En un momento de la vida nacional de nuestro país, marcado por una contienda electoral muy adelantada al margen de los marcos legales, pareciera que nos encontramos una vez más en un bucle: ese transcurrir cíclico de la misma escena que avanza siempre al mismo sitio para volver a repetirse, donde aquello de importancia esencial es nuevamente postergado por las agendas políticas de todos los partidos políticos.
Las promesas de campaña hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de brindar atención a la problemática de las personas desaparecidas con las cuales inició el sexenio de manera enjundiosa –la creación de la propia comisión Gubernamental para el Caso Ayotzinapa, así como la Comisión para la Verdad Histórica, que para muchos representaron una esperanza también histórica–, parecen estar siendo sepultadas por las mismas fuerzas que este gobierno aseguró combatir.
Si bien el acercamiento del entonces candidato a la presidencia fue resultado de la presión de las madres y padres de los estudiantes de los normalistas desaparecidos, para que se posicionara obre el caso, el esclarecimiento del caso terminó siendo uno de los compromisos de gobierno. Como acto inaugural de su gobierno, López Obrador, emitió un decreto en el que se ordenaba la creación de la que sería denominada Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj); la administración entrante también aceptó el regreso del GIEI [1] –que ya había estado en el país para esclarecer el caso, pero que se retiró en 2016 tras su segundo informe que impugnaba la versión oficial después de lo cual, el gobierno mexicano no renovó el acuerdo para su permanencia–.
El hecho de que la Comisión para Verdad de Ayotzinapa tuviera no sólo un propósito de verdad sino también de justicia, que abría la posibilidad de judicializar los casos y sancionar a los responsables (a través de la creación UEILCA [2]), pareció una buena noticia junto a la orden presidencial de que se entregara a dicha unidad toda información que otras instancias gubernamentales tuvieran sobre el caso. La esperanza parecía todavía gozar de buena salud cuando en 2020, la FGR afirmó que la “verdad histórica” acuñada por su antecesora (la Procuraduría General de la República) para resolver el caso, era un montaje, una mentira de Estado, anticipado y confirmado en todos los seis informes del GIEI, y que concluiría con la detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam en agosto de 2022.
Pero justamente para ese entonces –casi cinco años después de creada la Covaj, y en ciernes del 9º aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas–, la presentación del informe de dicha Comisión con los avances del caso hecho por su presidente, Alejandro Encinas, hizo que la desconfianza poblara nuevamente la escena. Este informe no fue dado a conocer previamente a las familias ni al GIEI antes de hacerse público. La prisa de su presentación y la detención de Murillo Karam, parecieron apuntar más al efectismo político que a la búsqueda auténtica de la verdad.
Mientras eso ocurría, el terreno ganado por la UEILCA en los procesos de judicialización se venía abajo de forma estrepitosa. La Unidad, que había conseguido armar los casos para abrir investigaciones contra funcionarios (ex CISEN [3] y del Ejército) y había girado 83 órdenes de aprehensión, vio menoscabada su acción cuando 21 de ellas fueron canceladas por la FGR.
El GIEI, colaborando por ocho años en la investigación del caso, presentó en julio pasado su sexto informe sobre el caso donde hizo treinta recomendaciones y documenta el espionaje del Ejército en la red criminal de la región; y los nexos criminales de autoridades y delincuentes, actuaciones que van de la negligencia a la omisión, pasando por el montaje, en suma la “implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43”. Además expone las resistencias del Ejército a entregar información crucial para la búsqueda de los normalistas. El ejército niega la existencia de documentos cuya existencia el Grupo destaca basándose en otros [3], razón por la cual decide cerrar su participación en el país.
Mientras tanto, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, MEH), no ha seguido un camino muy diferente que la Covaj. Aunque apenas estará cumpliendo dos años desde su creación, ha tenido que enfrentar retos como el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrieron mucho de los eventos investigados y la consiguiente muerte de muchos testigos y perpetradores, unido a la revictimización desalentadora que implica para muchos de los testigos y sobrevivientes, recordar y responder por tercera vez las preguntas de una comisión similar (es el caso de Guerrero, que ya experimentó el tránsito de la FEMOSPP y la ComVerdad [4]).
Las propias resistencias que impactan al MEH reiteran los desafortunados claroscuros que puede tener la institucionalidad gubernamental. Después de padecer trabas semejantes que la Covaj, han denunciado que el decreto presidencial para que toda la información gubernamental sobre los asuntos investigados por el MEH sean enviado al Archivo General de la nación, “ha sido incumplida parcial o totalmente por parte de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y el CNI” e impiden acceder a información crucial para la labor del Mecanismo.
