En muchas ocasiones, el control de los centros penitenciarios de México se ha cedido a los grupos criminales, lo que es un panorama “preocupante” ante la inseguridad dentro de las mismas prisiones, señaló el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Antonio Mazzitelli.

De acuerdo con el representante, el gobierno debe ejercer su facultad para privar de la libertad a quien ha cometido un delito “sin violar sus propias leyes en materia de derechos humanos, sobre todo porque actualmente la situación que se vive en el interior de las prisiones representa la mayor negación del estado de derecho”.

Afirmó que es necesario modernizar el andamiaje normativo para que los centros penitenciarios no sean únicamente lugares de pena y castigo, “sino que quienes ahí se encuentran internados puedan tener acceso a una segunda oportunidad”.

Ante ello, Mazzitelli, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), anunció que se desarrollarán acciones de análisis y armonización legislativa, así como se revisarán y compararán las normas y estándares descritos dentro del sistema penitenciario mexicano.

Por su parte, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que si bien el país «cuenta con muy buenas leyes y aspira a perfeccionarlas, el reto es materializarlas, especialmente ahora que se ha abierto al escrutinio de los sistemas regional e internacional en materia de derechos humanos».

Aseveró que la atención al sistema penitenciario debe verse con integralidad, pues no es posible el análisis aislado del tema de seguridad sin atender el modelo de fiscalía autónoma que se desea, la organización policial en el país y el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio, en el cual todavía no se han otorgado las herramientas ni capacitación suficientes a los operadores.