foto: Infobae / Reuters / AFP 

En el mayor desastre forestal de su historia, según lo declara el mismo gobierno, el sur y centro de Chile ha vivido en las últimas semanas una inmensa devastación y tragedia en los hogares. Con más de cien puntos activos, repartidos en siete de las quince regiones del país, los incontrolables incendios han acabado con 519 mil hectáreas.

Actualmente se reportan 51 siniestros que han sido controlados, 59 se encuentran en combate y 8 han sido extinguidos. Estos incendios arrasaron con una superficie afectada de 396.089 hectáreas.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi) de Chile reportó que los incendios forestales han dejado 1,343 personas en albergues, 2,970 damnificados, 1061 viviendas destruidas y once personas fallecidas.  Se mantiene el estado de catástrofe en la comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso, en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en la Región de O’Higgins y en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía.  La presidenta Bachelet declaró “estamos haciendo lo posible”.

El negocio forestal tras la ola de incendios

La oleada de incendios que está afectando la zona centro-sur del país tiene su raíz en una estructura productiva y formación social al servicio de dos grandes monopolios. No son naturales: el gran negocio forestal ha transformado  el bosque húmedo nativo a bosques con plantaciones que los secan como el pino y el eucaliptus.

En 2014 se vivió el peor incendio de la historia de Valparaíso. Con llamas de hasta 7 metros, más de mil hectáreas se quemaron en tres días, más de 2 mil casas se destruyeron y hubo 15 víctimas fatales. Los incendios forestales, que son “recurrentes” en épocas de verano, se han incrementado con una rapidez e intensidad impresionantes los últimos años.

Esto responde a varios factores: el cambio climático global, producido en gran causa por la aguda contaminación y depredación de los recursos por parte las empresas es uno de los centrales. Estamos experimentando temperaturas cada vez más altas a ritmos más acelerados. Uno de sus efectos, estas olas de calor que se viven en este verano. Otra causa estructural: es la transformación o destrucción del bosque húmedo nativo a una gran plantación seca de pinos y eucaliptus. Sequía y falta de agua en zonas históricamente ricas de agua, con crecientes períodos de escasez hídrica que han provocado la masificación de monocultivos de pinos y eucaliptos y la destrucción del bosque nativo.

El negocio de los bosques pertenece a dos grandes familias

Esta es la configuración actual de los “bosques” en Chile: un 75 por ciento de las plantaciones son de pino radiata; un 15 por ciento de eucalipto; y sólo un 10 por ciento es nativo. La dominación de los pinos y eucaliptus produce una enorme sequía en la zona, pues con este tipo de plantaciones se termina con la humedad y el agua producto de la enorme absorción de ella por estos árboles. Secan el territorio, destruyen las plantas, con un enorme pastizal seco susceptible de todo tipo de incendios.

El Decreto Ley 701 del año 1974, de la dictadura, mantenido hasta la actualidad (con modificaciones parciales) conocida como ley al “fomento forestal”, se subsidia con un 75 por ciento de los recursos las plantaciones de monocultivos de Pinos y Eucaliptos. El Estado que fija un valor de costo de plantación de árboles relativamente alto, junto a este “subsidio” a las empresas, promovía la destrucción paulatina del bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptus rentables para el negocio forestal.

Fue tal el impacto de este regalo del Estado a las empresas que comenzaron a exterminar el bosque nativo. Cuando no era posible cortarlo, muchos lo que hacían era incendiarlo. Son innumerables los incendios para producir plantaciones rentables de pino y eucaliptus. Sólo en La Araucanía se han perdido más de 300 mil  hectáreas de bosque nativo. La modificación de la estructura y matriz productiva y de la vegetación natural es impresionante: el bosque chileno se transformó en una gran plantación seca para promover la exportación forestal de un negocio millonario (sin considerar la destrucción por el uso de pesticidas, herbicidas y fungicidas).

Fue la apropiación de enormes extensiones de territorio nacional centralmente hacia dos grandes monopolios: CMPC, de la familia Matte y Bosques Arauco, del grupo Angellini. Ambas empresas controlan el 70 por ciento del negocio forestal. Juntas poseen más de 2 millones de hectáreas: Matte 750.000; Angellini 1.200.000.  Sostenidas con el despojo al pueblo mapuche, cuyas diversas comunidades no alcanzan siquiera el medio millón de hectáreas. Un saqueo total.

