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Foto: Antes de ser víctima de desaparición forzada, la activista oaxaqueña Claudia Uruchurutu pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al gobernador estatal Alejandro Murat, pero ninguno de ellos la escuchó. (Cortesía familia Uruchurtu)
Meses antes de su desaparición forzada –el 26 de marzo último–, la activista oaxaqueña Claudia Uruchurtu pidió ayuda a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que cesaran los actos de corrupción en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Nadie quiso escucharla.
Pese a que envió cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, así como a distintos funcionarios de los gobiernos estatal y municipal, nunca le respondieron.
Entre abril de 2019 y marzo de 2021, ella documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También simulación de procesos de contraloría ciudadana para ocultar desfalcos al erario; todo por cuenta de la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien ganó las elecciones municipales el 1 de julio de 2018 con la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social.
Hoy, Huerta y cuatro personas enfrentan un proceso penal por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, quien hasta la fecha no aparece.
La lucha de Uruchurtu por erradicar la corrupción en su municipio se puede reconstruir a través de sus denuncias y de las cartas que escribió a distintas autoridades. Todas sin respuesta.
El 3 de octubre de 2019, por ejemplo. Ese día, la activista dirigió una misiva a López Obrador en la cual expuso que la alcaldesa morenista incluía en la nómina del ayuntamiento a su hermana Nathalie Victoria Huerta, a quien puso al frente del DIF municipal; Nathalie cobraba en otros dos organismos públicos.
Uruchurtu presentó la misma carta ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. “Para corroborar mi dicho –escribió–, no hace falta más que buscar en las páginas de acceso a la información”. Era cierto. Según la página del ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Nathalie Victoria Huerta, hermana de la hoy exalcaldesa, ostenta el cargo de directora del DIF municipal.
La Plataforma Nacional de Transparencia también reporta que, de manera paralela, Nathalie cobró como “analista administrativo” en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca al menos hasta junio de 2021; como “auxiliar de la dirección de Recursos Humanos” de la Secretaría de Administración de Oaxaca hasta septiembre pasado; además, recibe un aporte para su “retiro” por parte de la SEP federal
En noviembre de 2020, Uruchurtu escribió de nuevo al presidente para recordarle sus palabras: “Que no se iba a tolerar la corrupción”. Ninguna de las cartas al Ejecutivo obtuvo respuesta.
OPROBIOSAS COMPLICIDADES
Antes del envío de la primera carta al presidente de la República, Claudia Uruchurtu escribió a Guillermo Menchú Velásquez, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO). Lo hizo en agosto de 2019, para denunciar un esquema de desvío de recursos públicos en el ayuntamiento de Asunción Nochixtlán.
Todo se hacía, según documentó la activista, por medio del pago de facturas a una empresa inexistente, denominada Mayorista Torrens, SA de CV. El presunto domicilio fiscal de la empresa era un inmueble en el que se ubicaba “una pequeña tienda de ropa usada”.
Menchú Velásquez respondió con un oficio: “Se tiene por recibida su denuncia”. Uruchurtu pidió constancias del inicio de ese proceso, pero el OSFEO le negó la información. Eso la obligó a impugnar la negativa ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Oaxaca.
Su propósito era que el organismo le revelara si su carta dio pie a una “auditoría excepcional” a la administración de Lizbeth Victoria Huerta. Un mes después, cuando Uruchurtu pidió constancias de ello, el organismo declaró la información bajo “reserva” durante cinco años. A dos años de iniciada la auditoría, sus resultados siguen pendientes y toda la información relacionada con ésta se mantiene en reserva.
Un mes después, en septiembre de 2019, Uruchurtu escribió al gobernador Alejandro Murat. De nuevo su intención era informar de esas irregularidades, pero reportó una más: la falsificación de firmas para simular actos del cabildo municipal.
Como prueba presentó copia de la denuncia formulada por el síndico municipal, Abimelec López López, ante la fiscalía estatal por la falsificación de su firma en un trámite del cabildo ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
“Desde este momento señalo a la licenciada Lizbeth Victoria Huerta y a Roberto Alejandrez Maldonado como los responsables de la falsificación de mi firma, así como el mal uso que le hagan a mis documentos personales”, señaló el síndico.
La activista pedía al gobernador “ayuda” para “que las personas que nos gobiernan no sean corruptas y descaradas, como las que tenemos actualmente”. Murat tampoco respondió.
CLAUDIA URUCHURTU: CARTAS CONTRA EL SILENCIO
La historia de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz comienza en una barranca, con lluvias, escurrimientos y un poste caído. Ella tenía confianza en que, si las cosas se hacían bien, era posible vivir con dignidad.
Claudia era metódica. Dejó registro de todas sus gestiones: correos, sellos de “acuse” y documentos. Lo afirma Sara Uruchurtu, una sus tres hermanas quien, desde el 26 de marzo pasado, se unió a la búsqueda de Claudia.
El 19 de junio de 2018, la activista envió una carta a Heliodoro Díaz Escárraga, entonces titular del Consejo Estatal de Protección Civil. Solicitaba una “revisión de riesgo” en la calle Ocoñaña, colonia El Mezquite, en Asunción Nochixtlán. Un poste de luz se había caído, escribió Claudia, y existía la amenaza de fractura del suelo.
