Ciudad de México | Desinformémonos. Compartimos una carta abierta a la comunidad internacional que hace un análisis contextual, político y social de la situación en Colombia con información actualizada sobre las violaciones de derechos humanos documentadas hasta el pasado 8 de mayo.
El texto fue redactado por estudiantes y profesores de la Brigada Cali Resiste, colectivo de comunicación emergente que se dedica a visibilizar las vulneraciones a los derechos humanos ejercidas por las fuerzas públicas y militares en Colombia en el marco del Paro Nacional, iniciado el pasado 28 de abril.
A continuación la carta completa:
Santiago de Cali, 08 de mayo del 2021
Colombia está atravesando uno de los momentos más álgidos de su historia. Podríamos decir que el germen de la situación actual aparece en 2019, año en el que se generó un paro nacional en contra de las políticas gubernamentales propuestas para entonces, entre las que se cuentan las reformas pensional, laboral, tributaria, el aumento de tarifas de servicios públicos, privatización de empresas estatales, y diferentes fenómenos no atendidos por la administración, como la corrupción y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz con la guerrilla FARC, realizados en 2016.
Como una continuación del paro 2019, y detonado por un nuevo proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno del presidente Iván Duque, el pasado 28 de abril de 2021, Colombia comenzó un nuevo Paro nacional. La emergente propuesta de reforma, además de ser temeraria por su lanzamiento en tiempos de pandemia, es regresiva, y afecta negativamente la economía de las clases más vulnerables y a otros sectores importantes de la economía nacional. A su vez, representa inmensas exenciones tributarias para grandes empresas y trasnacionales y se presenta después de que el gobierno, también en pandemia, ha elevado sus gastos en seguridad y defensa (aviones de guerra, tanquetas, camionetas blindadas) con especial énfasis en propaganda y planes de medios (Duque tiene un programa que se transmite diariamente en los canales nacionales). Si bien esta es la problemática inmediata, en Colombia el problema de fondo es la profunda brecha socioeconómica que mantiene al 42,5% de la población en “pobreza monetaria”, es decir más de 21 millones de personas viven con un promedio de 87 dólares (327.000 COP) al mes. Ello sin contar con la pobreza multidimensional que implica el acceso a la salud, educación y vivienda. (Fuente: DANE Colombia).
Aunque la manifestación se había proyectado para un solo día, hoy, 8 de mayo, continúan los bloqueos, marchas y congregaciones en todo el territorio nacional, siendo Cali y el Valle del Cauca su epicentro. La masiva movilización ciudadana se convirtió en la imagen viva de la democracia en las calles, del grito digno de inconformidad, de la resistencia, a pesar del trato militar con el que ha respondido el gobierno nacional y su partido. Precisamente, es esa militarización de nuestras ciudades lo que nos hace temer un posible estado de conmoción interior que acabe con las pocas garantías democráticas actuales. Al respecto podemos exponer que el gobierno ha implementado en gran parte del territorio nacional una estrategia que incluye violencia directa contra manifestantes desarmados, intimidación en los barrios, censura en medios e intervención en las comunicaciones en redes, lo que ha creado pánico e indignación en las comunidades. El gobierno busca que los ciudadanos reaccionen dejando de participar en la protesta pacífica o respondiendo la violencia con más violencia.
