El episodio de apertura de la temporada se inicia en un día lunes, con la lectura del informe que puede definir si el presidente golpista podrá ser investigado por la justicia, lo que depende de la aprobación de la Cámara de Diputados. El documento recomienda que la investigación siga, pero la confirmación de esa decisión por parte del colectivo sólo se dará tres días después – es el período en que las acciones transcurrirán.

El martes, la siguiente secuencia: el gobierno golpista logra aprobar en el Senado una reforma de las leyes laborales que quita derechos de los trabajadores consagrados desde hace décadas en el país. Vemos en flashback que, pocos días antes, los sindicatos habían convocado una huelga general, la cual acabó vaciada. Dos periodistas especulan: aparentemente, hubo una negociación del gobierno con algunas de las entidades, para crear un mecanismo que permita compensar la pérdida que ellas tendrán con el fin de la contribución obligatoria hasta entonces pagada por los trabajadores anualmente. A cambio de eso, habrían rifado una de las mayores oportunidades que se tenía de crear una movilización masiva para derribar a los golpistas.

El juez responsable de uno de los procedimientos contra el ex presidente Lula divulga su condena por corrupción, en un documento de 216 páginas ávidamente leído en todo el país, convenientemente tomando la atención de periodistas y militantes mientras el gobierno gana el aliento para la próxima vuelta (¡la semana está a la mitad!). El Judiciario brasileño permanece operando en el juego del golpe con un entramado y un timing tan perfectos como el del equipo alemán en la Copa de 2014.

De Curitiba, donde trabaja el juez Sérgio Moro, volvemos a Brasilia. Para lograr avanzar con la agenda de reformas que garantiza el apoyo del empresariado a un gobierno todo formado por reos involucrados en denuncias de corrupción, los golpistas descaradamente siguen comprando apoyos en el Parlamento. Liberas de fondos, indicaciones de apadrinados para cargos, negociaciones en torno a medidas legislativas – los flashes muestran todo esto pasando frenéticamente.

En la próxima escena, a unos miles de kilómetros al norte de la capital, Brasilia, vemos el estado de Pará, límite este de la gran Selva Amazónica. Allí, grandes ganaderos, “grileiros”, madereros, directa o indirectamente asociados a los grupos que garantizan al gobierno corrupto los votos en el Parlamento, aprovechan el salvoconducto que su apoyo les rinde para atacar a diversos grupos de campesinos y otras poblaciones locales que desde hace años son una piedra en el zapato para ellos. Sonidos de tiros. Pueden incluso atacar a los propios funcionarios federales del área ambiental. Más un flashback: hace pocas semanas, los bandidos quemaron un camión cargado de vehículos oficiales del organismo responsable de fiscalizar la región de bosque e impedir la deforestación.

Uno de los frentes de ataque es el Bosque Nacional del Jamanxim – 1,3 millones de hectáreas en la región del río Tapajós –, lo cual, por proyecto de ley firmado por el presidente golpista, puede tener su extensión reducida, prácticamente aniquilando la acción de los que hay años vienen atacando esa área pública. La amnistía a los delincuentes puede ser aún más amplia con otra Medida Provisional – sancionada el mismo día en que la reforma laboral era votada. Se trata de la MP 759, que, a petición de la bancada ruralista, altera reglas para la regularización agraria en todo el país, con efectos particularmente nefastos para la región amazónica. Sonidos de motosierra.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) así se expresó, en nota, sobre la medida: «Esta legislación es un grave retroceso para las políticas de reforma agraria y un obstáculo real para la democratización de la tierra en Brasil (…) Tiende a acentuar los conflictos y la violencia en el campo, que ya ha asesinado a 44 trabajadores y trabajadoras sólo en el primer semestre de 2017. »

Mientras, en el campo, los ataques a grupos de campesinos, ambientalistas y poblaciones tradicionales se intensifican, dado el clima de «liberado general» que se extiende, empiezan a surtir efecto otras medidas de los golpistas contra uno de los mayores focos de oposición, las universidades públicas . Ahora vemos imágenes de Río de Janeiro. En medio de una fuerte crisis fiscal en algunos estados (a menudo relacionada con absurdos regímenes de exención de impuestos que se han dado a empresas a cambio de propina), las universidades estatales ya pasan por dificultades severas desde el inicio del año – incluidas instituciones bien consolidadas, como es el caso de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ).

