Cinco radios comunitarias se ampararán esta semana contra la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El motivo, la ley les dificulta la supervivencia económica, no da certidumbre jurídica en el procedimiento de otorgamiento de nuevas concesiones y limita las frecuencias por las que pueden transmitir. El amparo lo interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de este sábado 13 de septiembre, fecha en la que se cumple el plazo, ya que la nueva legislación entró en vigor el pasado 14 de agosto. Aunque la Reforma de Telecomunicaciones reconoció por primera vez la figura de “radios comunitarias”, estableció una serie de candados que, para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), “atentan al derecho de los pueblos a la información”.

“Se violenta el acceso a las frecuencias, vuelve insostenibles económicamente a las radios que ya operan legalmente y es intrusiva en sus contenidos”, explica Gisela Martínez, coordinadora del área jurídica de AMARC México.

Desde el 14 de agosto, por ley, las radios comunitarias no pueden tener publicidad ni de la tiendita de la esquina. Prohíbe a los “medios sociales”, como también se refieren a ellos en la ley, comercializar su tiempo aire ni recibir donaciones ni en efectivo ni en especie de cualquier entidad que no esté acreditada como donataria ante el Estado mexicano.

La emisora mixe Radio Jën Poj es una de las que se va a amparar. Su locutor Sócrates Vázquez considera que si bien la ley “es un reconocimiento a la lucha que hemos dado al reconocer a las radios comunitarias como figura, con estas disposiciones nos condena a desaparecer”.

Jën Poj transmite toda la programación en ayuuk en el “idioma de la gente de la montaña”, o mixe como nos referimos a esta lengua en español. Tienen el respaldo del cabildo –elegido por usos y costumbre– que incluyó a la radio en su Plan de Desarrollo Comunitario bajo la idea que era un canal para preservar su cultura y su identidad comunitaria.

La cabina de Radio Jën Poj está en una sede que pertenece al municipio, quien les sufraga también la luz y un sueldo para un operador de tiempo completo. Pero tienen que pagar el teléfono, el internet satelital, los desplazamientos a las comunidades y algunos apoyos para los colaboradores. Por ello, publicitan los comercios de su pueblo y piden colaboraciones para retransmitir algunos eventos culturales como fiestas patronales.

“Tenemos publicidad de los comercios y servicios que hay en las comunidades, es parte del fortalecimiento de la economía local al que contribuye la radio, también aceptamos donativos en especie, pasteles o cosas para sortear, apoyo técnico, y cubrimos las fiestas patronales de cada comunidad, como una suerte de servicio público. Por ello, cada comunidad nos da un apoyo económico”, explica Vázquez.

Actualmente aunque hay centenares de radios indígenas y comunitarias en el país, sólo 20 tienen permiso para transmitir. El espectro radioeléctrico –el medio en el que se propagan las ondas electromagnéticas que permiten la transmisión de la radio– es un bien de la nación y es el Estado mexicano quien lo regula.

Cuando el Ejecutivo presentó la propuesta de ley, en 2013, una de sus banderas era el reconocimiento de las radios comunitarias bajo la categoría de “medios sociales”. Pero en las leyes secundarias las limita al 10% de la banda de Frecuencia Modulada (FM), en AM sólo se les podrá otorgar concesiones en el segmento de la banda del espectro que va de los 1605 a los 1705 KHz. Más allá de este tope, las primeras dificultades aparecen a la hora de cumplir los requisitos para solicitar una concesión, que son los siguientes:

• Demostrar capacidad financiera a través de cuentas bancarias. Estas radios se encuentran frecuentemente en comunidades remotas donde no hay sucursales bancarias ni los recursos para tener una cuenta.

• Presentar un estudio técnico realizado por una entidad acreditada por la IFETEL. Puede costar hasta cien mil pesos, sin tener en cuenta la falta de capacidad económica de las radios comunitarias.

• Demostrar capacidad administrativa, es decir estar legalmente constituido.

• Carta Programática aprobada por la Secretaría de Gobernación

La nueva legislación reza que el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) podrá pedir “al menos” estos requisitos, dejando a la arbitrariedad de los funcionarios el poder pedir otros más. Y no estipula plazos para que el instituto resuelva, lo que deja a los solicitantes en el desamparo. Por ejemplo, ahora, la sede mexicana de la Asociación de Radios Comunitarias (AMARC) espera seis permisos desde 2011. Ante ello AMARC ve una falta de “certeza jurídica”, en la ley. “Pareciera una forma velada de negar las concesiones, porque es una apuesta al desgaste de los colectivos ante el probable alargamiento de culminación al proceso”, critica la abogada Martínez.

Una vez con la concesión en la mano, bajo el precepto de que son emisoras “sin ánimo de lucro” la Ley Telecom les prohíbe conseguir financiamiento privado. Esta legislación se aprobó con las presiones de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión –quién agrupa a 48 consorcios mediáticos del país entre ellos Televisa y Tv Azteca¬– que ven a las radios comunitarias como competencia desleal.

