Se cumplió un mes desde que se anunció el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- en Quito, Ecuador, sin que aún se haya establecido la mesa de negociación. Ambas partes se acusan de incumplir los acuerdos previos.
Desde que el Gobierno colombiano firmó en Caracas, el pasado 30 de marzo, el inicio de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional ha llovido mucho y, por consiguiente, se ha embarrado la situación. En aquel momento la agenda era consistente y el horizonte no tenía nubes. Además del inicio de acuerdo con el ELN, Juan Manuel Santos rubricaría en breve la ratificación de los acuerdos finales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- tras cinco años de negociaciones, las encuestas del plebiscito de consulta al pueblo sonaban bien y se estaba negociando el premio Nobel de la Paz como broche final. Pero el clima político se parece al clima de montaña. No hay que fiarse del sol que calienta demasiado: dicen que precisamente es el sol que trae tormentas. Y de este modo sucedió. La firma del acuerdo con las FARC el 26 de septiembre fue el punto álgido del clima político benigno, con los aviones que antes bombardeaban a Timochenko, secretario general de la fuerza insurgente, pasando rasantes sobre su cabeza mientras firmaba. Las negociaciones con el ELN, congeladas, no parecían demasiado importantes en ese momento. Siempre se le ha tratado en los medios como la hermana menor y fea de las FARC, a pesar de conocerse su carácter mucho más político.
Entonces, vinieron los nubarrones. El 2 de octubre se realizó la consulta en plebiscito para que el pueblo colombiano expresara su aprobación, o negación, de los acuerdos establecidos en La Habana con las FARC. Y el pueblo, con una abstención superior al 60 por ciento, dijo que no le parecían bien. El “No” le ganó al “Sí” por cuatro décimas. Cinco días más tarde la maquinaria ya no podía detenerse y la Academia Sueca anunció el premio Nobel de la Paz para el presidente colombiano. La tormenta perfecta había caído sobre un presidente con el mayor galardón de paz cuyo pueblo no aceptaba sus negociaciones en el caso de las FARC, y sin proceso de negociaciones con el ELN. Aunque comienza a ser costumbre tras Obama, de nuevo el premio Nobel de la Paz no tenía ningún logro que lo sustentara. Mientras la mayoría de las empresas de comunicación discutían los méritos de Bob Dylan para el galardón de Literatura.
El resultado del plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC comenzó a ser explotado por el rival político, Álvaro Uribe, antiguo presidente y principal defensor del “no”, que atribuía esa negativa a que la sociedad no aceptaba la impunidad de los antiguos guerrilleros. Pero el “no” tampoco ha sido aplastante y tiene otras lecturas: la principal de ellas es que la sociedad ha votado “no” porque no se ha sentido partícipe en el proceso. Esta sensación de falta de participación era precisamente lo que había denunciado una buena parte del movimiento social durante el proceso de La Habana; y la presencia en la negociación de la sociedad es precisamente la bandera del proceso que propone el Ejército de Liberación Nacional.
Dentro de esta situación, el presidente Juan Manuel Santos no tuvo otra alternativa que ampliar esa idea de paz. Ceder le dejaría en debilidad frente a sus rivales políticos, en especial Álvaro Uribe, pero avanzar significaba sentarse en una mesa de negociación con el ELN con una propuesta muy debilitada. No podía decir, “señores y señoras incorporénse a los tratados de La Habana porque los ha refrendado el pueblo”. El ELN propone otro modelo de negociación más participativo con total legitimidad. En esta situación se llegó a finales de septiembre.
A pesar de ser dos movimientos insurgentes de izquierdas, históricamente ha habido muchas diferencias entre FARC y ELN. A nivel de objetivo final, las FARC siempre apostaron por una toma del poder que las llevaron a configurar una fuerza militar potente, definida y estructurada. Sin embargo, la propuesta tradicional del ELN es una convención nacional en la que el Gobierno y la sociedad se sienten a debatir los problemas de las mayorías y buscarles solución. A partir de ahí desarrolló una estructura militar mucho menor, pero una mayor profundidad de trabajo político. Como la mayor parte de analistas apuntan, es un error tratar de meter la negociación del ELN en el corsé del acuerdo de las FARC pues la negociación con el ELN será mucho más complicada.
