Ciudad de México | Desinformémonos. Por órdenes de un juez federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tendrá que entregar a la víctimas amparadas las copias del expediente de seguimiento de la recomendación 33/2015, referente a la tortura de civiles por militares en Rosarito, Baja California, en junio de 2009.

En octubre de 2015 la CNDH emitió la recomendación, pidiendo al secretario de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, colaborar y sancionar a los participantes en la detención arbitraria, simulación de pruebas y tortura. La información fue negada a pesar de que es la única herramienta para determinar el cumplimiento de la recomendación emitida.

“La resolución resulta indispensable para el reconocimiento de los derechos de las víctimas, ya que determina que la CNDH es autoridad en caso de expedición de copias y expedientes” declaró la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La CMDPDH, representante de las víctimas, solicitó una copia del expediente de seguimiento de la resolución. Un año después la CNDH contestó que daría la copia, eliminando información bajo el argumento de confidencialidad y condicionando el documento a un pago.

Se presentó por parte de las víctimas una demanda de amparo a la CNDH, por violar los derechos humanos de acceso a la justicia y a conocer la verdad.  El 29 de septiembre, el Juez décimo cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió el amparo a favor de la víctimas.

Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal, Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vázquez son detenidos sin orden de aprehensión y sometidos a tortura el 16 de junio del 2009 y  mediante falsas declaraciones fueron acusados y procesados penalmente . El Juez segundo de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de Nayarit los absolvió y ordenó su inmediata libertad.