La tortura ha sido una práctica recurrente en México. Sin embargo, desde que se emprendió la militarización de la seguridad pública el número de casos en que participan elementos de las fuerzas armadas se ha incrementado, por lo que en términos porcentualeslos militares son quienes más incurren en estas graves violacionesa los derechos humanos. 

Así lo exponen más de 120 organismos de la sociedad civil mexicana en el Informe Sombra que presentarán en el contexto del 66 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Además, los peritajes médico-psicológicos se han convertido en un mecanismo que bloquea la investigación y sanción de actos de tortura, señalan las organizaciones en su informe.

Hace 15 años, la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) declaró obligatorio aplicar el Protocolo de Estambul (el manual internacional para la investigación y documentación eficaces de la tortura) en los casos de presunta tortura.

Sin embargo, según denuncian las organizaciones civiles, es personal médico y psicológico de la misma PGR –o incluso de las instituciones acusadas de cometer los actos crueles, inhumanos o degradantes– quienes se encargan de realizar dictámenes “viciados”.

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