El gobierno presentó proyectos legislativos con el único fin de reforzar el accionar de las fuerzas de seguridad contra las personas que salen a las calles a protestar.

El presidente chileno Sebastián Piñera pareciera que concibe el país que gobierna como un bloque cerrado, donde las fuerzas militares y policiales son la ley, y una pequeña élite disfruta abiertamente de la explotación del hombre por el hombre. Piñera, un gobernante que por momentos parece un personaje alucinado de un relato distópico de ciencia ficción, ayer dejó en claro que la “solución” a los problemas de la nación es la fuerza bruta de los cuerpos represivos que están bajo su mando.

Frente a los veinte días de protestas masivas en todo Chile –un hecho histórico sin precedentes en un país que todavía no se puede sacar de encima la herencia cultural e ideológica inyectada a sangre y fuego por el régimen del dictador Augusto Pinochet- el mandatario anunció junto a su ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y su subsecretario de la misma cartera, Rodrigo Ubilla, una agenda legislativa en materia de seguridad y orden público que, traducida a un lenguaje llano, forma un paquete de medidas para criminalizar la protesta, endurecer la represión y mostrar que su política administrativa seguirá bien lejos de las demandas de los pobladores.

En un país donde la desigualdad social es regla general y en el que las movilizaciones se multiplican para denunciar la pobreza y en demanda de un cambio profundo en el modelo económico que rige desde la dictadura (1973-1990), Piñera presentó diez medidas que con solo nombrarlas dan una idea de su concepción para resolver una “crisis”: el impulso de leyes antisaqueos, antiencapuchados y antibarricadas. A esto se suma la creación de un equipo especial de abogados para la cartera de Interior que se dediquen, según lo declarado por el mandatario, a interponer “querellas criminales y colaboren a la tramitación de las causas penales” e “identificar a los responsables, llevarlos ante la ley y sancionarlos como lo merecen”.

Desde el gobierno también anunciaron la creación de un equipo especial de policías y la Fiscalía, que “permita hacer un mejor trabajo de inteligencia policial preventiva e investigativa” con el objetivo de “anticiparse a actos delictuales”.

En un país cruzado por el hambre en las barriadas, Piñera aseguró que se aumentará la “capacidad aérea policías”, lo que implica un mayor presupuesto para Carabineros, la principal fuerza encargada de desplegar la represión en Chile y denunciada a nivel internacional por sus violaciones a los derechos humanos. Con una política donde se mezcla terror y llamados a la complicidad, el Ejecutivo propuso que a través de las fuerzas de seguridad, sea reforzada “la posibilidad y capacidad de ciudadanos de efectuar denuncias y entregar información útil para la persecución penal de los delincuentes o violentistas”. Las últimas tres medidas apuntan a proteger y modernizar a los policías, y actualizar los mecanismos tecnológicos de los servicios de inteligencia.

En la jornada del jueves, Piñera encabezó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), instancia que no se convocaba desde 2014, durante su primer gobierno. En el encuentro del Consejo de Seguridad participaron los titulares del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y el contralor general junto a los ministros del Interior y de Defensa.

Al finalizar la reunión, el ministro Blumel le pidió al Poder Legislativo agilizar al máximo la tramitación de los proyectos de leyes anunciados por el presidente, y al Poder Judicial una mayor diligencia en la tramitación de la justicia. Según el funcionario, durante el encuentro se planteó el fortalecimiento y la coordinación de los organismos policiales, y a las Fuerzas Armadas solo se le pidió cooperar en tareas de inteligencia.

El presidente del Senado, Jaime Quintana, calificó la reunión del COSENA como algo “innecesario e improductivo”. El senador declaró a la prensa que le dijo a Piñera que “no hay condiciones para volver a los estados de excepción, que finalmente trajeron más violencia” al país.

Para este viernes se esperan en todo el país, pero especialmente en la capital Santiago, nuevas protestas y que cientos de miles de personas salgan a las calles para demandar una asamblea constituyente que permita refundar el país. Los y las manifestantes han dejado en claro en estas tres semanas de movilizaciones su rechazo a uno de los sistemas económicos y sociales más injustos de América Latina, donde los servicios públicos, la educación y la salud están totalmente privatizados.

Publicado originalmente en La Tinta