desarrollo. Además indica que las acciones relacionadas a la adaptación serán prioritarias en la aplicación de recursos financieros para enfrentar al cambio climático y “reconoce” que la movilización de flujos financieros actuales hacia países en desarrollo no es suficiente para lograr los objetivos del Acuerdo de París e implementar los compromisos nacionales asumidos por el país en materia de reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero.
El documento revela que el país recibió un total de 181 millones de dólares en el periodo 2019-2021 y que según una estimación de costos la implementación de planes de mitigación realizados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible costaría aproximadamente 16.4 billones de dólares. A pesar de ser una de las prioridades para el uso de fondos de financiamiento climático el país aún no ha calculado los costos asociados a la implementación de las metas de adaptación y los costos asociados a las pérdidas y daños ocasionados por los efectos del cambio climático.
Si bien no existen datos precisos respecto a en qué programas se han invertido y piensan invertirse los fondos mencionados, es clave señalar que mucho del financiamiento climático a nivel global, y particularmente en Paraguay, va destinado a falsas soluciones, es decir “políticas verdes” que en realidad no abordan los problemas de fondo y no constituyen soluciones reales a la problemática del calentamiento global y la Crisis Climática.
En el caso de Paraguay, cuya principal contribución en materia de Gases de Efecto Invernadero está vinculada a la deforestación masiva para el avance de la frontera agrícola y ganadera, no existen planes gubernamentales que apunten realmente a poner límites a esta situación. Por el contrario, muchos de los “proyectos verdes” impulsados por el gobierno están basados en falsas soluciones, como el impulso a los cultivos forestales, que en la práctica se convierten en grandes monocultivos de eucaliptos y otras especies exóticas que también tienen graves consecuencias ambientales.
El hidrógeno verde y los mercados de carbono son otras falsas soluciones aplicadas a nivel global y a los que “apuestan” las políticas climáticas en Paraguay. Sin embargo, estas propuestas no abordan la problemática de fondo, vinculada fundamentalmente al modelo productivo, basado en la concentración de la tierra y el uso casi exclusivo de la misma para la producción de commodities.
En este sentido, el Ingeniero Ambiental e investigador, Guillermo Achucarro, en su libro Política Climática en Paraguay, Una lectura anti-extractivista señala que las falsas soluciones se basan en una mirada que “deja fuera muchas de las causas de las crisis climática y ambiental” por lo que no se traducen en respuestas con críticas al modelo productivo imperante en el Paraguay. “De esta manera, una problemática extremadamente compleja se reduce a soluciones de mercado, invisibilizando las causas reales de las altas emisiones de CO2 en nuestro país”, indica.
Achucarro concluye que “las acciones de los distintos gobiernos en Paraguay básicamente siguen esta misma lógica. La idea de reducir los GEI se plantea desde la idea de establecer estrategias ecológicas y/o ambientales para compensar la destrucción de los ecosistemas, con el objetivo de mantener la deforestación y la expansión extractivista a pesar de los límites planetarios”.
El mejoramiento de los sistemas de financiamiento climático a nivel global es una necesidad imperiosa, a esto debe sumarse que dichos fondos sean invertidos en soluciones reales que claramente deben estar basadas en un modelo alternativo de producción y consumo que sea realmente sostenible social y ambientalmente.
Publicado originalmente en BASE Investigaciones Sociales