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Ciudad de México | Desinformémonos. El colectivo Kanan Derechos Humanos celebró la suspensión de un “acta ejidal fraudulenta” con la que se despojaban y privatizaban más de 5 mil hectáreas de tierras de uso común en Ixil, Yucatán, desde 2014.

“Esta es una primera victoria dentro del proceso legal”, señaló Kanan, pues con la suspensión se garantiza la protección del territorio mientras se demuestra en el juicio agrario que el acta de 2014, con la que se hizo el Cambio de Destino de las tierras, “contiene muchas irregularidades”.

La suspensión es resultado de una demanda agraria que los ejidatarios de Ixil interpusieron ante el Tribunal Unitario Agarrio (TUA) con sede en Mérida, para exigir la nulidad del acta y denunciar las violaciones a la ley agraria y a sus derechos humanos, indígenas y colectivos.

Kanan explicó que el TUA admitió la demanda el pasado 11 de marzo y concedió una medida de protección para que el Registro Agrario Nacional (RAN) revise la solicitud de inscripción del acta, “pero que se abstenga de entregar certificados o títulos sobre las tierras de Ixil a gente de fuera y/o empresarios, hasta que termine el juicio agrario”.

“Al lograr suspender el acta se impide que las tierras ejidales de Ixil pasen a manos de empresarios y estos nos permite conservar nuestro medio ambiente, los modos de vida tradicionales y comunitarios”, explicó el colectivo.

En la demanda también se puntualiza que dentro de las hectáreas afectadas hay monte, por lo que las autoridades ambientales están obligadas a proteger y “evitar que se deforesten zonas que son exclusivas para montes y selvas, como el de Ixil”.

Los pobladores de Ixil y el colectivo exigieron que las autoridades agrarias y ambientales protejan el territorio y favorezcan a la comunidad en el proceso de calificación y dictamen ambiental, “pues dicho territorio es de suma importancia para todas y todos”.