Ciudad de México | Desinformémonos. Para probar que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) trae consecuencias negativas para los pueblos y el medio ambiente, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) pidieron que se les incluya en la mesa técnica para revisar la viabilidad del proyecto.
“Llevan menos de 10 por ciento de su plan de construcción y ya vemos las graves afectaciones: se acaban los cerros, roban nuestra agua, contaminan los suelos, abren caminos por nuestros ejidos y ocasionan accidentes, despreciando la voz y las necesidades de los habitantes”, señaló el Frente.
A pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que los contratos otorgados a las empresas deberían ser públicas para la construcción de la nueva terminal aérea, hasta diciembre de 2017 fueron entregadas 292 licitaciones a 235 empresas por un monto de 127 mil 600 millones de pesos, recordó Julieta Lamberti, de la asociación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
De los contratos entregados, “196 no se sometieron a concurso, sino que fueron adjudicados de manera directa a una empresa, lo que representa casi 90 por ciento de las obras”, indicó Lamberti.
“Sabemos que tienen en la mira el despojo y nuestra desaparición para edificar ahí sus hoteles y centros comerciales”, agregaron los integrantes del FPDT, pero aseguraron que ni los recursos naturales ni la convivencia de las comunidades en el entorno “están a la venta”.
“Si su idolatría e intereses políticos no les alcanzan para ver el problema de manera integral y profunda, seguiremos insistiendo otros 17 años. Para entonces será un crimen de lesa humanidad por haber despreciado e ignorado la voz de los pueblos”, indicaron.
En enero pasado, el segundo tribunal colegiado del segundo circuito resolvió el recurso de revisión 383/2017, interpuesto contra la sentencia de la juez novena de distrito que negó el amparo contra la edificación del NAICM, explicó por su parte el representante legal del FPDT, Sandino Rivero.
De acuerdo con el abogado, la juez marcó que es necesario ampliar la prueba pericial en antropología para verificar si los afectados son pueblos originarios y así determinar la aplicación de los derechos fundamentales previstos en el artículo 2 constitucional.