foto: Alejandro Meléndez
Los defensores del Centro Prodh asumieron el caso y demostraron que las tres mujeres Hñähñú habían sido inculpadas con base en pruebas falsificadas, que no contaron con traductores y las supuestas declaraciones redactadas en español, no fueron realizadas por ellas.
El proceso que estuvo plagado de irregularidades, entre ellas que los agentes federales de investigación que fueron llamados a comparecer nunca se presentaron, argumentando tener “otras actividades”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que asumió la defensa legal del caso de Jacinta en 2008 y de Alberta y Teresa en 2010, señaló que tampoco se acreditó la plena responsabilidad penal de las tres mujeres indígenas.
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, orden a la cual está confiada la Universidad Iberoamericana, felicitó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), por la defensa a favor de las indígenas Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, acusadas indebidamente durante once años.
Este martes, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su titular, Raúl Cervantes, ofreció una disculpa pública a las tres mujeres, a quienes se señaló por la presunta privación de la libertad de seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en Querétaro en 2006.
Durante 4 años, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó en tres ocasiones negar la reparación del daño a tres mujeres indígenas otomíes, que en 2006 fueron acusadas y sentenciadas a 21 años de prisión, por el presunto secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
Durante el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública en el Museo Nacional de Antropología e Historia, el procurador federal dijo: “Ante ustedes, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, reconozco públicamente su inocencia respecto a los delitos que se les atribuyeron”. La referencia también fue para Jacinta, en una segunda intervención de Cervantes Andrade.
El funcionario manifestó que la PGR contravino la presunción de inocencia y reconoció que ningún acto les devolverá el tiempo perdido, luego de pasar tres años en prisión, aunque en un principio se les había sentenciado a 21 años de cárcel.
Los defensores del Centro Prodh asumieron el caso y demostraron que las tres mujeres Hñähñú habían sido inculpadas con base en pruebas falsificadas, que no contaron con traductores y las supuestas declaraciones redactadas en español, no fueron realizadas por ellas.
Tras apelar la decisión, un tribunal revocó la condena. En mayo de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de la demanda de resarcimiento moral y material impuesta por Jacinta, Teresa y Alberta.
En el evento, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón Sánchez, expresó que “atestiguó un acto de esperanza gracias a la dignidad de tres mujeres indígenas que decidieron alzar la voz contra la injusticia”.
Manifestó que el “el caso de Alberta, Teresa y Jacinta es el reflejo de lo que no debe de ocurrir y, en consecuencia, podría ser una carta de aprendizaje para establecer las medidas que eviten que la corrupción siga estando en la práctica de sus funcionarios y funcionarias”.