Mientras el grupo Matte (Bernardo, Patricia y Eliodoro) acumula una fortuna de casi 7.000 millones de dólares y el grupo Angellini unos 2.300 millones de dólares; en las zonas forestales, con supuesta abundancia de agua, hay 100.000 personas sin acceso al agua potable, “derecho” accesible sólo mediante camiones aljibes; y es mayor la pobreza (“oficial”) al promedio nacional: en Cautín es de 25 por ciento y en Malleco del 35 por ciento. 

Un Estado al servicio del negocio forestal

¿Por qué no tenemos ese avión cisterna con capacidad de más de 10 mil litros? ¿Por qué no invertir más en aviones y brigadistas? Son preguntas recurrentes ante las críticas por la crítica situación, incontrolada por el gobierno.

Son preguntas que sin embargo no atacan la raíz del problema. Hay numerosos problemas “técnicos”: los aviones (y sus discusiones sobre si son necesarios, si su capacidad es óptima para llanuras como las de Chile; si hay capacidad de infraestructura, etc.); el problema de los cortafuegos (pequeños) y la utilización de maquinaria pesada para éstos; el uso de químicos (más caros) para derrotar el fuego; mecanismos de prevención como otra planificación urbana, etc.

Pero el problema va mucho más allá: es un Estado al servicio del capital; un aparato político, legal, judicial, policial y militar que ha estado al servicio (“por la razón o la fuerza”) de la gran propiedad forestal, que ha beneficiado a grandes familias a costa de empobrecimiento de los pueblos aledaños; de la súper-explotación de los obreros forestales que sufren salarios de hambre; del despojo al pueblo mapuche; puesto al límite la destrucción de la naturaleza, los recursos hídricos y los grandes recursos del país, acelerando la contaminación que afecta al pueblo trabajador.

No se trata de aumentar los recursos a CONAF, que es una corporación de derecho privado con recursos públicos; aunque sin duda muchos más recursos deben haber para los incendios (sólo en “control de incendios” el gasto público es la tercera parte de las asignaciones de la Cámara de Diputados).

Junto a un plan nacional de emergencia, imponiendo grandes tributos a las empresas para enfrentar las catástrofes, empleando miles de brigadistas con buenos salarios y sin precariedad, y un plan de prevención inmediato, elaborado por los trabajadores encabezados por los sindicatos de la CONAF y buscando la solidaridad del conjunto del pueblo; hay que luchar por un plan que contemple primero la derogación inmediata del DL 701 del negocio forestal de la dictadura, paralizando las plantaciones; la creación de una institución pública forestal como han reclamado los sindicatos de brigadistas de la Conaf (quienes ponen el cuerpo a estos incendios) terminando la precarización laboral de miles de brigadistas que ponen el cuerpo; y de poner fin al negocio de Matte y Angellini nacionalizando las más de 2 millones de hectáreas que están hoy en sus manos; y que tomen el control los sindicatos, las comunidades mapuche y las poblaciones, para que se pueda planificar de forma auto-organizada e independiente la producción forestal trazando un camino transitorio hacia la recuperación del bosque nativo perdido en manos de los empresarios. Paralelo a estas acciones debe haber la devolución de sus tierras ancestrales a la Nación Mapuche, ya que la recuperación de los bosques nativos es una tarea común de trabajadores y mapuches.

Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, promovida por la movilización y organización de los trabajadores y el pueblo debe discutir y poner en jaque todas estas reglas del juego que han protegido los pilares de la herencia de la dictadura. Sólo un Gobierno de los trabajadores garantizará el verdadero fin del negocio forestal liquidando la propiedad privada sobre los bosques y pondrá todos los recursos del país en manos del pueblo entero bajo su control, sellará la alianza con la nación mapuche y pondrá en pie nuevamente mejores condiciones de ambiente para todo el pueblo y para la recuperación de los bosques nativos y el hábitat.

Texto publicado en La Izquierda Diario de Chile