Parecía que en este país nunca iba a pasar nada. La dictadura de Pinochet, de lejos la más astuta, calculadora y eficiente de todas, pretendió no sólo combatir a la izquierda y cualquier disidencia, sino también reformateó el alma del Chile, con toda la prolijidad fascista calculada y metódicamente eliminando todo lo humano de la cotidianeidad nacional. Me acuerdo un graffiti de los 90 en Santiago que decía “Chile no piensa, sólo produce”. En la misma época, de visita, José Saramago concluyó: “Es un país de los muertos vivos y de los vivos muertos”. Era una tierra quemada, que parecía estéril, muerta, insembrable. Pero no era cierto.

La vida brotó el 18 de octubre de 2019, cuando millones de chilenos en un inesperado – ni por ellos mismos – fenómeno psicosocial se volcaron a las calles y las plazas de todo el país para decir No al neoliberalismo salvaje, que tenía en Chile su dominación de origen y su marca registrada.

A lo largo y lo angosto del país, el pueblo resistió en las calles cinco meses de una batalla campal desigual y heroica contra el ejército y las fuerzas especiales de la policía. Cuando vino la pandemia, el mismo pueblo a través de los voceros de la primera línea de su resistencia notificó su decisión de abandonar por un tiempo las calles para proteger la salud y las vidas, porque la vida es por lo que se lucha.

El gobierno de Sebastián Piñera, un empresario oportunista de primera, aprovechó la situación al máximo. Si Piñera tuviera un poco de sentimiento de agradecimiento, debería poner un monumento al coronavirus. Muchos en Chile estamos convencidos de que justamente la pandemia lo salvó de una inminente caída. Con la excusa de la crisis sanitaria, el país desde el 18 de marzo del año pasado vive el Estado de Excepción, con toque de queda y los militares en las calles reprimiendo cualquier expresión del desacuerdo ciudadano.

Todo este tiempo, el rugir de las hélices de los helicópteros en la noche santiaguina y las noticias de las torturas en las comisarías y asesinatos por fuerzas del orden llegan a ser cada vez más cotidianas, recordando a los chilenos los peores años de su historia.

Con las pesadillas del pasado volvió la represión sistemática contra todo lo que huele a la organización popular. Mientras los habitantes de barrios pobres, pasando hambre y todo tipo de necesidades, igual que en los años de Pinochet, se organizan y hacen las ollas comunes y comedores populares, las fuerzas especiales de policía atacan estos lugares como objetivos militares.

Es importantes entender que no son errores o excesos aislados, sino una política del estado de un gobierno que apuesta por atemorizar al pueblo que por primera vez se levantó masivamente contra el modelo capitalista chileno, hace poco publicitado con tanto éxito en todo el mundo. Las fuerzas represivas actúan con total impunidad, teniendo como aval y cómplice a toda la clase política, que como siempre y a toda costa pretende evitar cualquier cambio de fondo.

A pesar de que se ven, por razones obvias, menos manifestantes que antes, el gobierno con todos sus militares y policías claramente no ha logrado recuperar las calles. En las calles de Santiago y otras ciudades chilenas se vive un tiempo suspendido, a punto de entrar en movimiento de nuevo en cualquier momento. Por eso tanto miedo del poder que genera respuestas cada vez más violentas e irracionales.

Después del 18 de octubre de 2019 se abrieron 8 mil 581 procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, la mayor parte involucrando a agentes del Estado, por varios tipos de agresiones, incluyendo lesiones oculares y violencia sexual. De estas querellas el 46 por ciento cerró sin formalizaciones. Tan sólo en los primeros cinco meses de protesta, cerca de 460 manifestantes tuvieron traumas oculares, producto de una puntería intencional de los carabineros. También se registraron decenas de asesinados, cientos de torturados y miles de detenidos.

Este gobierno sigue mostrando cada vez mayor desprecio e indiferencia por decenas de denuncias e informes de distintos organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. El actuar de los carabineros es cada vez más delictual y con menos apariencias. La brutalidad de la acción represiva ahora llega sistemáticamente a brigadistas de salud y observadores de derechos humanos que, arriesgando su propia seguridad, acompañan a las víctimas y documentan las agresiones de las que son objeto. 

Y obviamente el blanco especial de las fuerzas represivas es la prensa independiente, la única y la primera que está con, al lado y dentro del pueblo para contar lo que al pueblo le sucede. Mientras los grandes medios se aplican en este ensayo mundial del miedo, nuestros periodistas sin más cálculo que el que su corazón les dicta siguen contado esta hermosa historia de un pueblo en pie que sigue caminando hacia otro lugar en la historia.

Aquí presentamos la palabra de nuestra querida compañera, la periodista chilena Claudia Andrea Aranda Arellano, corresponsal de la agencia internacional Pressenza y colaboradora de Desinformémonos, que en este último año y medio fue detenida cuatro veces, siendo la última vez el 19 de marzo de 2021, cuando fue arrestada en medio de un operativo sin justificación alguna y amenazada de muerte, y pasó varias horas secuestrada, torturada.

Todos esos meses ella dejó al lado todos sus planes laborales y personales para acompañar en las calles de Santiago la rebelión popular chilena que sin y con la pandemia sigue y seguirá, a pesar del silencio de la prensa. Y es para ella toda nuestra solidaridad y admiración.

Mientras tanto, las calles chilenas, recuperadas por el pueblo, siguen siendo un territorio en resistencia.