Ciudad de México | Desinformémonos. Representantes de comunidades de los diferentes pueblos en Oaxaca denunciaron que por la operación de empresas mineras han sufrido contaminación en los bienes comunales, despojo, fractura de las instancias de organización comunitaria, hostigamiento y asesinatos, en el marco del juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras.

Uno de los casos expuestos fue el de la empresa minera Cuzcatlán, que desde 2011 explota oro y plata en San José del Progreso, lo que ha provocado daños en las parcelas cercanas, y ha encarcelado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez por oponerse a su actividad.

Las autoridades y miembros de las comunidades, en representación de 52 pueblos de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca, aseguraron que la violencia contra los pobladores y las acciones represivas contra quienes se oponen a las empresas mineras, así como la contaminación y los impactos negativos en el ambiente y los ecosistemas, se dan gracias a la omisión o complicidad del Estado.

Por ello, integrantes de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, mixe, mixteco, zapoteco y mestizo, tras exponer los 22 casos de violaciones a los derechos humanos en el estado, exigieron la cancelación y derogación de la Ley Minera, así como que el Senado ratifique el acuerdo regional sobre participación pública y el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

En Oaxaca hay activos 41 proyectos mineros a cargo de empresas mexicanas y transnacionales de Australia, Canadá, Estados Unidos y Perú. Tan sólo de 2002 a 2016, la Secretaría de Economía entregó a las empresas 322 concesiones, con las que suman 462 mil 974 hectáreas del estado de Oaxaca.