Es aquella la usanza de los gobiernos en las últimas décadas en Colombia, todos pertenecientes al partido “Centro Democrático”. Una política de derecha, basada en la jefatura de un solo caudillo, Álvaro Uribe Velez, expresidente y ex congresista (renunció a su cargo estratégicamente por una de las investigaciones que lo llevó a detención domiciliaria). De su mano han llegado al poder los últimos 2 presidentes de Colombia y, por supuesto, se ha mantenido en el poder como una especie de consorte al que se le consultan las más importantes decisiones del ejecutivo. Ha sido un hombre controvertido, pues, a pesar de haber logrado reconocimiento de buena parte de la población en Colombia, tiene a sus espaldas más de 270 investigaciones por crímenes graves, entre ellos la creación de grupos paramilitares y el asesinato de 6,402 personas en los llamados “Falsos positivos” (ejecuciones de civiles que fueron falsamente acusados de guerrilleros por parte de las fuerzas armadas en los períodos presidenciales de Uribe). Para esta coyuntura, se ha conocido que por sugerencia de Uribe Vélez las fuerzas armadas han recibido formación de un hombre llamado Alexis López Tapia, entomólogo chileno, quien ha estudiado y promulgado un modelo del psicoanalista Felix Guattari: la “revolución molecular disipada”, que ha sido asociado con la ultraderecha, las ideas nacionalsocialistas, y que, entre otros enunciados, reduce las manifestaciones sociales a enemigos públicos del estado. Los periodistas de nuestro país estamos apenas comprendiendo esta vuelta de tuerca en la situación, aunque desde ya, y a todas luces, resulta ser un modelo de gobierno por completo equivocado y ajeno a las necesidades de Colombia, un país desigual en todo sentido y que ha estado sumido los últimos 50 años en un sangriento conflicto armado interno. En este punto, la figura del presidente Iván Duque no es una figura con peso político propio, pareciera que atiende las comandas de Uribe Vélez, que hace públicas a través de su cuenta Twitter.
Regresando al panorama de las manifestaciones, Cali ha sido el epicentro de la protesta, pues es una ciudad que acoge a personas de muchos lugares del país que llegan buscando oportunidades. Sin embargo, ciudades como Bogotá, Medellín, Pasto, Pereira, han tenido participación masiva; en general, cada población de Colombia, incluso la zona insular de San Andrés y providencia ha mostrado su apoyo a las peticiones del paro. Tras un par de días de protestas, por decisión presidencial, Iván Duque pidió apoyo de las fuerzas militares, comandadas por el general Eduardo Enrique Zapateiro, aduciendo que la Policía Nacional no había podido contenerlas. A pesar de los esfuerzos de las administraciones locales para volver a dirigir el rumbo de la ciudades, es el gobierno nacional quien coordina las operaciones militares contra la población civil, que se han convertido, durante el día, en infiltración de miembros de la fuerza pública para vandalizar en nombre de la marcha, represión sistemática a las manifestaciones pacíficas, y ataques con gas y armas de munición convencional y no convencional contra civiles y miembros de Derechos Humanos y brigadas de salud. Y en las noches, intimidaciones mediante tiroteos en los barrios, atentando contra la vida de los manifestantes, sus familias, y sus sitios de habitación. Todo ello apoyado por un plan mediático de noticias falsas y alarmantes que juegan con la psiquis y la credibilidad de los ciudadanos. Ha sido una estrategia de inteligencia militar de terror sin precedentes.
Tristemente, el saldo de las arremetidas del estado contra los manifestantes, tras 9 días de paro, también es único en la historia de la protesta social en Colombia. Según organizaciones locales de defensa de Derechos Humanos, los datos serían los siguientes:
43 homicidios por parte de la fuerza pública
379 personas desaparecidas
10 casos de violencia sexual
831 detenciones arbitrarias
223 personas víctimas de violencia física
320 intervenciones violentas por parte de la policía
Lo que está pasando en nuestro país ha generado una genuina preocupación colectiva, nos afecta en lo más profundo como personas y como ciudadanos, pues cada vez estamos más cerca de que el gobierno de Iván Duque logre anular las mínimas garantías democráticas actuales.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el escalamiento del trato militar a la protesta ciudadana en Colombia. Exhortamos a las personalidades democráticas del mundo a hacer presencia en nuestro país e impedir la ejecución de más atropellos y la instauración de un posible estado de conmoción generado por el gobierno mismo. Les pedimos ayudar a salvaguardar la vida de los manifestantes y hacemos el llamado urgente a la comprensión y cumplimiento de la premisa de que la ciudadanía en las calles es la democracia buscando ser escuchada.
Finalmente, instamos a la Unión Europea y a E.E.U.U a retirar el apoyo militar a Colombia. Por favor, no permitan que en nuestro país termine de imponerse una dictadura militar.
Atentamente,
Brigada Comunicativa Cali Resiste
