Foto: Oxfam México

Ciudad de México | Desinformémonos. Con la imposición del proyecto minero San José y el «saqueo y explotación del territorio» en los Valles Centrales de Oaxaca, «el Estado mexicano perpetúa las lógicas y prácticas coloniales, pues vela por los intereses de la burguesía mexicana y extranjera, mientras condena al hambre y la enfermedad a miles de indígenas», denunciaron comunidades zapotecas del municipio de San Pedro Apóstol, en el distrito de Ocotlán.

«A pesar de las denuncias presentadas por diversas comunidades, colectivos y autoridades de diversos niveles, el Estado mexicano continúa sordo ante nuestras peticiones y aún declara a la minería actividad esencial para la economía de nuestro país», acusaron en un comunicado.

Exigieron que las autoridades cumplan los compromisos asumidos el 16 de diciembre de 2020 durante una reunión entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autoridades municipales y agrarias de distintas comunidades de la región, en la que se acordó la realización de estudios de agua, suelo, aire y sedimentos, en coordinación con las comunidades potencialmente afectadas por la actividad minera, y la entrega de la copia de la solicitud de consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto San José.

Las comunidades explicaron que el proyecto minero, operado por la Empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, se instaló en el territorio tras «un proceso violento de imposición» y durante once años «ha alterado drásticamente» las dinámicas comunitarias y regionales de convivencia, así como ha provocado «graves» afectaciones al medio ambiente.

Señalaron que el caso más grave de contaminación fue el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos de la prensa de jales secos al cauce del Río Coyote, ocurrido el 8 de octubre del año 2018, que ocasionó el cambio de coloración en el agua y enfermedades de vías respiratorias y hepatitis, entre otras.

Además de ello, en las comunidades se registran temblores de la tierra y la presencia de una capa de polvo blanquecino que se suspende en la atmósfera todas las mañanas, se adhiere a las hojas de las plantas y se aprecia en los techos y ventanas. De igual forma, se ha registrado la muerte de peces en los cuerpos de agua «y la fauna local ya no es tan rica y diversa como antes», agregaron.

Criticaron que a pesar de que en numerosas ocasiones han denunciado los atropellos contra sus derechos, la Semarnat «ejerce racismo institucional» hacia las comunidades originarias de Oaxaca «toda vez que decide ignorar deliberadamente» sus demandas y se niega a dar cumplimiento a los acuerdos.

«Exhibimos también el trato racista y diferenciado por parte del Estado Mexicano, pues mientras nuestros mantos freáticos corren el riesgo de estar altamente contaminados, la Secretaría de Economía, presidido por Tatiana Clouthier, anuncia una mesa de diálogo directo con representantes de la industria minera», denunciaron.

Frente a las violaciones de sus derechos como pueblos indígenas, demandaron el cumplimiento de los acuerdos del 16 de diciembre de 2020, así como que la Secretaría de Economía cancele todas las concesiones mineras adjudicadas a la empresa Cuzcatlán.

A continuación el comunicado completo:

San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca. Abril 2021

El proyecto minero “San José” se ubica en el municipio de San José del Progreso; a tan sólo 42 km al sur de la capital del estado, en el distrito de Ocotlán. Dicho complejo es operado por la Empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, quien en solo diez años de operación ha extraído una riqueza equivalente a
1,487 » 778,080.00 millones de dólares de la explotación de oro y plata. Tan solo en el año 2020, la Compañía reportó la producción de 6 millones 165 mil 606 onzas de plata y 37 mil 805 onzas de oro; lo que implicó la remoción de tres mil toneladas de tierra al día y un gasto diario de 8 millones 100 mil litros de agua.

Dicha empresa se impuso en territorio oaxaqueño desplegando su sucia capacidad de gestión, haciendo acuerdos con operadores políticos, cooptando sectores de la población, disolviendo la tenencia colectiva de la tierra, asesinando a líderes comunitarios y agudizando los conflictos municipales. El proyecto terminó de imponerse  con el pacto que la empresa hiciera con los gobiernos estatal y federal para desalojar, en el año 2009, a las y los pobladores que durante más de dos meses mantuvieron tomadas las instalaciones de la empresa, mediante un operativo en el que participaron más 1000 efectivos policiales.

A dicho proceso violento de imposición, le han continuado más de 11 años de saqueo y explotación del territorio de los Valles Centrales de Oaxaca; tiempo durante el cual, la empresa ha alterado drásticamente nuestras dinámicas comunitarias y regionales de convivencia, desgastando el tejido social y fomentando la confrontación entre miembro de nuestros pueblos. No obstante los daños a nivel sociocultural, Minera Cuzcatlán también ha causado graves afectaciones al medioambiente, al amparo de grupos de poder e instancias del propio Estado Mexicano.
La tierra bajo nuestros pies cimbra constantemente; una capa de polvo blanquecino se suspende en la atmósfera todas las mañanas, se adhiere a las hojas de las plantas y se aprecia en los techos y ventanas; peces muertos han sido encontrados en nuestros cuerpos de agua y la fauna local ya no es tan rica y diversa como antes. El caso de mayor preocupación es el derrame de 1’516,000 litros de desechos tóxicos de la prensa de jales secos al cauce del Río Coyote, ocurrido el 8 de octubre del año 2018.
Autoridades de pueblos vecinos reportaron un cambio de coloración en el agua después de este suceso; hemos tenido noticias de epidemias de hepatitis y la población reporta mayores casos de enfermedades de vías respiratorias.

