El 18 de febrero pasado un juez prorrogó la orden de desalojo, los vecinos asentados en el predio dieron la voz de alerta ante la presión para que este sucediera.   Esa misma noche,  el asesinato de un niño de ocho años fue el motivo que permitió a la autoridad “justificar” el desalojo, miles de familias fueron expulsadas del barrio Nueva Esperanza.

Localizado en el municipio de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, el predio que albergaba el barrio Nueva Esperanza se encontraba deshabitado, lleno de basura. Ahí llegaron cientos de familias que tienen como única intención el acceso a un techo para sus hijos: “Somos familias que limpiamos el lugar, organizamos el espacio para construir un barrio con calles, plazas y merenderos y que queremos que se nos de la posibilidad, hoy negada, de acceder a la compra de las tierras de manera que podamos pagarlas” dijeron al lanzar la alerta el 18 de febrero.

Anahí Benítez, delegada y vocera del Barrio Nueva Esperanza denunció; “En los meses que llevamos luchando por un pedazo de tierra, bajo la lluvia, bajo el sol abrasador, sin servicios básicos, nos encontramos también con  personas que nada tenían que ver con las familias que peleamos por un techo, encontramos zonas liberadas al narcotráfico y violencia hacia los hombres, mujeres y niños que nos encontramos en la toma. La peor situación la vivió el barrio con la muerte de Oscar, un nene de 8 años. La policía cómplice de estas bandas narcos, libera zonas, para que se genere esta violencia. Acá no hay una disputa de terrenos, hay una pelea entre bandas, que afecta a todos los vecinos”.

Marcha, medio electrónico argentino, dio cuenta de la situación en Merlo el 19 de febrero: “Luego de lamentar la partida de Oscarcito, el niño de 8 años baleado por una banda de narcotraficantes, miles de familias tuvieron que dejar el barrio y sus viviendas que con mucho esfuerzo lograron levantar en el predio que hace cuatro meses habitan.La policía avanzó sobre las precarias casas sin orden de desalojo, con topadoras y helicópteros. Miles de familias se fueron del barrio sin resolver el tema de la vivienda, y la mayoría sin saber donde pasar la noche. El fiscal Fernando Cappello había prometido a  los delegados que no habría desalojo y que se realizaría un censo. En lugar de cumplir con su palabra y  al retirarse,  comenzó un operativo absolutamente desproporcionado con cientos de policías, guardia de Infantería y helicópteros”.

“Estamos peleando por un derecho básico y creemos que sin la intervención del Estado con una política clara es difícil que podamos acceder a la compra de un terreno” les dijo Anahí Benítez a Marcha:  “Contrarrestar el sentido común, o el sentido impuesto desde las clases dominantes en todas sus expresiones y variantes se hace cuesta arriba; las familias de Merlo Gómez hace cuatro meses que sostienen la misma convicción: somos familias trabajadoras, tenemos ingresos y queremos comprar la tierra para poder construir nuestra vivienda”.

Las familias de Nueva Esperanza se instalan en el acampe en la Plaza 25 de Mayo para reclamar una solución al estado provincial y municipal.

Por tiempo indefinido y ante la ausencia de diálogo con las autoridades municipales y provinciales, encabezados por Gustavo Menéndez y María Eugenia Vidal, las familias desalojadas con un violento operativo del Barrio Nueva Esperanza en Merlo, iniciaron un ACAMPE en la Plaza 25 de Mayo.  En un comunicado las familias a través de su vocera dicen: “

“Hoy no existe política habitacional que incorpore a los mas humildes de nuestro pueblo. Entendemos que los gobiernos provinciales, municipales y nacional tienen responsabilidad sobre la situación de emergencia social en la que nos encontramos las miles de familias en la provincia de Buenos Aires a quienes se nos niega el derecho a acceder a una vivienda digna.

En estos cuatro meses dimos muestras de nuestra voluntad de diálogo para hacer frente a la necesidad de vivienda. Hicimos presentaciones en el Consejo Provincial de Viviendas y Hábitat,  el Ministerio de Desarrollo social de la Provincia Buenos Aires, la Legislatura Provincial, la Subsecretaria de Derechos Humanos de Merlo y en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas del municipio. Los vecinos queremos comprar y los dueños quieren vender.   Acampamos pidiendo diálogo. El mismo que nos fue negado cuando nos desalojaron violentamente”.

Foto:  Marcha / Camila Parodi y Lucía Chiovoloni

Con información de Marcha y Resumen Latinoamericano