La esperanza se ha convertido en un trajinar pesado para las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. A 65 meses de la desaparición de sus hijos no hay señales ni resquicio alguno de donde pudieran estar. Saber la verdad ha significado desvelos y malos sueños, incluso ha tocado lidiar con la ley de los toletes, escudos y gases lacrimógenos por parte del aparato represor del Estado. La exigencia central es que regresen a los estudiantes como se los llevaron. La esperanza de que el gobierno de la cuarta transformación cumpla con su compromiso de dar con el paradero de los 43 estudiantes se agota.
La 65 acción global por Ayotzinapa y México ha sido para recordar que siguen faltando 43 estudiantes, maestros e hijos, así como miles más de desaparecidos en el país. Las madres y padres siguen sin saber nada de sus hijos. En el mitin realizado en el Hemiciclo a Juárez Doña Joaquina García, madre de Martin Getsemani Sánchez García, estudiante desaparecido, señaló: “seguimos en el mismo pozo. El gobierno anterior quiso engañarnos que nuestros hijos estaban muertos, que los habían quemado, pero nunca creímos, demás porque quedó demostrado por el Grupo de Expertos que no fue así. Queremos que nos digan la verdad. A un año de este gobierno (AMLO) no tenemos nada, pero seguimos con la esperanza de que las autoridades están trabajando para saber dónde están nuestros hijos”.
En las madres y padres de los 43 normalistas se agota el tiempo. Nada es igual desde aquella noche tétrica de Iguala. En sus sueños llegan sus hijos, en ocasiones trabajando los campos o enseñando en las aulas a niños y niñas. Todo se confunde con la realidad. En las marchas sus miradas dibujan los rostros de sus hijos, miran el firmamento buscando la verdad, pero sus ojos resecos o alguna dolencia, no se sabe si son los gases lacrimógenos o el pesado dolor del alma, los vuelve al mundo de la impunidad. Sus pasos siguen en el asfalto, en la marcha por la dignidad y la rabia incontenida. Imágenes de un México plagado de dolor; desangrado por la violencia y sumido por la impunidad.
“Nosotros como madres sentimos el dolor, la tristeza de nuestros hijos de no saber qué pasó, pero vamos a seguir en las calles gritándole al gobierno que nos dé una respuesta porque sólo nos engañan y nos han llevado con puras mentiras. Nosotras como madres nunca vamos a descansar de buscar a nuestros hijos porque los queremos, los llevamos en el corazón y en el pensamiento. Siempre estamos pensando ¿a dónde están? ¿Van a regresar o ya no? Pero como madres tenemos la esperanza de que están vivos. Quiero mucho a mi hijo, donde quiera que este le digo que quiero verlo, abrazarlo y decirle lo mucho que lo quiero”, dijo Doña Metodia Carrillo en el mitin.
Madres y padres de Ayotzinapa exigieron al gobierno federal que “ya diga la verdad”. Por qué si los policías municipales de Cocula, Huitzuco y de Iguala tuvieron participación en la desaparición de los 43 normalistas no son investigados ni castigados. ¿Por qué se llevaron a nuestros hijos? ¿a dónde se los llevaron? ¿a quién se los entregaron?, en palabras de Doña Metodia.
El jueves 27 de febrero las madres y padres también acudieron a Iguala para dejar la ofrenda floral a los normalistas que fueron ejecutados en 2014. Exigieron justicia por el asesinato de Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Normalistas de Ayotzinapa dejaron claro que seguirán luchando para que se tenga justicia y aparezcan 43 de sus compañeros, así mismo exigieron que se castigue a los responsables de la ejecución de los tres de sus compañeros normalistas la noche del 26 de septiembre.
Por su parte, don Bernabé Abraham mencionó que la desaparición de los 43, el asesinato de tres normalistas y miles de desaparecidos “no puede quedar en el olvido. Hay mucha gente que no quiere protestar por el miedo, pero nosotros vamos a seguir luchando e invitamos a la población que se una por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todas aquellas personas desaparecidas”.
