En el país, regresa la Ley Monsanto, con la cual se permite privatizar las semillas, una amenaza directa a las comunidades originarias.

“Estamos aquí porque mañana (por el miércoles) se quiere aprobar el TPP. Y hemos visto que no han considerado a los pueblos indígenas y nuestro derecho a los recursos y la propiedad intelectual. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro territorio hace miles de años”, señala Juan Carmelo Ramírez, de Atacama, quien viajó hasta el Congreso Nacional el martes pasado, junto a distintas organizaciones de pueblos originarios para solicitar la suspensión de la posible ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP-11.

El acuerdo, que ya ha generado polémica por las nuevas atribuciones que obtendrían las transnacionales, ahora es sindicado por las comunidades indígenas, debido a que su aprobación acarrearía el regreso de la Ley Monsanto, la que hace un par de años fue desestimada por el gobierno de Michelle Bachelet, ya que presumía una “privatización” de las semillas, hasta ahora, reconocidas a los pueblos originarios.

No obstante, la solicitud de suspensión por parte de distintas organizaciones también responde a compromisos internacionales que, ante un tratado de esta naturaleza, obligan al Estado a realizar una consulta hacia los pueblos.

“Este es un tratado que concierne directamente a los pueblos indígenas y a la propiedad sobre los conocimientos tradicionales. Y el Parlamento ha invisibilizado nuestra participación”, comentó a Radio Universidad de Chile, Calfin Lafkenche, coordinador de las delegaciones que llegaron hasta el Congreso.

Comunidades invisibles

Hace casi 10 años, el 15 de septiembre de 2009, en el país, entraba en vigencia el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual, entre sus principales objetivos, buscó poner en situación de igualdad a las comunidades indígenas ante medidas legislativas que podrían afectarlas directa o indirectamente. Sin embargo, en la actualidad, pareciera que este convenio nunca se hubiera firmado.

En momentos en que la Cámara de Diputados decida la entrada de Chile al TPP-11, los pueblos originarios aún no han sido consultados ante un acuerdo que pretende “revolucionar” la relación que mantiene el Estado con las empresas transnacionales, debido que permite a los inversores impugnar las leyes nacionales, además de revisiones periódicas a las políticas de los países miembros.

En este punto, de acuerdo a las palabras de Calfin Lafkenche, la participación indígena es imperativa, ya que las transnacionales podrían ejercer sus facultades en materia medioambiental y de territorio, algo que les concierne directamente.

“El Parlamento no nos ha consultado, cuando el deber de todos los organismos del Estado es consultar a los pueblos indígenas sobre aquellas medidas administrativas que los afecten directa o indirectamente. Este es un tratado que concierne directamente a los pueblos indígenas debido a que actuaría sobre sus territorios y sus recursos naturales, incluso sobre la propiedad de sus conocimientos tradicionales”, afirmó Calfin Lafkenche.

El Convenio N° 169 de la OIT señala que los gobiernos se encuentran obligados a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Félix González, presidente del Partido Ecologista Verde y diputado por la Región del Bío Bío, indicó que, desde el Ejecutivo, no se han mostrado interesados en la participación de las comunidades. “Este no es un tratado comercial simple. Este tratado afecta de tal manera el orden jurídico chileno que sí o sí tiene que haber una consulta indígena, algo en que no hemos visto muy interesado al gobierno”, explicó.

González colocó especial énfasis en este aspecto, ya que, a su juicio, la ciudadanía, en general, ha quedado postergada frente al convenio multinacional. “Nos sorprende el grado de desconocimiento que hay en la materia, incluso los propios parlamentarios están mal informados. A nosotros nos costó mucho que el texto saliera, ya que nos decían que aún lo estaban negociando. Además de la consulta indígena, no se le ha consultado al país si está dispuesto a ceder soberanía”, remarcó.

Por otro lado, Lafkenche recalcó que, a pesar de no haber sido participes, el Parlamento aún está frente a una “gran oportunidad”. “Nosotros queremos sensibilizar a los parlamentarios de que la consulta indígena es una obligación para ellos –destacó-, pero también queremos que entiendan que esta es una tremenda oportunidad, ya que el Congreso, por primera vez, puede llevar adelante un proceso de consulta con los pueblos originarios, porque usualmente los procesos de consulta son hechos por el Poder Ejecutivo. Pero, en este caso, por tratarse de un tratado internacional, es la primera vez que el Poder Legislativo podría hacer esta consulta de manera plena”.

El regreso de Monsanto

De vuelta a 2009, en el horizonte de nuestro país, apareció otro proyecto que hoy, con el TPP-11, vuelve a ser mencionado. Se trata de la iniciativa que buscaba regular los derechos sobre obtenciones vegetales, mejor conocida como Ley Monsanto, que hace casi diez años fue ingresada en el Parlamento.

La Ley Monsanto fue fuertemente criticada, debido a que, entre otras cosas, pretendía otorgar patentes y derechos sobre las semillas. Para muchos, esto se trataba de una nueva privatización. El proyecto finalmente fue retirado en el año 2014 por Michelle Bachelet -quien lo ingresó en 2009-. Sin embargo, la posible entrada de Chile al TPP-11 implica que en nuestra legislación se adopte el Convenio Upov 91, el cual también fue discutido con anterioridad y que obliga a la generación de una legislación nacional para la patente de semillas, además de permitir el cultivo de  especies transgénicas.

De darse este escenario, entre los principales afectados se encontrarían las comunidades indígenas, ya que el Upov 91, de acuerdo a un fallo del Tribunal Constitucional del 2011, “no puede ser interpretado en ningún sentido que pudiera afectar conocimientos y prácticas tradicionales, los que dan origen a derechos que forman parte de la identidad cultural de las etnias originarias que el Estado de Chile debe respetar y promover por mandato constitucional y por compromisos internacionales derivados, entre otros instrumentos y tratados, del Convenio 169 de la OIT”.

Sobre la posibilidad de que reaparezca la llamada Ley Monsanto, Calfin Lafkenche, manifestó que las semillas dejarían de ser “libres”. “Tiene una vasta consecuencia sobre lo que son los conocimientos tradicionales y la propiedad sobre las semillas. Nosotros siempre hemos practicado la agricultura y las semillas son consideradas libres, como una propiedad colectiva, no individual”, apuntó.

La posible ratificación del TPP-11 tenía que ser votada el miércoles 13 de marzo, sin embargo, a última hora del martes, el gobierno retiró la votación del tratado de la Tabla y, adicionalmente, decidió que, previo a la votación, el acuerdo comercial debe ser revisado por las comisiones de Trabajo y Agricultura.

Publicado originalmente en Radio U Chile