De vez en cuando, los medios hegemónicos reutilizan el artificio de realizar comparaciones entre procesos económicos, sociales y políticos vividos en diferentes países como forma de promover determinadas ideas. En Brasil, es común ver reportajes elogiando los sistemas de educación de Chile o de Corea, por ejemplo, o la apertura económica de México con el TLC.

Sin embargo, usted verá pocos reportajes hablando sobre el riesgo que corremos hoy de que Brasil se vuelva, cada vez más, un narcoestado. Lo que es bastante curioso porque, a rigor, el país ya vive una situación muy grave en lo que se refiere al narcocomercio. Como se sabe, somos muy buenos para proyectar una falsa imagen sobre nosotros mismos en el exterior – tenemos amplia experiencia con eso, desde el período de la esclavitud. Pero somos pésimos para ver problemas que a veces están debajo de nuestra propia nariz.

Veamos la gravedad de lo que ya ocurre. Hace una década Brasil viene apareciendo en informes internacionales como parte de la principal ruta de la cocaína que sale de los Andes hacia Europa. Ya somos considerados el segundo mayor mercado consumidor de cocaína del mundo. Y, mire, que bizarro, usted que vive bajo el terror del tráfico en México – tenemos, por año, 60 mil asesinatos, mientras que por ahí son 20 mil homicidios anuales. Nuestra población es de 206 millones de habitantes, contra 120 millones ahí. Son 28,9 muertos por 100 mil habitantes aquí, contra 18 por 100 mil ahí. Es decir, con «guerra al narco» y todo, México tiene, en promedio, poco más de la mitad de los asesinatos que por aquí ocurren.

La diferencia, hasta el momento, alguien diría, es que el gobierno brasileño no resolvió declarar «guerra al narco», como hizo Calderón. Más o menos. Otra vez, a pesar de no proyectar esa imagen para el mundo, tenemos la tercera mayor población carcelaria del mundo – 726,7 mil personas, sólo perdiendo para China y EEUU. Tenemos el triple del número de personas que México tiene en la cárcel (233,4 mil), y una tasa de encarcelamiento que es casi el doble (342 por 100 mil, contra 192 por 100 mil ahí). El narcotráfico está en el origen de al menos el 30% de las prisiones por aquí.

No es difícil encontrar por la Internet ponderaciones de que la diferencia, entonces, estaría en el hecho de que, por aquí, no tenemos la conexión entre políticos y el narcotráfico que en México ya es denunciada desde hace años. Sólo que, de nuevo, eso no es verdad. Las conexiones existen, pero el brasileño, otra vez, finge no ver.

Veamos lo que sucede en Río de Janeiro, el tercer estado en población del país, con 16 millones de habitantes, y donde está nuestra segunda ciudad más grande. En el estado, en que hay hoy intervención militar decretada, donde no hay la presencia de las llamadas «facciones» del tráfico, grupos que teóricamente luchan contra los traficantes, las «milicias», controlan la venta de drogas y varias otras actividades económicas en numerosas áreas de una región metropolitana donde están 12,3 millones de personas.

El control militar sobre las áreas, sea por parte de «traficantes» o de los paramilitares, eufemísticamente llamados «milicianos», se convierte en capital político en los períodos electorales. No hay como desvincular el crimen organizado de la política en un ambiente como ese. El Río posiblemente es nuestro ejemplo más acabado de que ya somos un narcoestado.

En el estado de São Paulo, con 45 millones de habitantes, como es evidente para los habitantes de las periferias de las grandes ciudades, la caída consistente del número de homicidios en los últimos 15 años, estuvo en la evaluación de distintos observadores, ligada no a la acción del Estado, sino sobre todo a la imposición de reglas creadas por el PCC, grupo que controla el tráfico desde las cárceles.

Y, por cierto, como la prensa ya apuntó en diversas ocasiones, São Paulo creó un modelo de acuerdo que actualmente vigora en muchos lugares de Brasil. Presos, los líderes de grupos de narcos ganan ciertas facilidades para mantener el dominio sobre sus negocios a cambio del compromiso de controlar la disciplina dentro de los presidios superpoblados. Si esos «acuerdos de caballeros» son desatendidos por algún motivo, olas de matanza suceden, como ocurrió en São Paulo, en 2006 y 2012.

¿Y Minas Gerais, nuestro segundo estado más poblado, con 21,1 millones de habitantes? Por allí, las aprehensiones voluminosas en los últimos años mostraron que el estado se ha convertido en un importante corredor de exportación de cocaína, apuntando conexiones que van desde los carteles colombianos hasta la mafia italiana.

Se hizo famoso el caso del helicóptero con 450 kg de pasta de coca incautado por la policía en 2013 en una hacienda en el interior de Espírito Santo, estado vecino a Minas, donde está el puerto de Vitória, muy utilizado por el tráfico. La aeronave pertenecía a la empresa de un senador cuyo hijo, diputado estatal, empleaba en su gabinete al piloto preso – él se dijo “engañado” por el piloto. En 2017, el dueño de la hacienda donde el helicóptero había aterrizado también fue arrestado, en otra operación, con 250 kg de cocaína que serían enviados a Europa.

En varios otros estados, hay numerosos ejemplos de políticos que ya han sido investigados e incluso casados ​o expulsados ​​de sus partidos por cuenta de relaciones suspechosas o comprobadas com el narco.

A pesar de todo esto, Brasil sigue creyendo que tal vez exista un pequeño riesgo de convertirse en un Narcoestado. También creemos piadosamente que somos una democracia racial, donde no existe prejuicio con la población negra e indígena, pues todos somos mestizos. Somos una tierra bendecida por Dios y hermosa por naturaleza, con la felicidad de no sufrir con terremotos, huracanes y volcanes. Por eso todo el brasileño es cordial, alegre y tolerante. De bien con la vida. Incluso si el país está prendiendo fuego.

