Los 13 jóvenes normalistas, detenidos durante el ataque policial del miércoles 11 en las afueras de Tixtla, no fueron conducidos a ninguna cárcel. Durante el tiempo en que estuvieron retenidos, permanecieron en manos de los efectivos de la fuerza pública.

“Fueron llevados con el objetivo de ponerlos a disposición de la Fiscalía. No sabemos por qué, en el trayecto el gobierno cambió la decisión y los detenidos fueron entregados al Ombudsman, a la comisión estatal de derechos humanos de Guerrero. No estuvieron en la cárcel”, explica Vidulfo Rosales, abogado defensor de los normalistas en la causa que investiga la desaparición de los 43 y asesor legal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan. ¿Qué pasó con ellos entonces? “Los retuvieron, los trasladaron sin rumbo, los golpearon, los interrogaron”. ¿Qué les preguntaron? “A qué fueron a Chilpancingo, por qué siguen haciendo eso, quienes los dirigen, cuáles son sus nombres”.

Los estudiantes fueron entregados a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM), en la ciudad de Chilpancingo, para ser liberados en la mañana del jueves 12.

“Debido a las circunstancias caóticas que tuvimos que enfrentar ese día, no tenemos aún un recuento fidedigno de cuántos lesionados hubo, no tenemos aún los datos de manera clara sobre los actos violatorios concretos. En base a la información rápida que obtuvimos de los muchachos, recabamos algunos testimonios preocupantes”, analiza el abogado. En números gruesos, de los 20 heridos, 8 fueron hospitalizados, 4 de ellos con heridas graves que requerirán intervenciones quirúrgicas.

Los muchachos detenidos contaron que fueron desnudados, que les hicieron comentarios sexuales denigrantes, que fueron quemados con cigarrillos por los policías.

“Todo lo que relataron son ejemplos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, como los tipifica la Convención contra la Tortura. Lo que recabamos es motivo de análisis, de manera responsable, pero si encajan, recurriremos a los medios legales que haya”, apuntó Rosales.

El abogado entiende el episodio como una más de las agresiones que forman parte de una estrategia gubernamental, que deslegitime a los normalistas y ensucie su lucha, para luego proceder a un acto de represión a gran escala. “Este es un primer paso, seguramente vienen más”.

En ese mismo sentido lee los intentos de vincular a estudiantes de Ayotzinapa con el crimen organizado, como fueron la “filtración” de una comunicación entre dos normalistas, que publicó esta semana el periódico Milenio, así como las posteriores declaraciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que advirtió que se investigaría ese vínculo. El abogado alerta que tal relación fue descartada por el Grupo de Expertos Independientes que analiza la Masacre de Iguala: “El Giei dejó claramente establecido en su expediente el motivo de la presencia de los jóvenes en Iguala en la noche del 26 de Setiembre. Seguir aseverando que son parte de un grupo delictivo es una contradicción con la información recabada, que vuelve a esa lectura inverosímil”.

De todas formas, a pesar de no conocer que existan órdenes de aprensión ni para estudiantes ni padres o defensores (como fue la estrategia usada recientemente con los maestros de la zona, por ejemplo) reconoce que es factible que también se les abra una persecución legal: “El gobierno ha deslizado entre líneas que si nosotros procedemos legalmente, ellos también lo van a hacer. Están hablando de robo de combustible y daños, hablan de siete policías lastimados”.

Modus Operandi. “Las Normales vienen de una tradición radical, porque si no, no  les hacen caso. Es la precariedad de recursos lo que los obliga a movilizarse, ya sea por presupuesto o por plazas. La toma de camiones es una de las prácticas más extendidas en el tiempo”, explica Luis Hernández Navarro, periodista y escritor dedicado a estudiar y publicar sobre los distintos procesos vinculados al desarrollo del mundo rural mexicano.

“Las normales, y la educación pública toda, están sufriendo una ofensiva en su contra, particularmente la del mundo rural. Para la tecno-burguesía los campesinos sobran. Si fuera por ellos lo más fácil sería desaparecerlos, pero no pueden, hay resistencia”.

Eso sumado a la gran autogestión estudiantil, también histórica (la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSM, es la organización de estudiantes más antigua del país, fundada en 1935) han sido motivos de conflicto permanente con el Estado, explica Hernández. “Los estudiantes tienen incluso responsabilidad en la vida institucional de la escuela, desde el momento en que participan de la selección de nuevos internos, un proceso que no es nada fácil de atravesar. Cada Normal del país tiene su vida interna, pero los estudiantes tienen un perfil común, todos vienen de un mundo de escasez”.

Son lugares, según el periodista, que tienen la particularidad de ser un espacio en que la transmisión generacional es muy fuerte. “Hay una comunidad imaginaria que va más allá de los alumnos activos: incluye a los ex alumnos, que se mantienen muy vinculados a las dinámicas de las escuelas. Es un tejido invisible que va más allá del espacio físico de la escuela, que es inter-generacional e inter-comunitario, y que vive en estrecha relación con las luchas de las comunidades en donde están insertas.”

¿Cómo se explica la etapa actual de conflictos que están atravesando las escuelas rurales? “Está enmarcado en un ataque genérico a la educación pública, en la reforma laboral de la educación, que es una espada de Damocles que pende sobre los maestros. La reforma pretende cambiar su relación con el Estado, hacerlos perder su seguridad en el empleo, someterlos a vigilancia y a evaluaciones permanentes. Es el mismo conflicto que pretende que los estudiantes que egresan de las normales rindan exámenes para conseguir plazas en dónde trabajar. Como si el magisterio no fuera una profesión de Estado, como si fuera borrón y cuenta nueva”.

Hernández explica que durante todo el proceso educativo están rindiendo exámenes, que están regulados por las autoridades estatales. Compara la formación en magisterio con el servicio militar. ¿Por qué valen los años que se prepara un soldado y no un maestro? “El magisterio es una profesión de Estado que éste no reconoce como tal, como si se desentendiera de los años de estudio que les brinda, no valen nada”.

El abogado Rosales agrega que en Ayotzinapa se vive un proceso de discusión y análisis de los métodos de lucha. “Esa preocupación, que existe, tampoco puede cambiar de identidad, de principios, que en un año se abandonen las históricas líneas de acción del normalismo rural”. Al mismo tiempo, agrega que es fundamental que del otro lado también se revise el trato que se les dispensa a las escuelas, que a fin de cuenta, son estatales: “Es fundamental que el Estado haga una reflexión sobre las normales rurales, sobre la forma de salvaguardarlas, de impulsar y fortalecer su funcionamiento. Eso sólo puede hacerse si abre el debate con los actores involucrados, que analice seriamente la vigencia del normalismo rural. Si se pretende que tenga otro rostro, se le debe dotar del presupuesto suficiente”.

De todas formas, uno de los elementos que más le preocupan al defensor de derechos humanos es la discusión que este conflicto ha desatado sobre el uso de la fuerza pública: “Tenemos una policía que se prepara para enfrentar a la delincuencia organizada pero no lo hace, sino que se vuelca contra los normalistas como sucedió en este caso. El saldo es altamente costoso: en vidas humanas, en desaparecidos, en torturados”.

Para Rosales, nuevamente, es imperiosa una reflexión al respecto: “Las voces que piden mano dura son muy peligrosas. La prédica que se escucha, que reclama ley y fuerza, se traduce en maten y desaparezcan. No podemos reclamar que al sector que produce maestros de escuela, se les dé un tratamiento de criminales organizados. Esa es otra mirada equivocada”.