Foto: Maya Goded / Hablan los pueblos
Activistas indígenas en defensa del territorio, los derechos de los pueblos y los recursos naturales, integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Resistencia hicieron pública su adhesión y cohesión de lucha para conformarse en un bloque de comunidades indígenas y denunciaron violencia, violaciones, omisiones y complicidad de los tres niveles de gobierno con empresas privadas que pretenden instalar proyectos eólicos en aquella región de Oaxaca.
En conferencia de prensa, aseguraron que, “en esta región de Oaxaca, el gobierno estatal y federal, juntos, ejecutan la danza de la muerte” sobre el territorio de muchas familias que son manipuladas para ceder sus derechos agrarios y comunales.
Rosario Castellanos, defensora de la vida y territorio, leyó un comunicado del bloque de comunidades en el que se solidarizaron con los comuneros de Unión Hidalgo contra la imposición del proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la paraestatal francesa Electricité de France (EDF Group).
Explicó que la empresa extranjera pretende instalar el nuevo parque eólico en tierras comunales y acaparar un polígono de 4 mil 700 hectáreas para sembrar 62 nuevos aerogeneradores, con capacidad de 4.84 megawattscada uno, cuyas torres alcanzarán 136 metros de altura con un diámetro base de hasta 23 metros por 6 de profundidad.
El bloque de pueblos denunció “un daño permanente al ecosistema local”, un proceso viciado que ostenta y destaca “simulación de consultas, acarreo de asistentes, control de listas, manejo de personal de sindicatos y gremios afines a la construcción y de pequeños propietarios”.
Castellanos aseguró que las comunidades advierten una consulta informativa manipulada por el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Energía (SENER), y dijo que “el proceso estuvo viciado desde el principio, y pasó por alto los estándares internacionales sobre el derecho de consulta que tienen los pueblos indígenas”, y dijo que “la Secretaría de Energía y las instituciones gubernamentales involucradas como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), y la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEPIA)”, han incurrido en faltas gravísimas al llevar a cabo y promover asambleas ‘hechas a modo’, y en las que se violan sistemáticamente los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Exigieron además la cancelación de la consulta en Unión Hidalgo que, afirmó Castellanos, “ni es consulta, ni es indígena”, y reiteró la lucha de los pueblos, ahora cohesionados, contra los proyectos extractivos que se pretenden instalar en la región del istmo.
La rueda de prensa se llevó a cabo el pasado viernes 6 de marzo, frente a las instalaciones del Foro Ecológico Juchiteco. El bloque de pueblos en resistencia está conformado por las comunidades de Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar, San mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo.
Publicado originalmente en Código DH