“El Congreso debe tener en cuenta que al permitir a las estaciones sociales que comercialicen, les otorgaría una ventaja competitiva en el mercado en detrimento de las concesiones comerciales. Además, las concesiones comerciales pagan una contraprestación económica y otras en especie, mientras que las concesiones públicas y sociales no están obligadas a pagar”, alegaba en un comunicado el presidente de este organismo, Tristán Canales.

“¿Cómo vamos a ser competencia desleal? Ni que viniese a ponernos a nosotros publicidad la Coca-Cola o Gamesa”, espeta Sócrates desde la sierra norte oaxaqueña. En su la región no hay radios comerciales y las únicas estaciones que se escuchan además de la comunitaria, provienen de Veracruz.

“Es una grosería, lo más grande que anunciamos es la Comercializadora Lupita que tiene sucursal aquí y en el pueblo que sigue”, cuenta, desde San Lorenzo Ometepec, Ezequiel Sánchez. Él, junto a cuatro colaboradores fijos levantaron la radio de su comunidad, una junta auxiliar del municipio de Tochtepec, en Puebla. Emitían con un transmisor de 5 watts que solo llegaba a 7 kilómetros a la redonda. Sánchez, ingeniero en sistemas y dueño de tres cibercafés pagaba el internet. Para la renta de la cabina, el teléfono, la luz y el equipo, lo reunían con cooperaciones. Por ejemplo, dos grupos de mariachi les regalaron micrófonos y equipo a cambio de grabarles sus discos y pasarles sus canciones en antena. Comercializadora Lupita les apoyaba con dos cientos pesos cuando podían. Después de un año de emisión llegaron las autoridades porque no tenían permiso. No les decomisaron el equipo pero ellos apagaron la radio. Ahora transmiten solo por internet y en la plaza del pueblo se retransmite por bocinas. Están reuniendo los requisitos para pedir una concesión con el asesoramiento de AMARC.

Publicidad oficial

A cambio de la prohibición de comercializar el espacio, el artículo 89, fracción VII de la nueva ley establece que los gobiernos federal y municipal destinaran hasta el 1% del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos y que este se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes de medios sociales. Aunque Radio Jën Poj cuenta con el respaldo de las autoridades municipales, no es la tendencia mayoritaria en las radios comunitarias.

Esto para AMARC es un arma de doble filo, porque si ahora son muy pocas radios la idea es que se legalicen muchas otras y por tanto se divida el presupuesto. Pero además podría comprometer su libertad de expresión al hacer depender su subsistencia de la publicidad oficial.

“Te duele que no firme convenio con tu radio jajajaja (…) amigo yo sí firmo convenios con radiodifusoras serias. Sígueme haciendo más famoso aunque sea para mal como decía don Quijote ladran los perros es por q vamos por buen camino (sic)”. Este es el comentario de Marcos Pérez Calderón, alcalde de Tochtepec, Puebla, desde su perfil de Facebook al perfil de Ometepec Radio, la radio comunitaria que encabeza Ezequiel Sánchez.

“Es una burla, perdería uno la credibilidad ante el público, por qué si se nos da, ¿a cambio de qué? Estaríamos creando una dependencia de gobierno, tal vez nos dicen qué decir o nos autolimita para hacer la contra. Cuando nos vinieron a decir que no teníamos permiso de emisión, estábamos hablando sobre la inseguridad, el pueblo pedía más protección, operativos, porqué nomás de aquí de Ometepec ya agarraron a 6 secuestradores. Tratamos de no meternos en política, tenemos programas musicales, de complacencias, pero hay que contar lo que realmente es también”, narra Sánchez.

La única otra fuente de ingresos que permite la ley es la donación de recursos, pero solo de “donatarios autorizados en términos de las disposiciones aplicables”. Es decir ongs establecidas y legalizadas ante la Secretaría de Gobernación.

Control de contenidos

A diferencia de las concesiones comerciales, la ley establece para los medios sociales lineamientos al respecto de lo que pueden transmitir. Según el artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las radios comunitarias “tendrán como fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas”.

“Es una ley discriminatoria. Mandan el mensaje de que los indígenas no pueden mandarse solos. ¿Qué pasa si las radios quieren hablar de políticas públicas?”, cuestiona la litigante de AMARC.

AMARC acompaña los amparos ante la Corte que interpondrán al menos cinco radios comunitarias esta semana. Están pendientes de otras cuatro emisoras más que mostraron su voluntad de sumarse. La Suprema Corte de Justicia puede unificar todos los amparos en un solo expediente o mandarlos individualmente a diferentes salas. De ser así, ya con cinco sentencias favorables se sentaría jurisprudencia. Pero si diferentes salas no resuelven lo mismo llegaría al Pleno de la SCJN, para que se pronunciara a favor o en contra de la ley.

La resolución puede demorar más de un año. De ser negativa, AMARC asegura que apelarán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su última visita a México, en 2011, el Relator Especial para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, declaró que el hecho “que las radios no tengan fin de lucro no significa que no deban generar recursos para su sostenibilidad y modernización”.

“Parece que quieren pocas, pobres y pequeñas radios, las comunidades se ven prácticamente impedidas a conseguir un permiso y si lo consiguen adquieren muchas obligaciones y pocos beneficios, es una mordaza”, concluye Irina Vazquez, coordinadora de AMARC México.