El pasado 5 de mayo, un tribunal local de Temuco, al sur de Chile, condenó a Luis Tralcal Quidel, a José Tralcal Coche y a José Peralino Huinca por terrorismo al considerarles culpables de incendiar una mansión en 2013 – sus dueños, la pareja Luchsinger-Mackay, que se encontraban en la casa en aquellos momentos, murieron a resultas del incendio. Era ésta la segunda vez que se juzgaba el caso: en octubre de 2017, el tribunal de apelación de Temuco había absuelto a los once acusados y desestimado la acusación de terrorismo.

Los tres hombres, condenados a cadena perpetua, han pasado ya tiempo en la cárcel como resultado de este y de otros juicios anteriores, en la mayoría de los cuales bajo acusación de terrorismo. Luis Tralcal, en concreto, ha comparecido ante un tribunal en nueve ocasiones y aunque ha sido absuelto una y otra vez, ha pasado varios años en «prisión preventiva». Los tres son activistas comunitarios que han liderado las luchas locales para la restitución del territorio mapuche. Se consideran defensores de la tierra y el agua y luchan por preservar el Wallmapu (el territorio ancestral mapuche) del extractivismo, la economía depredadora y los modos de vida codiciosos. Como muchos de sus peñis (hermanas y hermanos) antes que ellos, han sido perseguidos, hostigados e intimidados por los poderes fácticos y no fácticos del país: el gobierno central y sus ramas locales, el poder judicial, la policía y los principales medios de comunicación.

Trampas del Estado y presiones corporativas

Al igual que muchos de los anteriores  juicios de activistas mapuches, este ha sido irregular desde el principio. El hecho de que el conflicto mapuche se haya intensificado en estos últimos años ha motivado que el Estado chileno quisiera convertir este juicio en un juicio-espectáculo, en el que se ha presentado el caso Luchsinger-Mackay (sin duda un acontecimiento terrible) como caso emblemático de «terrorismo mapuche» – a pesar de todas las pruebas demostrando lo contrario, ha aplicado la «Ley Antiterrorista» a los acusados. El día después de los hechos, El Mercurio publicaba un artículo bajo este titular: «El Vilcún«, en el que se sugería que Luis Tralcal había desempeñado un papel protagonista en el aumento de «acciones violentas» en la región.

La principal prueba contra los acusados es la primera declaración de Peralino Huinca (de 2013) en la que, en ausencia de su abogado, testificó contra sí mismo y otros diez acusados mapuches. Más tarde se retractó de esta declaración y afirmó que la había firmado bajo tortura y otras coacciones – le ofrecieron dinero y protección especial, que rechazó. No hay ninguna grabación en video o audio de esta presunta confesión, solo un documento escrito en un lenguaje mucho más sofisticado que el que suele usar Peralino. Su segunda declaración, en la que describe el contenido de la primera como «puras mentiras», puede verse aquí. Pruebas psicológicas realizadas siguiendo el Protocolo de Estambul confirmaron que la primera declaración de Peralino se hizo bajo coacción.

Las operaciones de seguridad al margen de la ley forman parte de la vida cotidiana de Wallmapu. Un grupo de carabineros de alta graduación están siendo juzgados en estos momentos por cargos de asociación ilícita en relación con una operación encubierta, la Operación Huracán, que tenía como objetivo armar un gran montaje policial para acusar a los activistas mapuches. Al no haber encontrado pruebas contra los sospechosos, la Unidad de Inteligencia Policial (UIOE) desarrolló un sistema para interceptar mensajes de texto hacia y desde los dispositivos electrónicos de diez sospechosos, a fín de poderlos utilizar posteriormente como pruebas – todo ello, con el consentimiento de un juez del tribunal de Temuco. Aunque se creó una comisión parlamentaria especial para investigar los hechos, a la misma UIOE que estaba siendo investigada se le permitió aportar pistolas y panfletos como pruebas en la versión previa del presente juicio.

Por añadidura, se ha revelado recientemente que dos de los tres jueces que presidían el juicio estaban, y todavía están, solicitando un empleo público, en lo que es un flagrante conflicto de intereses, ya que el gobierno es uno de los demandantes en este caso. El tercer magistrado (una mujer), que se había mostrado respetuosa en todo momento con el debido proceso, se retiró por prescripción médica unos días antes de hacerse pública la sentencia por presunto hostigamiento en el lugar de trabajo. A esto debe agregarse que los principales testigos de los demandantes fueron algunos de los mayores productores agrícolas de la región.

La cadena de acontecimientos que ha conducido al juicio actual comenzó como reacción ante la sentencia absolutoria de 2017 – una reactivación, de hecho, de la ofensiva colonial de Chile – corporaciones, Estado y medios – contra el movimiento mapuche de defensa de su territorio y cultura. En septiembre de 2017, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, tuvo lugar una reunión entre los jueces de los tribunales de la región y altos cargos de la policía, fiscales y autoridades gubernamentales. Una semana después, el vicesecretario del interior chileno, Mahmud Aleuy, visitó a su homólogo argentino en Buenos Aires, dándole así dimensión transnacional al conflicto.

La respuesta internacional ante las acusaciones de “terrorismo”

La persecución por parte del Estado chileno de líderes de base y autoridades espirituales mapuches ha sido condenada por varias organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Foro Humanista Europeo y muchas otras. En varias ocasiones (por ejemplo, en su informe de 2014 y hace algunas semanas), el INDH, organismo autónomo e independiente del gobierno de turno, ha declarado explícitamente que el Estado chileno incurre desde hace tiempo en acciones que violan las normas y acuerdos que él mismo ha suscrito – el más importante de ellos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, que Chile firmó en 2008.

