Los desaparecidos de Ayotzinapa no hacen a un lado a otros desaparecidos del país, sino que los representan frente al conjunto nacional de aquellos sobre quienes el gobierno no ha sabido dar respuesta.
“Iguala no es una anomalía, no es algo extraordinario, sino la punta visible del iceberg de un problema bastante más profundo y fundamental en el país”, señaló el Rector, quien apuntó a los desaparecidos de Ayotzinapa como la confirmación del contubernio entre el crimen organizado y algunos sectores del Estado.
Así lo señaló el Rector de la Universidad Iberoamericana, maestro David Fernández Dávalos, S. J., en la mesa de diálogo «La desaparición forzada: alternativas y propuestas desde la sociedad civil», que formó parte de las jornadas conmemorativas Ayotzinapa 43: 24 meses, organizadas el 26 y 27 de septiembre por la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana, ASEUIA, en colaboración con varias instancias universitarias.
El caso de los normalistas, dijo, no hace a un lado a otros desaparecidos en el país, “pues son tan valiosos unos como los otros, pero los primeros representan a todos frente al conjunto nacional”. Subrayó que Ayotzinapa no tiene relevancia en sí misma como un hecho aislado, sino como manifestación de dinámicas profundas de corrupción, contubernio y descomposición del Estado mexicano.
El Rector precisó que éste se ha vuelto un caso paradigmático, cuya resolución permitiría descubrir todas las complicidades entre el crimen organizado y el Estado.
Por su parte, Yadira González, hermana de Juan González Hernández, desaparecido desde hace 10 años en Querétaro y representante del Movimiento por nuestros Desaparecidos en México, señaló que la iniciativa de Ley General sobre Desaparición Forzada no toma en cuenta los ‘daños colaterales’, es decir, aquellos familiares que viven alrededor de la persona desaparecida y que se ven afectadas por su ausencia.
También criticó que los legisladores proponen leyes basadas en sus propias vivencias, y en fantasías de lo que creen que podría funcionar. Señaló como urgente la capacitación de ministerios públicos, agentes de investigación e incluso de estudiantes de psicología en las universidades, pues las casas de estudios no están formando especialistas en el trato a víctimas de desaparición, dijo.
La señora Sara Hernández Alcántara, madre de Juan González Hernández, invitó a los y las estudiantes de la IBERO presentes en el foro a ser conscientes del peligro y el problema que representaría para sus familias el que uno de sus integrantes desapareciera súbitamente, mientras que el doctor Gilberto Santa Rita, académico del Departamento de Derecho de la IBERO, destacó que México vive una etapa “muy importante pero muy oscura, en la que las personas se defienden a través de audiencias”, y que el caso de Ayotzinapa “ha caído en un agujero negro, debido a la opacidad en torno a los jueces».
“Quienes juzgan, quienes legislan, así como los militares, están muy lejos de las víctimas, pareciera que la ciudadanía y las autoridades pertenecen a bandos irreconciliables”, añadió el especialista en temas penales.
En el encuentro también participaron Alister Guerrero, representante de Servicios y Asesoría para la Paz, y Héctor Cerezo, representante del Comité Cerezo México, quien estuvo preso durante más de siete años en un penal de alta seguridad en México junto con dos hermanos y coacusados, por daño en propiedad ajena, terrorismo y fabricación de artefactos explosivos, crímenes que nunca se les comprobaron.
Cerezo señaló que para frenar las desapariciones en México es necesaria una gran alianza social, pues ningún esfuerzo en solitario podrá lograrlo.
JTGI/ICM