La violencia patriarcal se cuela en todos los territorios de nuestra vida. En julio pasado, se presentaron los proyectos de Ley Olimpia y Ley Belén como estrategias para cuidarnos en el mundo digital, donde tampoco estamos seguras. Conversamos con activistas de GenTIC, integrantes del equipo que elaboró estas propuestas.

“Hablar parece fácil. Abres la boca. Sacas sonidos de tu interior y al momento el mundo te entiende. El maleficio se rompe. Pero solo es fácil cuando entiendes qué está ocurriendo. Yo pensaba que me lo había buscado y podría haberlo evitado. Que en el fondo, muy en el fondo, me lo merecía. Cómo iba a hablar, qué podía decir. Pero ahora me oís porque no sé quién es el culpable, pero sé que no soy yo”. Así comienza el último capítulo de la serie Intimidad que, basada en hechos reales, relata dos historias de mujeres víctimas de la difusión de fotos y videos íntimos que las exponen, y lucharán contra esta violencia y sus efectos. No es casual que sea una de las series de plataformas más exitosas del último tiempo y una de las más vistas de habla hispana. Necesitamos debatir y difundir sobre cómo en el (no tan) nuevo territorio digital se cuela también la violencia patriarcal.

Los dolores que nos sobran

El 6 de mayo de 2017, una joven de 22 años fue a una fiesta en una localidad salteña. Estaba junto a sus amigas cuando un grupo de chicos se acercó. No recuerda nada más. Al día siguiente, fue a trabajar como siempre y comentarios sobre un video en WhatsApp la alarmaron. Habían abusado sexualmente de ella, habían filmado y difundido el hecho. Dos años después, uno de los agresores denunciados fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. 

Al sudeste de la provincia de Córdoba, en 2020, un hombre filmó sin consentimiento las relaciones sexuales que mantenía con una mujer. Para ella, claramente, era violencia de género que vulneraba su intimidad y su libertad de autodeterminación. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia archivó la causa concluyendo que los hechos no encuadraban en la Ley de violencia familiar. Este año, la mujer apeló y consiguió que la Cámara ordenara la investigación.

Como estas, existen miles de historias. La violencia digital afectó profundamente la vida de muchas personas en todo el mundo, sin que la Justicia esté a la altura. La pandemia y el mayor uso de las redes profundizaron la problemática. Esta forma de violencia se vale de “herramientas tecnológicas y se ejerce a través de acciones directas o indirectas, de ámbito privado o público, basadas en una relación desigual de poder del género masculino sobre el femenino” y, si bien puede afectar a todes, daña desproporcionadamente a mujeres y al colectivo LGTTBIQ+, explica la abogada y activista, María Florencia Zerda, en su libro Violencia de Género Digital.

Las modalidades de violencia digital son múltiples y muy extendidas: obtención no consentida y difusión de material íntimo, o su uso para la extorsión y amenaza; exhibición en la red de violencia sexual; acoso digital; discursos de odio de género en línea; ataques coordinados masivos; suplatación de identidad digital; doxxing; amenazas virtuales; deep fake; abuso sexual a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación; phishing.

La inexistencia de una legislación que reconozca ampliamente este tipo de violencia hace que los datos para dimensionar la problemática sean escasos. A fines de 2021, la Fundación Avon publicó la Encuesta Nacional sobre consentimiento y violencia en el mundo digital, relevando situaciones que se viven en relaciones mediadas por lo virtual, evaluando la frecuencia y el nivel de incomodidad que generan. Según el informe, 8 de cada 10 mujeres recibieron imágenes, mensajes, emojis/memes de tenor sexual sin su consentimiento; 7 de cada 10 fueron presionadas a enviar fotos íntimas, incluso luego de decir que no querían; al menos 1 de cada 2 mujeres sufrió y/o conoce alguna víctima de sextorsión y/o difusión de imágenes íntimas sin permiso.

En cuanto al colectivo LGTTBIQ+, existen pocos datos. Según los resultados de una encuesta del colectivo feminista Sentimos Diverso de Ecuador, realizada en 2019, las personas entienden que la identificación de su orientación sexual o su identidad de género las hace más vulnerables al acoso, las amenazas y la violencia.

“Ni porno ni venganza, la Ley Olimpia avanza”

En julio pasado, se presentaron dos proyectos de ley elaborados por GenTIC y el Grupo Ley Olimpia Argentina, tendientes a reparar el vacío legal que existe en torno a violencias patriarcales digitales. Se trata de Ley Belén y la Ley Olimpia, orientadas a sancionar la difusión no consentida de material íntimo por redes sociales. Los dos proyectos llevan el nombre de personas que atravesaron procesos dolorosísimos, consecuencia de esta violencia. Por un lado, Belén San Román, una mujer de Bragado, Buenos Aires, que en noviembre de 2020 fue víctima de un suicidio femicida como consecuencia de la violencia digital que estaba atravesando. Tenía 25 años, dos hijos y era policía. Había decidido terminar la relación virtual que tenía con Tobías Villaruel quien, como respuesta, difundió imágenes íntimas obtenidas sin consentimiento.

En homenaje a Belén, el proyecto lleva su nombre y establece que se aplicará prisión de tres meses a dos años y multas a quien “por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas”. Tendrá la misma pena, además, quien difunda o publique estos materiales sin autorización. Las penas aumentarán en un tercio si el delito se comete en una situación de violencia de género, con fines de lucro, por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión, o contra una persona menor de edad.

