En Uruguay, 15 mil familias habitan en viviendas autogestionadas y construidas en colectivo. Las casas son alzadas en comunidad; al final, sorteadas entre quienes participan de la obra.
El proyecto de vivienda popular organizado a través de cooperativas, tiene su origen en la década de 1970, allá por los años de la dictadura. Entonces quienes comenzaron a agruparse en cooperativas de vivienda se constituyeron también en un importante bloque de resistencia hacia el gobierno militar.
Mariana Menéndez, docente de la Universidad de la República, en Uruguay, es acompañante de estos procesos. Su tesis de maestría abona en el tema: “Educación en movimiento: la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)”.
En entrevista, comenta que se trata de un movimiento “muy grande, con muchos años de experiencia y muy heterogéneo en su composición”, que sistematiza a gran escala la práctica cotidiana de los sectores populares uruguayos de autoconstrucción a través del apoyo colectivo. Y es que, aunque los recursos económicos provienen del Estado, la obra misma es fruto de la autogestión.
Primero, explica Mariana, el colectivo busca el reconocimiento jurídico y se constituye en cooperativa. Después consiguen el terreno para fincar, ya sea ocupándolo o por la propia cesión del gobierno. Finalmente, la edificación arranca con los cooperativistas como mano de obra. Cada uno de ellos debe de cubrir una jornada mínima de 21 horas a la semana.
“Todos construimos las casas de todos y, al final, se sortean. Las casas son de propiedad colectiva”, ese es el fundamento de las cooperativas de vivienda en Uruguay.
La sicóloga social refiere que el momento más fértil del proyecto es la obra misma, en tanto que constituye la materialización de la autogestión y de lo colectivo. Es en este momento también que se generan importantes procesos de politización que impulsan a los cooperativistas a seguir involucrados en el trabajo común, incluso después de concluida su vivienda.
«Se va generando un entramado social que aprendió que colectivamente podía resolver la vivienda. Ese aprendizaje se usa después para resolver otras necesidades o para apoyar a otras cooperativas o proyectos», comenta Mariana. Y agrega: “El empoderamiento que se genera al ser protagonista de la solución del problema, no es el mismo que el de un plan de vivienda que te entrega las llaves de tu casa”.
Es así, asevera Mariana, que en el campo de lo popular, el movimiento de cooperativas de vivienda es un importante actor político-social, de la mano de los sectores sindicalistas y estudiantiles. Se trata, precisa, de un proyecto contrahegemónico que en la década de 1980, luego de la dictadura, desempeñó un rol crucial en la reorganización popular y que, hoy día, sorteando sus propias contradicciones, se sitúa en la resistencia al neoliberalismo.
A decir de la estudiosa de la FUCVAM –que ha edificado casas de mayor calidad que cualquier plan estatal–, el gran reto que este movimiento enfrenta es la tentación latente de institucionalización. Además, el riesgo de quedarse anclado en el tema del acceso a la vivienda –“la necesidad primaria que te lleva a auto organizarte”–, limitando así las posibilidades de construcción de un movimiento sociopolítico que no sólo dispute los recursos concretos, sino otra manera de vivir.
A partir de los principios ideológicos de autogestión, propiedad colectiva, ayuda mutua y democracia directa, es que las cooperativas de vivienda en Uruguay han sobrevivido, entre altibajos, por más de cuatro décadas. Su modelo ha sido inspiración de otros procesos en países de Centroamérica.
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