Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y hoy nombrado Nobel de la Paz 2016, se encontró el 5 de octubre con Álvaro Uribe Vélez para “pactar” modificaciones a los Acuerdos de Paz firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) después de un proceso de 4 años de negociaciones realizadas en La Habana. Seis años habían pasado sin que sucediera un encuentro entre ellos.

Al día siguiente, delegados del gobierno de Juan Manuel Santos  y los promotores del ‘No’, identificados con el senador Álvaro Uribe Vélez sostuvieron su primer encuentro. Ambos equipos declararon que fue un encuentro “cordial” y que el siguiente jueves volverán a reunirse.

La primera reunión de trabajo entre los voceros del Gobierno y los líderes del ‘No’ en el plebiscito, para examinar los ajustes al acuerdo de paz con las FARC, se cumplió en un clima de entendimiento, según lo admitieron ambas partes.

La estrategia de Uribe es clara, dice el periódico El Mundo: “aprovechar su recién ganado hueco en las negociaciones para influir y desgastar políticamente a Santos, ya que su partido enarbola 68 puntos que rechaza del acuerdo con la guerrilla”.

“Se empezó a trabajar en concreto, fue una reunión positiva”, declaró el dirigente del uribismo y precandidato presidencial, Carlos Holmes Trujillo.

“Del lado del Gobierno quedamos satisfechos. Hubo un ambiente cordial y un lenguaje de respeto”, comentó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

El propósito fundamental del encuentro era iniciar la búsqueda de un pacto político para salvar el acuerdo con las FARC, el cual los colombianos rechazaron en el plebiscito. Y pese a que se avanzó en esta línea, surgió una preocupación de mayor tensión: la necesidad de preservar el cese bilateral y definitivo del fuego.

No obstante haber acordado que el Gobierno iniciará el próximo lunes la recepción de las propuestas de ajuste de los uribistas al acuerdo para “tramitarlas” a La Habana, el Ejecutivo llamó la atención sobre la “necesidad urgente” de encontrar fórmulas para mantener silenciados los fusiles, mientras se avanza en este pacto político.

Lo más urgente

El Gobierno decretó el pasado lunes prorrogar hasta el 31 de octubre el cese bilateral del fuego y de hostilidades, pero según dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas “esto no puede mantenerse de manera indefinida. El cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades es el activo más importante logrado durante las negociaciones con las FARC, un asunto de seguridad nacional, sobre el cual debe construirse un cronograma que termine en el desarme”.

Explicó que este asunto es urgente resolverlo porque tiene que ver con más de 6 mil guerrilleros que estaban en vías de desarmarse, protegidos por miembros de la Fuerza Pública, y población civil que necesita seguridad.

Ni para el Gobierno ni para los uribistas está claro que la ONU pueda continuar en el país verificando el cese del fuego y de hostilidades de la guerrilla, pues el mandato de Naciones Unidas, para cumplir ese propósito estaba atado a la aprobación del acuerdo de La Habana en las urnas, lo cual no ocurrió.

Una fuente del uribismo comentó que es necesario estudiar la resolución de la ONU mediante la cual se comprometió con la verificación del cese del fuego y confió en que haya sustento jurídico para que esa misión continúe en ejercicio.

El Ministro dijo que si bien es cierto que su cartera “tiene planes, acciones operativas y vamos a garantizar la tranquilidad”, también “quiero escuchar cuáles son las propuestas que tienen sobre el cese del fuego, porque hay muchos riesgos”.

Metodología

El próximo lunes, los uribistas le entregarán al gobierno los primeros documentos sobre las propuestas de “ajuste” al acuerdo de La Habana, y el jueves mirarán conjuntamente esas observaciones. La semana siguiente continuarán el análisis.

“El gobierno estudiará las observaciones y explicará donde haya divergencias de interpretación o lecturas que no correspondan a la realidad de las negociaciones, con el fin de desglosar y aterrizar los temas que después de esa revisión conjunta puedan ser tramitados en La Habana”, explicó el ministro Villegas.

El expresidente Andrés Pastrana, quien avanza en un diálogo paralelo con el gobierno para tratar de ajustar lo pactado con la guerrilla, dijo que lo más “importante” es que se fijó la metodología de trabajo y hubo acuerdos para avanzar de “forma expedita” en este proceso.

En una de las comisiones que analizará las propuestas de los promotores del ‘No’ estarán los precandidatos presidenciales del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo; la exministra Marta Lucía Ramírez, y el exprocurador Alejandro Ordóñez, principalmente.

El senador por el Centro Democrático Alfredo Ramos presentó cinco puntos concretos que, a su juicio, deberían ser puestos sobre la mesa y que sintetizan lo que están pidiendo los uribistas que se renegocie con las FARC.

Estos son esos cinco puntos:

1. Penas y reclusión efectiva, aunque de menor proporción, y la imposibilidad de elegir políticamente a determinadores y perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Incluyendo, los delitos cometidos en contra de los miembros de la Fuerza Pública y policías.

2. Entrega de armas de manera real y con celeridad; garantía de desmontaje humanitario de minas, esto quiere decir, hecho por la guerrilla y con recursos obtenidos de sus actividades ilícitas.

3. Reparación real a las víctimas de las FARC y a las poblaciones afectadas, mitigación de delitos contra el medio ambiente, con dineros provenientes de los ilícitos de este grupo al margen de la ley.

4. Respeto absoluto e imposibilidad de modificar la institucionalidad del Estado colombiano, en especial en los siguientes temas:

* Justicia: sólo se tendrán en cuenta las decisiones tomadas por la rama judicial colombiana existente, no se creará el tribunal especial para La Paz.

* El narcotráfico y otras fuentes de financiación ilícitas jamás serán consideradas conexas al delito político.

* Participación en política: únicamente podrán hacer política los miembros de las FARC que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, sin curules entregadas de manera discrecional, ni con financiaciamiento especial por parte del Estado.

* Se retirará de la agenda cualquier negociación sobre temas de agricultura o narcotráfico.

5. Desmovilización y reintegración a la sociedad con generosidad para miembros de las FARC que no cometieron delitos de lesa humanidad, especialmente a aquellos que fueron reclutados cuando eran menores.

Con información de Resumen Latinoamericano