La Ley Olimpia, por su parte, propone incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en la Ley de Violencia de Género. Su objetivo es crear medidas de protección para las sobrevivientes y políticas públicas que apunten a la educación digital y a la prevención. Su nombre es un reconocimiento a Olimpia Coral Melo, mujer mexicana víctima de violencia digital al difundirse un video íntimo cuando tenía 18 años, lo que llevó a que páginas pornográficas explotaran su identidad exigiéndole dinero para borrar el contenido. Hoy, es una activista incansable contra la violencia digital, impulsora de una ley pionera en su país.

“Leyes que nos amparen y protejan”

“La estrategia es poner la temática en agenda, que se empiece a hablar y haga ruido por todos lados”, explican, en conversación con La tinta, Agustina Zamora, Florencia Zerdá y Eliana Grandier, activistas de la organización GenTIC, integrantes del armado de los proyectos presentados. “Visibilizar esta violencia habilitará el debate desde las esferas de la sociedad a las instituciones para que se discutan formalmente los proyectos en el Congreso y lograr la sanción de estas leyes”, señalan.

—En 2020, trabajaron un proyecto de ley que inspira el proyecto ahora presentado, ¿hubo agregados significativos en función de los contextos?

—Los agregados en Ley Belén, que modifica el Código Penal, se pensaron en relación a incorporar la obtención sin consentimiento de material íntimo o de desnudez, los montajes pornográficos y agravantes por violencia de género y/o orientación sexual o identidad de género. Se mejoró el proyecto aprobado y también tomando el modelo trabajado en México con Ley Olimpia. En relación a los contextos, la pandemia nos arrojó directo a las tecnologías, internet, redes sociales y todo lo que antes usábamos empezamos a usarlo más, incluso para cosas que antes no, como el trabajo, el estudio o las vinculaciones afectivas. Así se exacerbó el uso de la tecnología y, con eso, se puso en evidencia que el patriarcado también se mete allí. Adapta sus formas de violentarnos al mundo digital, que antes también existían, pero, cuando todes nos arrojamos a la virtualidad, creció más.

—¿Por qué consideran importante contar con una normativa y qué otras medidas, además de la Ley, son urgentes?

—La normativa importa porque la ley permite reconocer esta forma de violencia y penalizar algunas de estas formas. Como sociedad, necesitamos vivir en leyes que nos amparen y protejan, de la misma manera que necesitamos visualizar esta forma de violencia y concientizar masivamente. Las políticas públicas también son necesarias, sin educación no sirve, no nos interesa únicamente el punitivismo. Por eso, la Ley Olimpia propone pensar estrategias de acompañamiento, de concientización y educación en cuanto a estas formas de violencia. Ponemos énfasis en la cuestión de la obtención y difusión de material íntimo sin consentimiento, que actualmente está muy naturalizado por las masculinidades y es necesaria una ley que enuncia que eso está mal. Miles de varones están en grupos de WhatsApp o de Telegram viralizando material sin consentimiento y eso genera daños de todo tipo en las víctimas, mientras los varones no registran la peligrosidad ni el conflicto. Eso está mal y es moneda corriente. Como sociedad, debemos problematizar esto. Por otro lado, las extorsiones de parejas o exparejas que se dan en el cara a cara también se extienden en la manipulación de fotos y videos íntimos. Tenemos que quitar los ojos y las críticas de encima de las víctimas para pensar, discutir y problematizar sobre la difusión y la extorsión. Estos hombres que ven y difunden pueden estar al lado de cualquiera de nosotras y parecer de lo más “normales”.

—En cuanto a las modalidades más extendidas de violencia digital, ¿qué diferencias existen entre las que afectan a personas disidentes, mujeres e infancias?

—Las modalidades son las mismas, somos blanco de los discursos y violencias machistas, pero hay particularidades bien diferenciadas en relación a discursos de odio hacia las personas disidentes y cuando se publica o se da a conocer sin consentimiento la orientación sexual o la identidad de género o transición de una persona. En relación a las infancias, ya es una situación que implica otras variables por tratarse de menores de edad.

—¿Qué herramientas existen hoy para personas que sufren estas violencias?

—Para el caso de los delitos de la Ley Belén, en CABA, puede denunciarse como contravención la difusión no consentida de material íntimo, pero en Córdoba no. Y si bien, si hubiera amenaza previa a la difusión, se puede investigar en todo el país, muchas fiscalías con falta de criterio y perspectiva de género deciden no investigar las amenazas o extorsiones previas. La sextorsión o las amenazas con difusión de material íntimo pueden denunciarse en todo el país. En cuanto a nuestra ley 26.485 que prevé medidas de protección para las víctimas de violencia, en algunos juzgados las otorgan y son innovadores, como una reciente medida de la justicia civil nacional que ordena a un agresor eliminar de sus dispositivos material íntimo obtenido sin consentimiento, y otros no otorgan medida de protección alguna.

A nivel de asesoramiento y contención psicológica, estamos arrancando con el consultorio desde GenTIC para cualquier mujer o disidencia mayor de edad de Argentina que haya atravesado algún tipo de violencia en entornos digitales. Pueden mandar un correo a consultoriogentic@gmail.com donde le brindaremos un turno para entrevista con una psicóloga y una abogada especializada. Aquí hacemos una primera escucha y asesoramiento según la situación atravesada.

Imagen de portada: Diario Río Negro

Este material se comparte con autorización de La Tinta