Uruchurtu no residía en esa calle. Pero le preocupaba que la población asentada ahí, en condiciones de alta marginación y pobreza, viviera en riesgo de derrumbes. A raíz de su reporte, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca elaboró un análisis de riesgo. Le dio la razón: la falta de infraestructura preventiva en las barrancas ponía en peligro a los vecinos de esa calle.
Con ese análisis en mano, Claudia escribió otra carta a Noel Espinosa Hernández, encargado del Organismo de la Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Decía que la gente de Ocoñaña también estaba en riesgo de inundaciones por las lluvias y escurrimientos encauzados por barrancas del entorno. También envió a la Conagua una “solicitud de ayuda” para construir un muro de contención.
La dependencia le respondió que la instancia competente para las obras de drenaje y la construcción del muro era el ayuntamiento de Nochixtlán, presidido desde el 1 de diciembre de 2018 por Lizbeth Victoria Huerta.
Así empezó el activismo de Claudia en el municipio.
Entre el 21 de enero y el 5 de abril de 2019 Claudia envió cartas a la presidenta municipal Huerta; a Lauro Silva Ceballos, encargado de la regiduría de Obra Pública, y a Jesús García Aguilar, director de Obras Públicas. La solicitud fue siempre la misma: atender las recomendaciones dadas por la Conagua y Protección Civil estatal acerca de una gran barranca en la calle Ocoñaña.
El ayuntamiento declaró su solicitud como “improcedente” y adujo cuestiones presupuestales, según el oficio MUN.NOCH./P./O.P./0073/2019.
“El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social –respondió García Aguilar– se debe destinar exclusivamente al financiamiento de obras que beneficien directamente a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”.
Fue eso, recuerda Sara Uruchurtu, lo que hizo a su hermana Claudia preguntarse: “¿A dónde se está yendo el dinero? ¿Cómo es que hay dinero para otras cosas, pero no para obra pública?”.
Siempre a través de cartas, Claudia cuestionó el destino del presupuesto. El 25 de abril de 2019 escribió al titular de Obras: “Me gustaría, y es derecho de toda la población, saber (cuáles son) las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y que tienen prioridad”. Estaba sorprendida ante el hecho de que los habitantes que vivían en las barrancas no fueran considerados en esas categorías.
El ayuntamiento guardó silencio.
Dos meses después, el 22 de julio, “siguiendo los lineamientos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca”, la activista escribió nuevamente a la presidenta municipal. Le solicitó que convocara a una asamblea comunitaria para la población de Asunción Nochixtlán. La convocatoria a esa asamblea es una obligación anual en esa localidad indígena que mantiene sus usos y costumbres.
En esa asamblea, Claudia propuso la formación del Comité de Contraloría Social. Dos días después Huerta respondió que la asamblea comunitaria para el nombramiento del Comité de Contraloría Social del ayuntamiento se había efectuado el 11 de febrero de 2019.
Todo era una simulación. La población de Nochixtlán nunca fue convocada para elegir al grupo de ciudadanos que vigilaría los gastos del municipio. La supuesta asamblea, de hecho, tuvo como “contralores” garantes de su legalidad a los hermanos de la alcaldesa.
Claudia Uruchurtu denunció el engaño en una carta fechada el 21 de agosto de 2019, que dirigió al gobernador Alejandro Murat y a José Ángel Díaz Navarro, titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Oaxaca.
“La población de Asunción Nochixtlán –escribió– nunca estuvo enterada de dicha asamblea y revisando todos los medios de comunicación de esta presidencia (municipal) tampoco aparece informe alguno de dicha asamblea”.
“Esta presidencia municipal ha demostrado actos de corrupción graves, por lo que me parece muy adecuado prestar atención, pues estamos hablando del futuro de esta población.”
El 31 de octubre de 2019, luego de siete meses de enviar cartas en las que solicitaba transparentar el gasto municipal, Uruchurtu escribió a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Incluso llevó la carta personalmente a la Ciudad de México. Sus hermanas cuentan con la copia con sello de recepción, estampado por la Oficialía de Partes de la dependencia.
En ella, Uruchurtu solicita “ayuda para el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca”, cuya población “vive explotada literalmente por (la) presidencia municipal, encabezada por Lizbeth Victoria Huerta… robando todo el dinero correspondiente a todas sus comunidades, que tanto necesitan”.
También contó su recorrido por distintas instancias gubernamentales de Oaxaca donde debido a las amistades de algunos trabajadores municipales, no le daban continuidad a sus denuncias.
Al igual que muchas anteriores, la carta también fue ignorada por Sánchez Cordero.
“Si Claudia hubiera sido hombre –dice su hermana Sara–, sería un héroe”, porque su lucha ha sido a favor de la comunidad. Sin embargo, lamenta, “una vez nos lo dijeron en la misma Fiscalía: a ella (a Claudia), hay gente que la ve como la vieja histérica, loca, que vino a cambiarnos el esquema con el que siempre hemos trabajado”.
Seis meses después de escribirle a la titular de Gobernación, Claudia Uruchurtu fue “levantada”. Hasta la fecha no aparece. Y el muro de contención en las barrancas de Ocoñaña, recomendado por Protección Civil estatal y con el que inició la lucha de Claudia, sigue sin ser construido.
Publicado originalmente en Corriente Alterna