Las búsquedas como el último recurso en el túnel de la angustia
Las búsquedas se han transformado en el péndulo de la tortura cotidiana; ni verdad ni justicia. En su momento, con el expresidente Enrique Peña Nieto, no se dejó que el batallón de Iguala fuera investigado ni revisado para buscar a los estudiantes, por lo mismo, quizá, nunca se sabrá si los militares tenían a los 43 jóvenes. Sería hasta junio de 2019 cuando la Comisión de la Verdad y la Justicia, integrada por cinco madres y padres, entraron al 27 batallón de Iguala para buscar a los estudiantes; una voluntad política amañada o fuera de tiempo. Nada encontraron, sólo sintieron rabia y burla. Las lágrimas se contuvieron y antepusieron la esperanza con el gobierno de la transformación. Las búsquedas y las respuestas del Estado ha sido el minutero del tiempo de la ignominia. A casi 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ningún pretexto sería razonable para seguir alargando el dolor y la esperanza. Las interrogantes vuelven a salir cual fuente de inagotables inquietudes que intentan deshilvanar las marañas y el entramado de sombras e hilos de los poderes que esconden la verdad. ¿Quién se los llevó? ¿Dónde están? ¿Por qué los gobiernos en turno encubren a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas? ¿Por qué los elementos castrenses de 27 batallón no han sido investigados por su participación en la desaparición de los estudiantes? ¿Por qué no se quiere tocar a los militares? Las interrogantes no son suficientes para agotar en estas líneas lo que se esconde ante el insoportable dolor de las madres y padres de los jóvenes normalistas desaparecidos.
De vuelta a las búsquedas de 43 estudiantes desaparecidos, sólo que ahora es en fosas clandestinas, porque al fin y al cabo las autoridades deben descartar cualquier posibilidad que los lleve al paradero de los normalistas. Las autoridades que participan son: Fiscalía General de la República, un equipo de peritos donde está un Arqueólogo, el biólogo, un ingeniero civil, la Comisión Edel de SEGOB en la fotografía, video y criminalística, policías federales y el ejército mexicano. El 11 de febrero de 2020 dieron inicio las búsquedas en “Monte Oret”, “Pueblo Viejo” y “Carrizalillo”. En “Monte Oret” se encontraron restos óseos de personas, falta por hacer los análisis correspondientes, sin embargo, en días pasados la Fiscalía del Estado exhumó tres cuerpos humanos más. El 15 de febrero un testigo dio información de unas fosas y datos del 27 de septiembre de 2014, donde supuestamente llegaron varias camionetas a la comunidad de Carrizalillo con un grupo de normalistas. Dos días después el testigo señaló una ladera rumbo a la minera, por el “Zapotillo”, estando en el lugar el testigo ya no quiso aportar más información. Nada se encontró. En esta semana las búsquedas continúan en La Gavia, Cocula y Apipilco sin que se haya encontrado nada y los restos que se tienen no corresponden a los estudiantes desaparecidos. Cabe señalar que, de acuerdo a una nota en el periódico el Sur del 28 de febrero de 2020, se han encontrado 193 cuerpos que han sido localizados en fosas clandestinas en los cerros y parajes de Iguala, después del caso Ayotzinapa.
Tal parce que se cierran las puertas y las ventanas en torno al caso Ayotzinapa, el último recurso serían las búsquedas. En este sentido quisiéramos rescatar, de acuerdo con el sistema interamericano, la Convención, “considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes” (OEA/CIDH, Documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano: 2007, pág. 88)
Esta conceptualización de la desaparición forzada nos conduce a las reflexiones medulares de lo que hoy atraviesa el caso de Ayotzinapa. Primero, las desapariciones tienen el propósito de cercenar la vida no sólo de la familia sino de la sociedad en su conjunto. Su naturaleza es borrar toda huella de existencia y despersonalizar el rostro ausente que habita en la memoria, es decir, cerrar toda posibilidad de que se pueda llegar a la verdad. Segundo, cuando la información se queda congelada, las investigaciones no avanzan o avanzan en otras direcciones, justo en este momento se “impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes”, que significaría investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de los 43 jóvenes, pero también de seguir líneas de investigación para dar con el paradero. Sin embargo, se podría pensar que con la poca información que hay se quiere tapar el sol con un dedo.
De por si la desaparición de personas, su naturaleza, es cerrar todas las posibilidades existentes de saber el paradero de las personas desaparecidas, para abonar a una eterna impunidad. Entonces, las búsquedas deberían ser prioritarias en los primeros momentos de la desaparición de una persona, pero en la práctica sucede que también son el último recurso para mantener una aparente esperanza o, mejor aún, prolongar el dolor, en este caso, de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Publicado originalmente en Tlachinollan
