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Ciudad de México | Desinformémonos. En México trabajan 3.6 millones de menores de entre cinco y 17 años de edad, cifra que representa la mitad del total reportado para la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo con cifras de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Ante las circunstancias del país, los padres o tutores de los menores en familias en pobreza extrema “recurren a ellos para que contribuyan”, a pesar de ser “pequeños física y mentalmente” y que “emocionalmente tienen otras características”, señaló el académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, Víctor Inzúa Canales.
Explicó que los infantes que son obligados a trabajar viven dentro de una realidad paradójica, pues, por un lado, viven la calle, la pobreza y la marginación como una cotidianidad, y por el otro, es en ese mismo ambiente en el que buscan la libertad a costa de su integridad en algunas ocasiones.
De acuerdo con estudios y muestras de Inzúa, cuatro de cada 10 niños en situación de calle cae en problemas de adicción y delincuencia, y su esperanza de vida es de 22 a 25 años por el daño fisiológico y físico. El resto, continuó, busca formas de subsistencia informal e incluso llegan a matricularse y terminar los estudios de educación superior.
En la Ciudad de México, a los niños se les enseñan labores de carácter estacional como ambulantaje, el trabajo en pequeños talleres y de tipo doméstico a domicilio, lo que permite la explotación por las actividades que representan un peligro y generan daños físicos y psicológicos, agregó el universitario.
Inzúa enfatizó que la falta de políticas públicas de atención a la infancia y la adolescencia, así como la omisión de tratados internacionales ratificados por el país, aumentan la vulnerabilidad de los menores.
Por otra parte, compartió que uno de sus estudios lanzó que algunos niños que trabajan viven un tipo de discriminación de género “peculiar”, pues una familia que tiene un local en un mercado público no permite que el niño acuda a la escuela. La niña sí puede ir, pero en este proceso tiene una doble o triple jornada, pues para estudiar debe realizar labores domésticas, cuidar de los hermanos menores y ayudar en el negocio, señaló Inzúa.
Ante el panorama, hizo un llamado a generar políticas públicas de atención a los menores y garantizar la protección y el pleno ejercicio de los derechos de los niños, al igual que sus obligaciones. “De lo contrario continuará este fenómeno de niños trabajadores que, con el tiempo, encontrarán en las calles medios de subsistencia y el espacio donde buscar su libertad, a veces a cambio de su dignidad”.