El Convenio 169 de la OIT está considerado la principal herramienta internacional para la defensa de los derechos indígenas. Anula en algunos aspectos importantes anteriores disposiciones legales asimilacionistas en la medida en que reconoce la naturaleza inalienable de los derechos colectivos de los pueblos nativos, incluido el derecho a la autodeterminación económica y política. También establece el derecho a consulta en caso de conflicto, especialmente en asuntos relacionados con intereses de la agroindustria y la minería. Exige que se respeten especialmente los derechos humanos en los conflictos indígenas, y aconseja a las autoridades evitar imponer sanciones penales o el uso de la justicia ordinaria en estos casos.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile en el que establecía que el Estado chileno había violado el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho a igual protección ante la ley, en el juicio de siete líderes mapuches acusados de terrorismo. En aquel momento, 23 de las 26 personas acusadas de terrorismo en Chile eran mapuches.

Convertida en ley (con el número 18.314) en 1984, la llamada «Ley Antiterrorista» fue una herramienta pensada para aplastar la oposición al régimen dictatorial de Pinochet. Se basó en la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, una serie de principios promovidos por Estados Unidos en su intento de dominar el hemisferio tras el triunfo de la revolución cubana que resultaron clave, muy especialmente para los militares adiestrados en la Escuela de las Américas, para definir al «enemigo interno» – a saber: marxistas, comunistas, izquierdistas radicales y otros elementos desestabilizadores. En este contexto, las luchas de los mapuches no tardaron en encasillarse como actividades terroristas.

La acusación de terrorismo permite a las autoridades mantener a los sospechosos en lo que ha dado en llamarse «prisión preventiva» durante largos períodos de tiempo, práctica que la CIDH en 2014 dictaminó como altamente discriminatoria. También aumenta las sentencias hasta duplicarlas, permite y de hecho alienta la participación en los juicios de «testigos sin rostro» e informantes pagados, e impone una serie de restricciones a los abogados de los acusados por motivos de «seguridad nacional». Cabe señalar que con anterioridad a la sentencia del pasado mayo, los dos únicos condenados por terrorismo relacionados con el conflicto mapuche eran en realidad agentes infiltrados de la policía.

En Chile, la Ley Antiterrorista nunca ha sido seriamente cuestionada, y menos aún impugnada, por los gobiernos supuestamente progresistas posteriores a la dictadura. Hoy, el presidente derechista Piñera ha reconocido la necesidad de «perfeccionarla» pero, casi al mismo tiempo, ha anunciado su intención de retirar el país de la Convención de la OIT

Como otros países de las Américas…

Los grupos de defensa de los derechos humanos en Wallmapu interpretan la última sentencia del juicio Luchsinger-Mackay como una clara demostración de fuerza por parte de los poderes corporativos que defienden sus inversiones en la región. Según ellos, este es el motivo real de las presiones políticas que ejercen sobre el sistema judicial los sucesivos gobiernos chilenos – y recuérdese que el gobierno es, en este caso, uno de los demandantes.

La violencia legal ejercida por la policía, el sistema judicial y el gobierno en este caso es solo el último episodio de la historia del Estado chileno ejerciendo de poder colonial.

La violencia legal ejercida por la policía, el sistema judicial y el gobierno en este caso es solo el último episodio de la historia, ya muy larga, del Estado chileno ejerciendo de poder colonial en defensa de los grandes intereses capitalistas y contra quienes defienden otras formas de vida y otros usos de la tierra en base a una epistemología alternativa que ha sobrevivido a casi 500 años de políticas y tecnologías de aniquilación. Hoy, en Chile, las mismas instituciones que deberían observar y proteger los derechos individuales se muestran impotentes para evitar que tres miembros de la comunidad mapuche sean condenados a cadena perpetua. La última baza de que dispone su abogado es presentar recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la anulación de la sentencia, con la esperanza de que el alto tribunal se revele insensible a unos poderes que coinciden con las fuerzas de ocupación de Wallmapu y que operan, de hecho, en todas las instituciones chilenas.

Esta no es, sin embargo, una ofensiva nacional, sino regional. En los últimos años, hemos asistido al aumento terrible de los asesinatos de activistas ambientales, indígenas y demás, en contextos no urbanos. Según The Guardian, 116 activistas ambientales fueron asesinados en 2017 en América Latina, de un total mundial de 197. Esto significa que se asesinaron casi cuatro defensores latinoamericanos del medio ambiente a la semana – 46 en Brasil, 32 en Colombia, 15 en México… A muchos otros se les hostiga, criminaliza y amenaza con el destierro o la cárcel si no se suben al tren del «desarrollo». En Chile, dos años después del asesinato (que fue presentado inicialmente como un suicidio) de la activista Macarena Valdés, no hay señales de que el caso progrese.

A la espera de la ratificación o revocación de la sentencia del mes de  mayo, el silencio impuesto a la opinión pública chilena obliga a salir en busca de la solidaridad internacional. «Declarar bajo tortura no es una prueba de nada» y «Tralcal es inocente» son dos de los lemas de la campaña. En los videos que ofrecemos a continuación, Luis Tralcal dice que en el caso Luchsinger-Mackay, la justicia chilena «ha sido incapaz de hallar y detener a los perpetradores reales» y que «desde el primer día, la policía sabía que yo no estaba en ese lugar, porque estaba en un lugar público». Por su parte, José Tralcal cuenta que le dijeron en la cárcel: » Si quieres estar tranquilo, retírate y renuncia al liderazgo (…) Pero no pude. No puedo abandonar a las familias mapuches en una situación tan vulnerable».

Publicado originalmenten en openDemocracy