Dada la estrecha relación que guardamos los pueblos originarios con el medio físico que habitamos, la alteración de la geografía local repercute directamente en nuestra cultura y pone en peligro nuestra existencia como pueblo zapoteco. Sin embargo, el nivel de impacto ha sido tal, que la afectación pone en riesgo, no solo la continuidad de nuestros modos de vida, sino la existencia de la vida misma en nuestros territorios.

A pesar de las denuncias presentadas por diversas comunidades, colectivos y autoridades de diversos niveles, el Estado Mexicano continúa sordo ante nuestras peticiones y aún declara a la minería actividad esencial para la economía de nuestro país. Mientras tanto, la empresa continúa sus trabajos y, más aún, pretende ampliar su proyecto, en un contexto de crisis sanitaria, económica y social.

Luego de que el 28 de junio de 2019 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibiera de manos de pobladores una carta en la que solicitaban su  intervención, éste se comprometió a enviar a la brevedad una comisión para atender el caso. A pesar de que en septiembre de 2020, el mandatario sostuvo en conferencia de prensa que el caso había sido atendido, no fue sino hasta mediados de diciembre del mismo año que una comisión de la SEMARNAT acudió a Oaxaca, en una gira que
involucró la visita de distintas comunidades del estado.

Gracias a la presión ejercida por las comunidades, el día 16 de diciembre de 2020,
personal de la SEMARNAT se reunieron, en el auditorio municipal de la comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán, con autoridades municipales y agrarias de las comunidades: San Matías Chilazoa, Ejutla. San Felipe Apóstol, Ocotlán, Texas de Morelos, Ocotlán, Autoridades del municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, además del comisariado ejidal de Magdalena Ocotlán. En dicha reunión, la Secretaría hizo una
serie de compromisos, los cuales, después de casi tres meses, no ha cumplido. Dichos compromisos incluyen:

1. Entrega inmediata de toda la información concerniente al derrame de la empresa, suscitado el 8 de octubre de 2018 en el Río Coyote.
2. Realización de estudios de agua, suelo, aire y sedimentos, en coordinación con las comunidades potencialmente afectadas por la actividad minera.
3. Mantener activo el canal de comunicación con los representantes de las comunidades involucradas.
4. Entregar copia de la solicitud de consulta pública de la Manifestación de Impacto
Ambiental del Proyecto » San José II».

Denunciamos que la SEMARNAT ejerce racismo  institucional hacia las comunidades originarias del estado de Oaxaca, toda vez que decide ignorar deliberadamente nuestras demandas y se niega a dar cumplimiento a los acuerdos. Exhibimos también el trato racista y diferenciado por parte del Estado Mexicano pues, mientras nuestros mantos freáticos corren el riesgo de estar altamente contaminados, la Secretaría de Economía, presidido por Tatiana Clouthier, anuncia una mesa de diálogo directo con representantes de la industria minera. Así, el Estado Mexicano perpetúa las lógicas y prácticas coloniales, pues vela por los intereses de la burguesía mexicana y extranjera, mientras condena al hambre y la enfermedad a miles de indígenas, intensificando el extractivismo y el saqueo de nuestros territorios. Denunciamos también la perversa complicidad que Compañía Minera Cuzcatlán guarda con el gobierno de Oaxaca; pues, mientras contamina nuestro territorio y vulnera nuestros derechos elementales, el titular del Ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, sostiene reuniones con los directivos de la empresa y hace de ésta patrocinador oficial de la Feria del Mezcal y la Guelaguetza, eventos que solo benefician a hoteleros y restauranteros de la colonial Oaxaca de Juárez. Con estas acciones el Ejecutivo oaxaqueño lava el rostro de la transnacional.

DEMANDAMOS

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: cumpla inmediatamente con los compromisos adquiridos con las comunidades en la reunión del 16 de diciembre de 2020. Atienda en dialogo directo los mensajes y llamadas telefónicas de nuestros representantes que son nuestras autoridades comunitarias. Niegue la aprobación de la Manifestación de ñ Impacto Ambiental del Proyecto San José II, toda vez que representa un riesgo para nuestra vida.

A la Secretaría de Economía: cancele las concesiones mineras adjudicadas a la Empresa Minera Cuzcatlán.

¡ALTO AL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES DE NUESTROS TERRITORIOS!

¡ ALTO AL EXTRACTIVISMO DE Corte COLONIAL QUE LLEVA MÁS DE 500 AÑOS AZOTANDO A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS!

¡ ALTO AL RACISMO INSTITUCIONAL DEL ESTADO MEXICANO!

LA TIERRA Y EL TERRITORIO NO SE VENDEN, SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN.