El Salvador lleva casi dos años bajo un régimen de excepción que le ha brindado mayor poder al gobierno del presidente Nayib Bukele. En ese contexto, el pasado domingo 4 de febrero, cuando aún se estaba haciendo el preconteo de las elecciones presidenciales, Bukele dio un discurso en el que se declaró como ganador, asegurando su reelección, y afirmó haber conseguido más del 85 % de los votos y que su partido Nuevas Ideas consiguió casi todas las curules en la Asamblea Legislativa.

“Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a hacer historia”, dijo Bukele.

Las elecciones se vieron envueltas en polémica cuando se detuvo el recuento de los votos y la transmisión de los resultados preliminares en la noche de ese domingo. Se tuvo que pasar al registro manual de los votos y aún no está del todo claro el conteo de sufragios para la Asamblea Legislativa. De inmediato, los sectores de oposición empezaron a hablar de un posible fraude. Ese reclamo se suma a las constantes denuncias que recibe el gobierno de Bukele por violación a derechos humanos, falta de transparencia y falencias en las audiencias públicas en temas ambientales.

A punto de finalizar su primer mandato y reelecto por otros cinco años, ¿qué le espera a El Salvador en materia ambiental?, ¿qué pasa con las denuncias por despojo de tierras para la construcción de los megaproyectos del gobierno?, ¿se tumbará la ley antiminera que está vigente en el país desde el 2017? César Artiga, coordinador nacional del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador, integrante de la Coalición Centroamericana del Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y representante del Público para el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe, conversó con Mongabay Latam sobre estos y otros temas.

—¿Cuál es el balance ambiental que deja el primer periodo presidencial de Nayib Bukele?

—Desde el 1 de junio del 2019, cuando Nayib Bukele asumió como presidente, dio señales muy claras de que el tema ambiental iba a estar ausente en su gestión. Lo que hemos visto es un abandono deliberado de la dimensión ambiental en la gestión pública de Bukele. Se ha observado una tendencia hacia flexibilizar las normativas ambientales y cerrar de manera unilateral todos los espacios de diálogo en materia ambiental que venían funcionando en el país desde las administraciones de gobiernos anteriores. Esas señales nos alertaron de que el medio ambiente no iba a ser una prioridad en su mandato.

Ahora que estamos cerca de cerrar este primer quinquenio, lo que estamos viendo es que el país ha retrocedido mucho en materia ambiental, no sólo por la flexibilización de la normativa sino por el debilitamiento de la institucionalidad pública en materia ambiental: el Ministerio del Medio Ambiente, los juzgados ambientales, la Cámara Ambiental, todo eso se ha ido desmantelando desde la administración de gobierno de Bukele para favorecer a los sectores aliados.

Hemos visto el auge de una estrategia basada en un modelo de megaproyectos, que Bukele presentó en su plan de gobierno, el Plan Cuscatlán. Allí se establecían muchas líneas que iban relacionadas hacia la protección del medio ambiente, hacia la garantía de los derechos ambientales de la población, pero lo que hemos visto es, precisamente, todo lo contrario: retrocesos en la normativa ambiental y un entramado institucional que adecúa los megaproyectos, o cualquier inversión que llegue al país, para favorecer a esos proyectos y no a la preservación y protección del medio ambiente.

—¿Cuál es uno de los principales proyectos que representa riesgo para el medioambiente?

—Tenemos un caso muy emblemático y es el del Aeropuerto del Pacífico que el Gobierno quiere construir en el oriente del país. El propio Ministerio del Medio Ambiente, en la evaluación de impacto ambiental que realizó, no recomendaba construir un aeropuerto en esa zona porque habría afectaciones al área natural protegida Manglar El Tamarindo, que además es sitio Ramsar. Pero, ¿qué hizo el gobierno?, le ordenó al Ministerio que recalificara la zonificación ambiental para pasarla de área protegida a área urbanizable, y de esa manera generaron un nuevo estudio de impacto ambiental para imponer el megaproyecto que ahora ya está en fase acelerada de construcción. Ese es un ejemplo muy claro de cómo funciona el gobierno de Bukele: el proyecto va porque lo quiere el presidente y toda la institucionalidad se pone manos a la obra para crear las condiciones para la autorización, sin importar lo que digan las normativas, la ley o los tratados internacionales.

—¿Qué es lo que más le preocupa del nuevo periodo presidencial de Bukele?

—Con la reelección de Bukele se va a profundizar el deterioro ambiental del país. El Salvador es el segundo país más deforestado del continente después de Haití. El Salvador es uno de los países que está en condiciones más complejas en materia de cambio climático, porque el Corredor Seco Centroamericano, que es un área donde llueve poco y es difícil la siembra por la falta de agua y la aridez del suelo en algunas épocas, abarca prácticamente más de la mitad del país.

En ese contexto, y con una institucionalidad tan negligente como la que tenemos, vamos a un escenario de mucho deterioro y de mucha degradación ambiental. Se están agravando las condiciones de vulnerabilidad por la mala gestión que realiza el Ministerio, en simultáneo con la llegada de impactos del cambio climático cada vez más intensos y más severos.

En el segundo mandato de Bukele vamos hacia un deterioro de la calidad de vida de las personas y de los ecosistemas mucho más crítico del que se vive actualmente. Dicho sea de paso que su nueva elección es inconstitucional, porque toda la legislación prohibía que él pudiera reelegirse. Sin embargo, estamos en un escenario de muchas restricciones y de mucha represión en el país, no hay garantías institucionales ni constitucionales para nada ni para nadie.

—Desde hace ya varios meses el gobierno ha mostrado interés en abrirle nuevamente las puertas a la minería metálica, a pesar de que el país la prohibió en el 2017. ¿Qué tan probable es que eso ocurra?

—El gobierno está dando pasos acelerados y muy tendenciosos para revertir la ley de prohibición de la minería metálica que tenemos vigente en este momento. Creemos que ambientalmente no es viable la minería de ningún tipo en El Salvador por estas condiciones que mencioné de vulnerabilidad, tanto del territorio como de la población, y de una institucionalidad negligente y muy débil que no crea ninguna condición como para que la minería aquí sea viable. Además, somos el país de Centroamérica con menor cantidad disponible de agua dulce. En ese contexto, tener minería sería un golpe letal al futuro del país. Por eso, hay mucha resistencia y llamados de parte de la sociedad civil para que no se revierta la prohibición de la minería metálica.

—A finales de 2023, el gobierno de Nayib Bukele dijo que hay indicios de que El Salvador tiene reservas de petróleo y gas, y anunció la presentación de reformas legales ante la Asamblea Legislativa para impulsar su exploración. ¿Qué implicaciones tiene para el país que el gobierno le apueste a los combustibles fósiles?

—El gobierno está dando patadas de ahogado. El escenario de recaudación de impuestos y finanzas públicas es bastante crítico en el país y ha estado marcado por muchas denuncias de corrupción que han limitado la capacidad del Estado de disponer de esos recursos. Entonces, como decimos popularmente, están viendo de dónde agarran y empiezan a mirar el tema del gas y del petróleo para encontrar una salida a la crisis fiscal que vive el país.

Recordemos que este gobierno es muy mediático y está caracterizado por lanzar bombas mediáticas cuando hay una crisis, para distraer la atención sobre las críticas y las denuncias. Por ejemplo, ahora se habla de si tenemos petróleo para no hablar de si hubo un fraude en las elecciones que acaban de pasar.

—El gobierno tiene como objetivo la construcción de grandes megaobras y quiere hacerlas en el menor tiempo posible. Eso implica comprar numerosos predios y ya hay denuncias que hablan, incluso, de despojo de tierras…

—El gobierno ha hecho muchas cosas, pero lo principal es no perder de vista que llevamos 23 meses viviendo en un estado de excepción, es decir, muchas de las libertades fundamentales de la ciudadanía han sido suspendidas, como la presunción de inocencia, el debido proceso o el derecho a la defensa.

Lo que ha hecho la administración de gobierno, en alianza con algunos sectores —como la industria de la caña de azúcar— es empezar a acaparar tierras por todos lados, sobre todo en la zona costera del país, porque esa zona es la base de la estrategia de desarrollo económico de este gobierno.

Luego, la industria de la caña hace negocios con las empresas que van a realizar las obras que quiere el gobierno y vende las tierras, que inicialmente se utilizaron para sembrar caña, para construir hoteles de playa, centros turísticos y recreativos, etcétera.

Aunado a todo esto, en el departamento de La Unión, el gobierno está forzando a las personas a vender sus tierras para construir el aeropuerto del Pacífico, y a quienes no están aceptando, les dicen que les aplicarán el régimen de excepción y los van a meter presos. Entonces, la gente por miedo a morirse en la prisión, porque ya van más de 200 personas que han muerto en las prisiones bajo tutela del Estado en régimen de excepción, acepta los avalúos por mucho menos del costo de sus terrenos y sus viviendas. Están desalojando a cientos de comunidades con la presión de que si no aceptan el desalojo “amigable y voluntario”, como le dice el gobierno, los meten presos. Eso no tiene nada de amigable ni de voluntario.

—En marzo se realizarán las elecciones locales en El Salvador, ¿qué pasará con los temas ambientales en las regiones?

—Algo que viene pasando, y de lo que poco se habla, es cómo el Gobierno Nacional viene suplantando muchas de las atribuciones que tienen las alcaldías. Por ejemplo, en el Código Municipal actual, el permiso ambiental final para construir un proyecto lo da la Alcaldía, o sea, la Alcaldía juega un rol muy importante en la etapa de la evaluación de impacto ambiental y en la consulta pública.

Desde que asumió el mando el actual gobierno nacional, lo que ha hecho es suplantar a las alcaldías y generar sus propias consultas públicas que son amañadas y viciadas. Hay varias estrategias, una de ellas es que no se da a conocer la realización de la consulta por ningún canal oficial, se vence el plazo y como nadie mandó a decir nada, entonces el proyecto se ejecuta. Otra estrategia es que el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, le ordena a las alcaldías que no muevan la consulta pública y lo que hacen es poner a los simpatizantes de su partido a llenar los formularios de consulta, para que parezca que la gente ha dicho que sí quiere el proyecto.

—¿El Ejecutivo está interviniendo en las decisiones ambientales de las otras ramas del poder?

—Desde el 1 de mayo del 2021 este gobierno controla todo. Controla no sólo el ejecutivo, sino el órgano judicial y el legislativo. En esa fecha, de los 84 diputados, el gobierno Bukele controlaba al menos a 65. Eso, en términos de nuestra Constitución, es mayoría absoluta para cualquier decisión, es decir, no se necesitan los votos de ningún partido de oposición para aprobar leyes. Gracias a ese poder, lo que hicieron fue desmontar todas las entidades de control del Estado para que ninguna pudiera hacer monitoreo y contraloría, no sólo en temas ambientales, si no en todos los temas.

Ese mismo 1 de mayo, los diputados oficialistas destituyeron al fiscal general de la República, a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y crearon un decreto de retiro forzoso para todos los jueces que tuvieran más de 60 años. Además, aprobaron un decreto con el cual, a discreción del gobierno, se decidía si se reubicaban a los jueces y magistrados que quedaban. Así fue como sacaron a los magistrados de la Cámara Ambiental del órgano judicial, pusieron a otros y a los primeros los pusieron en otros asuntos. En este momento, no hay ninguna instancia del Estado que no sea controlada por Bukele.

—Usted mencionó que El Salvador es uno de los países centroamericanos más vulnerables a la escasez de agua dulce. ¿Qué tan apropiada es la Ley de Recursos Hídricos que aprobó el gobierno Bukele en el 2021?

—Como dice el dicho popular: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Cuando lees los considerados de la ley, se habla del derecho al agua como un derecho humano, pero cuando entras a ver en detalle algunos de los artículos, te das cuenta que en realidad es una ley que tiene un enfoque privatizador del agua, en el sentido que da concesiones de explotación de agua hasta en zonas que son áreas naturales protegidas, donde básicamente le ceden el control total de explotación a empresas, y dichas concesiones pueden ser renovadas, incluso, indefinidamente. Es un enfoque privatizador porque el Estado no está a cargo del uso y el usufructo del agua.

La ley tiene muchos vacíos que permiten la explotación en áreas donde el Estado tiene responsabilidad de acuerdo con la normativa ambiental nacional y con los compromisos internacionales. Por ejemplo, hay bosques nubosos, humedales y otros ecosistemas estratégicos del país donde hay sobreexplotación de agua, identificada por el mismo gobierno, sin embargo, siguen otorgando permisos sin ningún tipo de vigilancia y regulación.

—En el 2023 se conoció que varios defensores ambientales fueron encarcelados por oponerse a los proyectos del gobierno, ¿cuál es el panorama actualmente?

—El panorama es de total desprotección. El país tuvo una oportunidad de avanzar en la protección de personas defensoras cuando se abrió el proceso para que El Salvador fuera parte del Acuerdo de Escazú, pero el gobierno de Bukele rechazó rotundamente la posibilidad de que el país se convirtiera en estado parte con argumentos muy lamentables, donde él planteaba que se iba a detener el desarrollo del país. Esto es muy preocupante porque El Salvador ni siquiera tiene reconocida la figura de defensor de derechos humanos, una persona amenazada por su labor de defensa ni siquiera puede poner una denuncia, porque esa figura no está contemplada en la legislación nacional.

Cuando Bukele niega el Acuerdo de Escazú para El Salvador, el mensaje que envía es: “No queremos avanzar en democracia, en gobernanza ambiental ni en protección de los defensores del territorio”.

—¿Ya no queda esperanza para el Acuerdo de Escazú en El Salvador?

—Creo que aún tenemos la oportunidad de retomar la discusión, de que el gobierno reconsidere su posición, porque si el Acuerdo de Escazú ya formara para del entramado legal del país, entonces el Estado podría generar disposiciones y medidas para el reconocimiento de las personas defensoras del ambiente y para crear el entorno propicio para que puedan realizar su trabajo.

—¿En este momento es posible acceder a información pública ambiental y hacer una vigilancia ciudadana a las actuaciones del Estado?

—El retroceso en transparencia y acceso a información ambiental es atroz. La ley de acceso a la información pública ha sido uno de los grandes aciertos en gobiernos anteriores, para que la gente se diera cuenta que tenía derecho acceder a información y que el Estado estaba obligado a generar información para los ciudadanos. Pero lo que hemos visto con Bukele es un retroceso total, declarando como reservada hasta por siete años la información que debería de ser de máxima promoción, que debería estar colgada en las páginas web de las instituciones.

A quienes hacemos investigación y monitoreamos al Estado nos han declarado como información reservada cualquier material que surja de proyectos que están sometiéndose a consulta pública. Por ejemplo, hace un par de años hice una investigación cuando empezaban a hacerse los estudios de factibilidad del aeropuerto del Pacífico y del tren del Pacífico, dos grandes proyectos que este gobierno ha ofrecido a la ciudadanía, y simplemente me dijeron que la información era inexistente, luego me dijeron que estaba reservada.

Si la ciudadanía no puede conocer la información de ningún proyecto, ¿cómo va a responder la gente cuando se abren las consultas públicas y los estudios de impacto ambiental? En ese sentido viene la importancia de que los criterios de una consulta pública sean respetados: debe ser libre, debe ser previa, debe ser informada y no debe ser coaccionada de ninguna manera. Pero, al no tener información, la gente no tiene los criterios suficientes para participar y dar una opinión.

Creo que esto se va a complicar mucho más. Se podría esperar que en un segundo mandato, incluso, se hagan reformas para que sea legal violar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. El presidente tendría control total para que, a discreción, decida si brinda una información, incluso, si él quiere blindar para siempre una información, pues la blinda, y nadie lo puede cuestionar. En el contexto actual de El Salvador todo lo define el presidente.

*Imagen principal: Después de una década de trabajo por una prohibición nacional de la minería, activistas del movimiento social salvadoreño se reunieron en la capital para celebrar su inminente paso a la ley en 2017. Foto: cortesía de CRIPDES.

Publicado originalmente en Mongabay Latam