El pasado 5 de julio, debido a la grave situación de seguridad de líderes y lideresas sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos, durante los meses de mayo, junio y julio, fue presentada la separata de actualización del informe especial y conjunto: “Todos los nombres, todos los rostros”. Este informe fue publicado el 18 de mayo por Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo – INDEPAZ.

En la separata se registra que hasta la fecha, 5 de julio de 2018, han sido asesinados 123 líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, y excombatientes de las FARC – EP; el 80,48 por ciento de las víctimas hacían parte de organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas y Juntas de Acción Comunal.

El 83,19 por ciento de los homicidios están relacionados con los conflictos por la tierra, el territorio y los recursos naturales; el 13 por ciento de los homicidios están relacionados con conflictos por cultivo de coca, erradicación forzada o sustitución de cultivos ilícitos.

Desde la elección presidencial, el 17 de junio de 2018, han asesinado a 22 líderes y lideresas, defensores y defensoras de DDHH, en promedio una persona diaria. El 14,63 por ciento de los asesinatos fueron contra mujeres.

Durante el periodo de enero al 4 de julio de 2016 se registraron 57 asesinatos, en el mismo periodo en 2017, se registraron 93 asesinatos.

En el 2018, se registraron 33 homicidios de ex combatientes de las FARC–EP en proceso de reincorporación, igualmente 5 familiares de ex combatientes fueron asesinados.

Los departamentos donde más se presentaron homicidios son en Cauca (19), Antioquia (18) y Norte de Santander (11), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8), manteniendo la tendencia de los años 2016 y 2017 de ser los Departamentos más afectados por este tipo de violencia. Los homicidios se presentaron en 73 municipios ubicados en 24 departamentos del país. El 67,47 por ciento de los homicidios se concentra en 7 Departamentos.

Las organizaciones sociales que presentan este informe exigen respuestas frente a las agresiones que se vienen presentado a líderes y lideresas sociales, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP y la actual Mesa de Diálogos con el ELN, y realizan una serie de recomendaciones sobre la prevención, protección y fortalecimiento de la seguridad en los territorios.

La sociedad se moviliza

En los principales municipios de Colombia y en más de 80 ciudades en el mundo se concentraron miles de personas, el viernes 6 de junio. La “Velatón por la vida” fue el nombre de la iniciativa que surgió por la indignación y el rechazo a las amenazas y los asesinatos de líderes y lideresas sociales y de defensores y defensoras de derechos humanos tras la firma de los acuerdos de paz, y que se han incrementaron en los últimos meses. Esta movilización convocada por diferentes organizaciones, sectores y personalidades del país, hizo un llamado a Juan Manuel Santos para que desarrolle acciones concretas que paren los asesinatos sistemáticos, que inicie las investigaciones para hallar y judicializar a los responsables y que garantice la protección de los líderes amenazados y sus comunidades, además solicita al presidente electo, Iván Duque, que se pronuncie y preste atención especial a esta situación en su mandato.

Desde las redes sociales con los hashtag #NosEstánMatando #VelatónPorlaVida #VelaPorLavida #VelatónNacional #QueLaPazNoNosCuesteLaVida, la sociedad también manifestó el rechazo a la creciente ola de asesinatos.

Según cifras de la defensoría del pueblo, desde el 1° de enero de 2016 hasta el pasado 30 de junio, han sido asesinados alrededor de 311 líderes y defensores de derechos humanos.

Inocua respuesta del Estado

El 9 de julio, Juan Manuel Santos sancionó la ley 1908 de 2018 o de sometimiento a la justicia, que fortalece la investigación y judicialización de las organizaciones criminales. En relación a la situación de líderes y lideresas sociales se establece el delito de “Amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos”. Según el artículo las amenazas a organizaciones o personas que realicen actividades de promoción y protección de los derechos humanos o a sus familiares incurrirá en unas penas de 72 a 128 meses de prisión y multa de a 17,77 a 200 salarios mínimos.

Sin embargo, esta ley no establece mecanismos nuevos de investigación para hallar los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos.

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