Foto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
David Harvey (2016), en su obra El nuevo imperialismo, propone como marco estructural para comprender la actual fase que atraviesa la crisis del modelo neoliberal, una lectura desde la doble óptica en que operan dos lógicas interpenetradas en el territorio: la lógica del territorio y la lógica del capital. La primera, ejemplificada, por un lado, por los poderes legales en todos sus niveles y que implica el estado del poder, en el caso mexicano, necesaria para garantizar la operación de la segunda, la lógica del capital transnacional, en cuanto el Estado constituye el anclaje fijo que permite la movilización de dicho capital, de su gestión que, como tal, a su vez, busca abrir y consolidar los mercados hasta ahora ilegales, manejados ampliamente no sólo por un capital local y nacional, público y privado, garantizado por el Estado sino también por el nivel transnacional. Dichos mercados, de tráfico de droga, armas, de todo tipo de mercancías, también humana, como la trata o como mano de obra cautiva, con predilección hacia los migrantes, mujeres, niñas y jóvenes.
Esa tarea, para gestarse y anclarse sobre el territorio, en gran parte opera bajo el crimen organizado en colusión con poderes legales y es la que ejerce la tremenda violencia organizada necesaria que esta empresa requiere: debe vaciar porciones de población sobre el territorio, lo obliga a desplazarse para la apropiación de los recursos naturales, humanos y todo obstáculo político que le impida operar y la captura de los migrantes internacionales que históricamente provienen de Centroamérica y de manera pronunciada, sobre todo este año, de los haitianos. Esto constituye un festín para el crimen organizado, sobre todo en la frontera chiapaneca, antes de que los migrantes se bifurquen en su camino hacia Oaxaca o hacia el Golfo de México para avanzar a Estados Unidos. No sólo el crimen organizado provoca o aprovecha los movimientos poblacionales sobre el territorio, sino que también es responsable de una enorme diversificación de bajas humanas a quienes se oponen a sus planes: asesinatos, desapariciones, secuestros, fraudes, etc ya sea a comunidades indígenas, campesinas, urbanas, o hacia diversos movimientos sociales, como familiares de víctimas, desplazados, periodistas, activistas sociales. En Chiapas, además del asesinato de líderes locales y comunitarios se siguen sumando asesinatos políticos, no sólo electorales a nivel local, sino también de funcionarios estatales como el del fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, que investigaba el caso de Pantelhó, el 10 de agosto de este año .
Esta interpenetración entre ambas lógicas es responsable directa ahora, no sólo del tradicional papel del Estado en el ejercicio histórico del exterminio selectivo, que siempre ha tenido en el sur su blanco principal, sino que también del exterminio masivo que se aplica a la población en todo el territorio nacional, a través de formas muy heterogéneas, que dependen de las formas que asumen las alianzas que se establecen y van cambiando, entre los dos órdenes o dominios sobre el territorio.
Hace mucho tiempo que el Estado y el capital operan y buscan un avance sustantivo de la operación del capital en el sur del país: Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Campeche. El interés es regional en beneficio de capitales nacionales y transnacionales. La operación sangrienta de grupos paramilitares y guardias blancas que históricamente han ejercido el exterminio selectivo en esa zona, sobre todo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, hoy parecen estar coadyuvando y se ven reforzadas por el crimen organizado -a través, a su vez, de la confrontación entre diferentes cárteles- en connivencia con los diferentes niveles de los poderes locales, estatales y probablemente, federal. El crimen organizado coopta allí, como lo ha estado haciendo en otras zonas del país, a las comunidades a cambio de asumir los poderes políticos en esas comunidades. Es desde este contexto que debe leerse el comunicado del EZLN, en voz del subcomandante Galeano, antes SubComandante Marcos, de que ese estado está al borde de la guerra civil. Pero no solo por el contexto, diría yo, sino que esa colusión entre el orden delincuencial o crimen organizado y el orden legal o la lógica que opera desde el Estado también se enfrentarán con otra de las lógicas territoriales, que reconoce Robinson (2017), en su obra América Latina y el capitalismo global: la de la resistencia de los pueblos. Si el Estado, a nivel federal, no escucha esa voz poderosa, el saldo sangriento que estaremos por ver, será inenarrable, y posiblemente, como prevé el EZLN, será el hecho que irá provocando el derrumbe, paulatino o rápido de la 4T.