Todo esto concurre esquizofrénicamente en el marco de la Conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile hecha por la Cámara de Diputados, que critica allá la toma ilegítima del poder por parte de los militares mientras en el país se les otorgan poco a poco áreas estratégicas de la vida nacional (el uso del espacio aéreo, el control de las aduanas, la seguridad pública, la construcción de los megaproyectos de esta administración), confluye con acciones que pueden caracterizarse como negacionistas: el ejecutivo federal afirmando que en el país ya no hay personas desaparecidas; y las constantes agresiones experimentadas por las madres en búsqueda, una de ellas también recientemente negada por la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, evidencian que el proyecto de verdad que enarbolaba este gobierno, parece estar en franco naufragio.
Aunque a ambas, Covaj y MEH, les queda poco menos de un año para concluir sus respectivos encargos, se antoja casi imposible que la tendencia que han seguido hasta ahora vaya a girar de manera sustantiva, en la dirección debida y esperada.
El gobierno en turno no puede hacerse ojo de hormiga respecto de sus obligaciones. El principio de continuidad del estado indica que con independencia del gobierno y del tiempo en que hayan ocurrido las violaciones de derechos humanos, el Estado es responsable de ellas si las provocaron agentes estatales en ejercicio de sus funciones [6]. Esto significa que aunque esas violaciones hayan ocurrido en los gobiernos priistas de las décadas pasadas, el gobierno actual tiene la obligación de responder por ellas, y para el caso, impulsar su esclarecimiento, investigación y sanción. Si la administración de López Obrador no saldó esa deuda, ésta continuará para el siguiente gobierno, lo encabece alguien de su partido o de otro distinto.
No es una esperanza inocente o desubicada la que impulsa la insistencia de que el Estado responda a las manidas exigencias de verdad y de justicia, sino el hecho incontrovertible de que el derecho y la razón le asisten a las víctimas y sus sobrevivientes. Porque el Estado se los debe a ellas, y también a todas y todos, las generaciones presentes y futuras de este que-herido país.
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* Erika Liliana López López es feminista. Maestra en derecho y Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en sociología por la UNAM. Integrante del Comité Investigador y de la Asamblea de Coordinación del GIASF. Ha sido docente en el Posgrado en Derecho de la UNAM desde 2016. Sus temas de interés son la pluralidad legal, los derechos de los pueblos indígenas, los enfoques que vinculan derecho y violencia para la comprensión integral de la desaparición de personas y de la justicia transicional. A veces el sentir le atora la escritura. Le gustan las cactáceas. No pierde la esperanza de aprender actuación.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Referencias:
[1] Grupo de Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independiente, conformado por un acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado Mexicano, que colaboraría en la investigación del caso.
[2] Unidad Especial para la Atención y Litigación del Caso Ayotzinapa, creada por acuerdo A/010/19 el 26 de junio de 2019, dependiente de la Fiscalía General de la República.
[3] Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
[4] Documentos de la Sedena muestran que el Ejército mantenía un centro de inteligencia –denominado Centro Regional de Fusión de Inteligencia zona Centro– en el que monitoreaba en tiempo real comunicaciones de grupos criminales, v. https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/07/25/giei-informe-ayotzinapa; https://www.nytimes.com/es/2023/07/25/espanol/ayotzinapa-giei-informe.html.
[5] Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, un acercamiento al balance de su operación puede consultarse en López, Erika Liliana “De la FEMOSPP a la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa. Notas para una genealogía de la justicia transicional en México”, en Todavía no. Justicia, democracia y transición en América Latina coordinado por Carolina Robledo, Ana Guglielmucci y Juan Pablo Vera, Universidad Javeriana-CIESAS-Universidad del Rosario, 2022
[6] El principio de continuidad del Estado se genera por “actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana”, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado, pues es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia” (párrafo 43, Caso Yvonne Neptune vs Haití) https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_180_esp1.pdf
***Foto de portada: Instalación de la comisión para conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa en el que desaparecieron 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el 15 de enero de 2019. Héctor Alfaro/ObturadorMX
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos
Me aferró a la esperanza de que la sociedad mexicana alcance la Verdad y la Justicia en éste y todos los casos de grave violación a los derechos humanos. Gracias por esta aportación.