El Estado se comprometió a reparar a 33 comunidades de tres departamentos por construir la hidroeléctrica Chixoy en sus tierras. Han pasado 8 años desde que se aprobó la Política que prometía una reparación económica anual, pero hasta la fecha eso no ha sucedido.
En octubre pasado, cuando la tormenta Julia golpeó Guatemala, miles de pobladores de 33 comunidades de Baja Verapaz, Quiché y Alta Verapaz protestaron frente a la Casa Presidencial, con la esperanza de que el presidente Alejandro Giammattei los recibiera, para demandar la aprobación de un reglamento que permita el desembolso de un resarcimiento económico al que el Estado de Guatemala se comprometió pero que no ha ejecutado.
Durante los días 10 y 11 de octubre acamparon frente al a la Casa Presidencial, sin embargo, pese a la lluvia, el mandatario no los recibió. Lo que ellos querían, afirma Elba Morente, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH), era reunirse con el mandatario para exigir que se apruebe un reglamento que permita el desembolso de los fondos, alrededor de Q1 200 millones de quetzales.
La Coordinadora pretendía reunirse con Giammattei porque él preside la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), la institución interlocutora con las comunidades en relación a este tema.
En 2014, durante el gobierno de Otto Pérez Molina y luego de una negociación con varios gobiernos, se aprobó el Acuerdo 378-2014, que dio vida jurídica a la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.
Esta represa, que se ubica en los departamentos de Quiché, Baja Verapaz y Alta Verapaz, comenzó a construirse en 1975 y el complejo fue inaugurado el 16 de diciembre de 1985.
Sin embargo, para construir la hidroeléctrica, que fue financiada con fondos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 33 comunidades fueron desplazadas.
La hidroeléctrica inundó aproximadamente dos mil hectáreas de tierras agrícolas, provocó la desaparición de 23 aldeas, 471 hogares, diez edificios públicos y 45 sitios arqueológicos, según una demanda que las comunidades presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que fue admitida en 2021. La comunidad de Río Negro por ejemplo, sufrió cinco masacres, dijo Morente.
La demanda señala que el Banco Mundial y el BID comparten responsabilidad con Guatemala, porque conocían del problema que había entre el Estado y las víctimas, que se negaban a abandonar sus tierras debido a la falta del título de propiedad del Estado respecto del terreno y a pesar de ello financiaron la construcción de la represa.
De 1980 a 1983, en la etapa conclusiva del proyecto, se registró en esa región, represión militar, arrebato de tierras, masacres y desapariciones forzadas, según la denuncia.
El abogado Ramón Cadena, quien brindó asesoría legal a las comunidades, manifestó que esta negociación duró más de una década. Sin embargo, una vez aprobado en 2014, el Acuerdo que dio vida a la Política Pública, que contempla una reparación económica colectiva a las comunidades, esta no se ha entregado.
Según el abogado, la reparación individual ya se llevó a cabo, pero aún falta la colectiva.
De acuerdo con Morente, cada año en el Presupuesto General del Estado hay un rubro de alrededor de Q107 millones que está destinado a las comunidades y no se ejecuta porque no existe un reglamento de la Política.
Las comunidades afectadas por la represa tienen al menos 12 proyectos de vida que hasta la fecha no han podido ejecutar por la falta de recursos, entre ellos de producción y comercialización de café orgánico, una granja integral y procesamiento de carne, horticultura, gallinas ponedoras y comercialización de huevos, ganado de engorde, piscicultura, árboles frutales y un Instituto Tecnológico.
Cadena indicó que el gobierno no quiere cumplir la reparación colectiva. “Yo creo que el gobierno lo que considera es que viene a fortalecer el poder local de las comunidades y por eso no lo quiere implementar”, dijo el abogado, quien recalcó que la Política fue el resultado de una negociación con cinco gobiernos, pero que hasta ahora no se han tomado en cuenta las necesidades de la población afectada por la represa.
Se consultó a la COPADEH si se recibió a los comunitarios y la respuesta de la Dirección de Vigilancia y Promoción de los Derechos Humanos de esa entidad fue que los manifestantes solo querían reunirse con el presidente y con nadie más.
Sobre la demanda de las comunidades para que se apruebe el reglamento indicaron que esa Comisión ya finalizó la elaboración del reglamento en cumplimiento a la norma presupuestaria y que hizo la socialización del borrador a la COCAHICH, “sin respuesta de dicha organización”.
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