Las noticias que empiezan a ser divulgadas en los medios hegemónicos e informaciones que van llegando de las distintas regiones dan cuenta de que la crisis debe ser sentida de forma más severa en las universidades federales – una red que en la última década ha pasado por un inédito proceso de ampliación, capilarizándose por el territorio nacional. Las instituciones más recientes y más innovadoras, con mayor presencia de alumnos trabajadores, además de negros e indígenas, son justamente las que corren mayor riesgo.

Hay dudas incluso sobre los traspasos de recursos federales que permitirían a las instituciones federales cerrar el año, y, a partir de 2018, cuando la Enmienda Constitucional 241, o 55, pasa a valer. La medida limita los gastos federales por un período de 20 años, estableciendo un techo que debe crear dificultades aún inimaginables para los organismos públicos, especialmente en áreas sensibles como salud y educación.

Después de las imágenes de la UERJ, vemos, en la triple frontera, en Foz do Iguaçu, los estudiantes de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (Unila) movilizándose en su defensa. Días antes, un diputado del PMDB había presentado propuesta para alterar la institución, retirando el énfasis que hay, allí, a los debates latinoamericanos. Vemos testimonios de los alumnos sobre la discriminación cotidiana que sufren en la región, dominada por el agronegocio y los partidos conservadores.

El primer episodio de la temporada 2 termina con otra escena sorprendente, pasada apenas un día después de la aprobación de la reforma laboral y la condena de Lula. Después de que el presidente golpista sufrió por semanas una masacre mediática, sobre todo por parte del principal conglomerado de comunicación del país, la Globo, que divulgó ampliamente las denuncias sobre su implicación con la corrupción practicada por el megagrupo empresarial del sector de carnes JBS, la comisión de Constitución y Justicia de la Cámara rechaza el informe que recomendaba autorizar que él fuera investigado.

De allí, seguimos nuevamente a Pará, donde más un campamento del MST es atacado, esta vez en el este del estado, en Marabá (PA). Tiros y más tiros, mientras oímos el sonido de un reportaje que, ahora, afirma que la Globo será la próxima involucrada en las investigaciones de la “Operación Lava-Jato”. ¿Será el contraataque de los golpistas, represaliando a la empresa por la oposición abierta que le ha hecho? Es el gancho para el próximo episodio.

O episódio de abertura da temporada se inicia numa segunda-feira, com a leitura do relatório que pode definir se o presidente golpista poderá ser investigado pela Justiça, o que depende da aprovação da Câmara de Deputados. O documento recomenda que a investigação siga, mas a confirmação dessa decisão por parte do coletivo só se dará três dias depois.

Na terça-feira, a sequência seguinte: o governo golpista consegue aprovar no Senado uma reforma das leis trabalhistas que tira estrategicamente alguns direitos dos trabalhadores consagrados há décadas no país. Vemos em flashback que, poucos dias antes, os sindicatos tinham convocado uma greve geral, a qual acabou esvaziada. Dois jornalistas especulam: parece ter havido uma negociação do governo com algumas das entidades, para criar um mecanismo que permita compensar a perda que elas terão com o fim da contribuição obrigatória até então paga pelos trabalhadores anualmente. Em troca disso, elas teriam rifado uma das maiores oportunidades que se tinha de criar uma mobilização massiva para derrubar os golpistas.

Cena seguinte: na quarta-feira, o juiz responsável por um dos processos contra o ex-presidente Lula divulga sua condenação por corrupção, num documento de 216 páginas avidamente lido em todo o país, convenientemente tomando a atenção de jornalistas e militantes enquanto o governo ganha fôlego para o próximo round (a semana está apenas na metade!). O Judiciário brasileiro permanece operando no jogo do golpe com um entrosamento e um timing tão perfeitos como o do time alemão na Copa de 2014.

De Curitiba, onde trabalha o juiz Sérgio Moro, voltamos a Brasília. Para conseguir avançar com a agenda de reformas que garante o apoio do empresariado a um governo todo formado por réus envolvidos em denúncias de corrupção, o governo descaradamente segue comprando apoios no Parlamento. Liberações de verbas, indicações de apadrinhados para cargos, negociações em torno de medidas legislativas – os flashes mostram tudo isso acontecendo freneticamente.