De este modo, el día 10 de octubre se anunció el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN para el 27 del mismo mes en Quito. Tres días antes, Juan Manuel Santos anunció también un cambio en el grupo de negociadores: sustituyó al responsable del equipo de negociadores, Frank Pearl, con experiencia en el proceso de las FARC por un antiguo ministro conservador, Juan Camilo Restrepo. Las primeras declaraciones del nuevo jefe negociador fueron que, para instaurar la mesa de negociación, el ELN debía primero liberar a una de las personas secuestradas, Odín Sánchez, un político corrupto que robó más de cinco mil millones de pesos del erario público. El ELN respondió, en palabras de su vocero, el comandante Pablo Beltrán, un histórico dirigente de la organización, que eso no era lo acordado en las firmas de Caracas, sino que estas incluían unas muestras de voluntad humanitaria con dos liberaciones de su parte y otras dos por parte del gobierno (se trata de dos guerrilleros que están a punto de terminar la condena y que formarán parte del proceso de negociación). La tercera liberación quedaba, según la insurgencia, supeditada al comienzo de la mesa.
Un mes más tarde, el comienzo de las negociaciones entre gobierno y ELN sigue estancado, con ambas delegaciones todavía en Quito pero con la mesa de diálogo sin formarse. En este tiempo, el Gobierno ha intentado volver al estado climático inicial, dando relevancia a las renegociaciones con FARC en La Habana y vendiéndolas como un éxito de participación, mientras exigía al ELN la liberación de Sánchez Odín y resaltaba sus acciones militares como prueba de la falta real de voluntad de paz de la guerrilla. Por el otro lado, el ELN ha mantenido su postura de cumplir los acuerdos, según ellos, firmados, denunciando la impunidad en los asesinatos de representantes de organizaciones sociales, pidiendo un alto del fuego bilateral para negociar en un entorno de paz y señalando los incumplimientos del gobierno en las diferentes propuestas para acercar posturas.
En este momento, con las posiciones tan enquistadas, con la desconfianza generada, la posición de la sociedad, la organizada en torno a movimientos sociales, pero también la que desea una paz duradera, es clave para desbloquear el proceso. El papel de mera espectadora que se tuvo en las negociaciones con las FARC en La Habana solo generó unos acuerdos en los que no se confió. La toma de postura que buscan las empresas de comunicación no sería inteligente. No hay motivos para confiar en un Estado capaz de generar macabras masacres como el caso de los falsos positivos (en el que militares, entonces con Juan Manuel Santos como ministro de defensa, asesinaron a miles de personas inocentes para cobrar el dinero que se otorgaba a quien mataban guerrilleros en combate). En el caso de las negociaciones con el ELN, la petición para hacer públicos los acuerdos firmados en Caracas permitiría conocer qué parte es la que bloquea la situación y pedir explicaciones por los motivos. Para ello, tanto la sociedad colombiana como sus representantes electorales deben tomar importancia de la transparencia en unas negociaciones que no les pueden dejar fuera.
Los secuestros han sido uno de los puntos polémicos de este inicio de negociaciones. El gobierno acusa al ELN de no liberar a las personas retenidas; sin embargo, como apuntan los informes de derechos humanos de la ONU, el mismo Gobierno colombiano sigue reteniendo cientos de personas, durante años, sin pruebas, solo por el hecho de ser representantes sociales. Con todo, de pronto, son las propias negociaciones las que parecen secuestradas por intereses diferentes a los de crear una paz con justicia social. Por ese motivo, más que nunca, con el aprendizaje del proceso de La Habana con las FARC, la sociedad tiene derecho a pedir la publicación de los acuerdos firmados y construir su propio espacio de negociación diferente al de ambos contendientes. No podemos olvidar que es precisamente el pueblo colombiano quien ha puesto los muertos en las cinco décadas de conflicto armado. No se merece que ahora le intenten engañar.
