En Michoacán, Guerrero, parte de Jalisco y Coahuila, así como en algunas zonas del norte del país el crimen organizado apoya a las empresas mineras clandestinas para despojar a los campesinos de sus tierras y recursos naturales, señaló Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

La delincuencia organizada ha visto en el negocio minero un gran potencial; está despojando a los ejidatarios de sus parcelas para convertirlas en tierras mineras; incluso descaradamente corren a quienes legalmente realizan las explotaciones para convertirlas en una economía ilegal, dijo en entrevista tras inaugurar el séptimo congreso de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Refirió que la situación en Michoacán tiene una profunda raíz en el tema de las explotaciones mineras, las cuales se han convertido en una fuente muy importante de recursos para el crimen organizado. Allí están los casos en Aguililla y Aquila, insistió.

Respecto del desarrollo urbano en zonas de alto riesgo y que fueron detectadas principalmente en Guerrero por la presencia de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, expuso que se han detectado varias irregularidades en diversos municipios de Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y el estado de México. Destacó que no habrá omisión ni salida lateral para quienes otorgaron los permisos de manera discrecional.

Destacó que a partir del próximo año la dependencia a su cargo impulsará la creación de inmobiliarias rurales en los ejidos cercanos a desarrollos urbanos, y para ello se destinarán 100 millones de pesos.

Los integrantes de la CNPA, a través de su dirigente, José Narro Céspedes, exigieron al gobierno federal detener la inseguridad, el despojo de la tierra y la especulación con los recursos naturales y alimentos. Si no se eliminan estos tres males en el agro nacional, difícilmente se podrá recuperar la riqueza del país, señalaron.

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