Na próxima cena, a alguns milhares de quilômetros ao norte da capital, Brasília, vemos o estado do Pará, limite leste da grande Floresta Amazônica. Ali, grandes pecuaristas, grileiros, madeireiros, direta ou indiretamente associados aos grupos que garantem ao governo corrupto os votos no Parlamento, aproveitam o salvo-conduto que seu apoio lhes rende para atacar diversos grupos de camponeses e outras populações locais que há anos são uma pedra no sapato para eles. Sons de tiros. Podem até mesmo atacar os próprios funcionários federais da área ambiental. Mais um flashback: há poucas semanas, os bandidos queimaram um caminhão carregado de veículos oficiais do órgão responsável por fiscalizar a região de floresta e impedir o desmatamento.

Uma das frentes de ataque é a Floresta Nacional do Jamanxim – 1,3 milhões de hectares na região do rio Tapajós –, a qual, por projeto de lei assinado pelo presidente golpista, pode ter sua extensão reduzida, praticamente anistiando a ação dos que há anos vêm há anos atacando essa área pública. A anistia a grileiros pode ser ainda mais ampla com outra Medida Provisória – sancionada no mesmo dia em que a reforma trabalhista era votada. Trata-se da MP 759, que, a pedido da bancada ruralista, altera regras para a regularização fundiária em todo o país, com efeitos particularmente nefastos para a região amazônica. Sons de motosserra.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) assim se expressou, em nota, sobre a medida: “Esta legislação é um grave retrocesso para as políticas de reforma agrária e um obstáculo real para a democratização da terra no Brasil (…) – tende a acirrar os conflitos e a violência no campo, que já assassinou 44 trabalhadores e trabalhadoras só no primeiro semestre de 2017.”

Enquanto, no campo, os ataques a grupos de camponeses, ambientalistas e populações tradicionais se intensificam, dado o clima de “liberou geral” que se espalha, começam a surtir efeito outras medidas dos golpistas contra um dos maiores focos de oposição, as universidades públicas. Agora vemos imagens do Rio de Janeiro. Em meio a uma forte crise fiscal em alguns estados (muitas vezes relacionada a absurdos regimes de isenção de impostos que foram dados a empresas em troca de propina), universidades estaduais já passam por dificuldades severas desde o início do ano – inclusive instituições bem consolidadas, como é o caso da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Notícias que começam a ser divulgadas nos meios hegemônicos e informações que vão chegando das distintas regiões dão conta de que a crise deve ser sentida de forma mais severa nas universidades federais – uma rede que, na última década, passou por um inédito processo de ampliação, capilarizando-se pelo território nacional. As instituições mais recentes e mais inovadoras, com maior presença de alunos trabalhadores, além de negros e indígenas, são justamente as que correm maior risco. Há dúvidas até mesmo sobre os repasses de recursos federais que permitiriam às instituições federais fechar o ano, e, a partir de 2018, quando a Emenda Constitucional 241, ou 55, passa a valer. A medida limita os gastos federais por um período de 20 anos, criando um teto que deve criar dificuldades ainda inimagináveis para os órgãos públicos, especialmente em áreas sensíveis como saúde e educação.

Depois das imagens da UERJ, vemos, na tríplice fronteira, em Foz do Iguaçu, os estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) mobilizando-se em defesa da instituição. Dias antes, um deputado do PMDB havia apresentado proposta para alterar a instituição, retirando a ênfase que há, ali, aos debates latino-americanos. Vemos depoimentos dos alunos sobre a discriminação costumeira que sofrem na região, dominada pelo agronegócio e os partidos conservadores.

O primeiro episódio da temporada 2 termina com outra cena surpreendente, passada apenas um dia após a aprovação da reforma trabalhista e a condenação de Lula. Depois de o presidente golpista sofrer por semanas um massacre midiático, sobretudo por parte do principal conglomerado de comunicação do país, a Globo, que divulgou amplamente as denúncias de envolvimento com a corrupção praticada pelo megagrupo empresarial do setor de carnes JBS, a comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeita o relatório que recomendava autorizar que ele fosse investigado.

Dali, seguimos novamente ao Pará, onde mais um acampamento do MST é atacado, desta vez no leste do estado, em Marabá (PA). Tiros e mais tiros, enquanto ouvimos o som de uma reportagem que, agora, afirma que a Globo será a próxima envolvida nas investigações da Lava-Jato. Será o contra-ataque dos golpistas, retaliando a empresa pela oposição aberta que lhe tem feito? É o gancho para o próximo episódio.