Colectivos opositores a la megaminería tóxica en el país buscarán que los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso se comprometan a modificar la ley minera –principal instrumento que permite el despojo de las tierras de los pueblos, ejidos y comunidades y legaliza el saqueo de nuestros recursos– para terminar con los privilegios de las empresas concesionarias, en su mayoría extranjeras, una vez que asuman sus cargos. Sergio Serrano Soriano, del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier detalló que buscarán tres cambios fundamentales en la legislación: que en el artículo sexto se elimine el carácter de utilidad pública a la actividad minera, se consulte a los pueblos y comunidades de la región antes de otorgar concesiones y se apliquen impuestos a las empresas concesionarias. En el pronunciamiento dado a conocer en conferencia de prensa, los activistas señalan que actualmente, este carácter de utilidad pública lleva a que, si los dueños legítimos de un territorio no están de acuerdo con la actividad minera, se proceda con la ocupación temporal, la expropiación forzosa u otras formas de despojo. Agregan que por si fuera poco, esta actividad privada sólo efectúa un pago simbólico de entre cinco y 111 pesos por hectárea concesionada (al año), sin pagar ningún otro impuesto. Serrano aseveró que, según datos de la Secretaría de Economía (SE), el año pasado hubo una producción de 5 mil millones de dólares y pagaron 50 millones de dólares por concepto de concesiones, es decir, uno por ciento. Recordó que más de 30 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas extranjeras, principalmente canadienses y hay autorizados más de 800 proyectos mineros en diferentes etapas: exploración, explotación, algunos en proceso de cierre, y cada día se aprueban nuevos. En ese sentido, demandó que la SE informe en su portal de Internet el número exacto de concesiones que ha dado. A su vez, Pablo Guzmán Hernández, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, subrayó que es una total mentira que la minería sea el detonante del desarrollo; sólo queda contaminación y devastación de la naturaleza. Explicó que para los pueblos originarios la extracción de metales preciosos no tiene lógica dentro del sentido de la vida pues lo que les importa es la tierra, donde se siembra el maíz y el frijol, y los manantiales que sacian nuestra sed; cómo es posible que se tengan que destruir montañas completas para extraer un mineral… Es ilógico. Por ello, dijo, las comunidades, en conjunto con académicos, intelectuales y abogados estamos organizándonos para revertir la tendencia actual de entreguismo, subordinación y dependencia. Al encuentro también asistieron Eustacio Vázquez Ruiz, de la Coordinadora de Pueblos Unidos Valle de Ocotlán, y José Federico Medina Nieto, de Accionistas de Impulsora Minera de Angangueo, Michoacán, quienes condenaron los asesinatos de integrantes de movimientos en contra de los megaproyectos mineros, como es el caso de Baltasar Loredo, en San Luis Potosí; Mariano Abarca, en Chiapas, y Betty Cariño, Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez Sánchez, en Oaxaca, lo cual da cuenta de la represión sistemática en su contra. “Dondequiera que hay resistencia ante el despojo de los recursos de la nación, el Estado mexicano y las empresas mineras –mediante sus guardias privadas que intimidan y agreden a las poblaciones y los activistas– han venido incrementando la represión en contra de los movimientos anti megaminería tóxica”