 

Brasil, narcopotência

De tempos em tempos, a mídia hegemônica reutiliza o artifício de realizar comparações entre processos econômicos, sociais e políticos vividos em diferentes países como forma de promover determinadas ideias. No Brasil, é comum ver reportagens elogiando os sistemas de educação do Chile ou da Coréia, por exemplo. Ou, a abertura econômica do México, com o Nafta.

Certamente, contudo, você vai ver poucas reportagens falando sobre o risco que corremos hoje de o Brasil se tornar, cada vez mais, um narcoestado à mexicana. O que é bastante curioso porque, a rigor, o país já vive uma situação muito grave no que tange ao narcocomércio. Como se sabe, somos muito bons para projetar uma falsa imagem sobre nós mesmos no exterior – temos larga experiência com isso, desde o período da escravidão. Mas somos péssimos para enxergar problemas que às vezes estão debaixo de nosso próprio nariz.

Vejamos a gravidade do que já ocorre. Há uma década o Brasil vem aparecendo em relatórios internacionais como parte da principal rota da cocaína que sai dos Andes rumo à Europa. Já somos considerados o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. E, pasme, você que vive sob o terror do tráfico no México – temos, por ano, 60 mil assassinatos, enquanto por aí são 20 mil homicídios anuais. Nossa população é de 200 milhões de habitantes, contra 120 milhões aí. São 28,9 mortes por 100 mil habitantes aqui, contra 18 por 100 mil aí. Ou seja, com “guerra ao narco” e tudo, o México tem, em média, pouco mais de metade dos assassinatos que por aqui ocorrem.

A diferença, até o momento, alguém diria, é que o governo brasileiro não resolveu declarar “guerra ao narco”, como fez Calderón. Mais ou menos. Outra vez, apesar de não projetarmos essa imagem para o mundo, temos a terceira maior população carcerária do mundo – 726,7 mil pessoas, só perdendo para China e EUA. Temos o triplo do número de pessoas que o México tem na cadeia (233,4 mil), e uma taxa de encarceramento que é quase o dobro (342 por 100 mil, contra 192 por 100 mil aí). O narcotráfico está na origem de pelo menos 30% das prisões por aqui.

Não é difícil encontrar pela internet ponderações de que a diferença, então, estaria no fato de que, por aqui, não temos a conexão entre políticos e o narcotráfico que no México já é denunciada há anos. Só que, de novo, isso não é verdade. As conexões existem, mas o brasileiro, outra vez, finge não ver.

Vejamos o que acontece no Rio de Janeiro – o terceiro estado em população do país, com 16 milhões de habitantes, e onde está nossa segunda maior cidade. No estado, em que há hoje intervenção militar decretada, onde não há a presença das chamadas “facções” do tráfico, grupos que teoricamente lutam contra os traficantes, as “milícias”, controlam a venda de drogas e várias outras atividades econômicas em numerosas áreas de uma região metropolitana onde estão 12,3 milhões de pessoas.

O controle militar sobre as áreas, seja por parte de “traficantes” ou dos paramilitares, eufemisticamente chamados de “milicianos” converte-se em capital político nos períodos eleitorais. Não há como desvincular o crime organizado da política em um ambiente como esse. O Rio possivelmente é nosso exemplo mais acabado de que já somos um narcoestado.

No estado de São Paulo, com 45 milhões de habitantes, como é evidente para os moradores de periferias das grandes cidades, a queda consistente do número de homicídios nos últimos 15 anos esteve ligada não à ação do Estado, mas, segundo diversos observadores, sobretudo à imposição de regras criadas pelo PCC, grupo que controla o tráfico a partir das prisões.

E, por sinal, como a imprensa já apontou em diversas ocasiões, São Paulo criou um modelo de acordo que, atualmente, vigora em muitos lugares do Brasil. Presos, os líderes de grupos de narcos ganham certas facilidades para manter o domínio sobre seus negócios em troca do compromisso de controlar a disciplina dentro dos presídios superlotados. Se esses “acordos de cavalheiros” são desrespeitados por algum motivo, ondas de matança acontecem, como houve em São Paulo, em 2006 e 2012.

E Minas Gerais, nosso segundo estado mais populoso, com 21,1 milhões de habitantes? Por ali, apreensões vultosas nos últimos anos mostraram que o estado se tornou um importante corredor de exportação de cocaína, apontando-se conexões que vão dos cartéis colombianos até a máfia italiana.

Ficou famoso o caso do helicóptero com 450 kg de pasta de coca apreendido pela Polícia em 2013 em uma fazenda no interior do Espírito Santo – estado vizinho a Minas, onde está o porto de Vitória, muito utilizado pelo tráfico. A aeronave pertencia à empresa de um senador cujo filho, deputado estadual, empregava em seu gabinete o piloto preso. Em 2017, o dono da fazenda onde o helicóptero tinha pousado também foi preso, em outra operação, com 250 kg de cocaína que seriam enviados para a Europa.

Em vários outros estados, há numerosos exemplos de políticos que já foram investigados e até mesmo cassados ou expulsos de seus partidos por conta de suspeitas, comprovadas ou não, de ligações com o narco.

Apesar disso tudo, o Brasil continua achando que, talvez, exista um pequeno risco de nos tornarmos um Narcoestado. Também acreditamos piamente que somos uma democracia racial, onde não existe preconceito com a população negra e indígena, pois somos todos mestiços. Somos uma terra abençoada por Deus e bonita por natureza, com a felicidade de não sofrer com terremotos, furacões e vulcões. Por isso tudo, o brasileiro é cordial, alegre e tolerante. De bem com a vida. Mesmo que o país esteja pegando fogo.