El 27 de abril de 2010, Bety y Jyri integraban una caravana humanitaria y de observación de derechos humanos en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Juan Copala, cuando fueron agredidos mortalmente por un grupo paramilitar conocido como Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT).
En este ataque otras varias personas resultaron heridas y tres personas permanecieron atrapadas dentro de la zona controlada por UBISORT. Luego de varios días y gracias a la presión nacional e internacional que generó este hecho, se estableció un operativo por las autoridades locales, el cual fue coordinado por el líder del grupo paramilitar Rufino Juárez, quien permitió que las personas privadas de su libertad en la zona fueran rescatadas. Estos hechos generaron indignación nacional e internacional, por primera vez en la historia de México, 4 Relatorías de la Organización de las Naciones Unidas se pronunciaron de manera conjunta condenando el ataque y exigiendo una investigación efectiva para sancionar penalmente a los responsables materiales.
A cuatro años de este ataque, no ha cesado la presión para detener, enjuiciar y condenar a los responsables y para no permitir que este crimen quede impune. Desde el parlamento Europeo, el Subcomité de Derechos Humanos ha solicitado al Gobierno mexicano información sobre el avance de las investigaciones, sin que las autoridades mexicanas hayan brindado información satisfactoria; la familia de Jyri Jaakola, así como europarlamentarias han visitado nuestro país en innumerables ocasiones, escuchando las mismas excusas y pretextos por parte de las autoridades federales y locales para no resolver el caso. Durante 4 años, las familias de Bety y Jyri, así como su representación legal, han coadyuvado con las autoridades en la investigación, logrando identificar a los responsables materiales e intelectuales. En septiembre del año 2012, un juez giró 14 órdenes de aprehensión; pero solo uno de los responsables ha sido detenido, mientras que otro fue asesinado.
A pesar de la indignación y la presión que ha generado este caso, las autoridades locales y federales se han negado en reiteradas ocasiones a cumplimentar las 12 órdenes de aprehensión pendientes. Los responsables, además de ser integrantes del grupo paramilitar UBISORT son gente vinculada a Ulises Ruíz, el ex gobernador de Oaxaca y a otras cúpulas del Partido Revolucionario Institucional. La impunidad que prevale en el ataque a la Caravana humanitaria ha hecho evidente la fragilidad y el riesgo con el que realizan su trabajo las y los defensores de derechos humanos en México, así como la necesidad urgente de adoptar medidas adecuadas para garantizar el pleno ejercicio de la defensa de los derechos fundamentales. También ha hecho visible la existencia y operación de grupos paramiliares, que mantienen control territorial y agreden a la población, con la permisividad y complicidad del Estado mexico, así como de algunos grupos del partido en el poder.
El pasado 29 de abril, Omar Esparza, compañero de Bety Cariño, amigos y organizaciones de la sociedad civil, instalaron una huelga de hambre frete a la Procuraduría General de la República en la ciudad de México, para exigir que se cumplimenten las 12 ordenes de aprehensión pendientes. Sin embargo, siguen transcurriendo los días y desde el Gobierno federal no ha habido una respuesta clara y efictiva a sus demandas. Todo parece indicar, que ni la huelga de hambre, ni la presión internacional generada por los gobierno europeos y organizaciones civiles, tienen tanta fuerza como sí la tienen los nexos de complicidad e impunidad pactados entre los gobiernos federal y local con los grupos priistas que protegen a Ulises Ruíz y a UBISORT.
Nos encontramos en un momento crucial, ante la cerrazón de las autoridades para hacer justica a las víctimas del ataque a la caravana; se analizan otras rutas que permitan enjuiciar y sancionar a los responsables manteriales e intelectuales de estos crímenes, acudiendo a la comunidad internacional y a la solidaridad de la propia ciudadanía. El acceso a la justicia para las víctimas es un derecho humano, y la sanción efectiva para los responsables de estos asesinatos es una garantía para evitar que hechos semejantes se repitan pero sobre todo para impedir que la impunidad siga siendo la constante en casos de agresiones a defensores y defensoras de los derechos fundamentales.
