El camino pegó un nuevo recodo, aunque la imagen pueda parecer la misma: el grupo que sale, con las fotos y saluda a los periodistas que afuera los esperan. Acaban de tener una reunión con Arely Gómez, la procuradora de la República que responde por la justicia mexicana. Una de tantas, otra imagen repetida como la del comienzo.

Pero esta vez, los padres le plantearon a la funcionaria que este es un momento bisagra. Exigieron “un mínimo de explicaciones indispensables” para continuar la interlocución con la Procuraduría.

Los cuatro abogados internacionales que los acompañaron y desmintieron la falsa versión dada por esa misma Procuraduría, ya no están presentes.

Sus últimas revelaciones, como se sabe, fueron claras para dar el golpe final a una ya denostada investigación oficial. Y al sistema entero, debería decirse.

Entonces llegamos a Tomás Zerón. La respuesta de la Procuraduría es que no puede destituir al funcionario, titular de la Agencia de Investigación Criminal, porque su obrar está en investigación.
“No queremos que Zerón siga manipulando las investigaciones del Caso Ayotzinapa, tenemos pruebas de su manipulación” a viva voz de Mario González, padre de César Manuel, durante la conferencia de prensa tras la reunión.
Lo sigue Felipe de la Cruz: “Mientras él no salga, para nosotros no va a haber confianza en las indagatorias e investigaciones que se puedan realizar.”

El GIEI aportó evidencias de que Zerón manipuló la escena y la evidencia encontrada allí, en los dos lugares indicados por el gobierno como destino final de los estudiantes: el basurero de Cocula y el Río San Juan. Ambos descartados ya.

¿Como explica la Procuraduría la aparición súbita de 42 casquillos percutidos en el basurero de Cocula después que ya se había hecho el proceso criminalístico de la escena y levantado las pruebas?, aclaró el abogado del Centro Prodh, Santiago Aguirre.

“Lo que queremos en que el gobierno desmienta públicamente su versión oficial, esa que está suficiente probada como falsa” Emiliano Navarrete, papá de José Ángel – de los jovencitos, de 18 años – de hablar nervioso y prolijidad envidiable es quien enuncia el reclamo.

Otro punto pendiente en esa verdad falsa, y sobre el que los padres ponen el dedo son las comunicaciones que al menos 7 teléfonos de los chavos hicieron después de la hora en que, según la versión oficial falsa, habían sido incinerados. Ahí también se habrían quemado sus teléfonos celulares. No fue así.

Y la estocada de las revelaciones del GIEI fue la evidencia de que la versión oficial que difundió la Procuraduría se basó en testimonios de detenidos – mayormente a cargo de la Seido, ya que son acusados de pertenecer al crimen organizado -, obtenidos mediante torturas.

Para que se entienda el avance lento del caso a pesar de que la foto sea la misma hay que rebuscar por palabras que transmitan lo que les pasa; y lo que se sabe de sus hijos desaparecidos hace 19 meses en un operativo estatal, coordinado por el Centro de Comando Unificado, llamado C4.

Recientemente el C4 volvió a ser noticia. Ante la explosión de violencia en las calles de Acapulco, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong propuso que en Guerrero, este centro de información y vigilancia pase a ser operado por la Secretaría de Defensa. La misma corporación que mantiene su lugar de privilegio en la investigación de los 43, convenientemente fuera de los interrogatorios y mucho más lejos, la entrada a los cuarteles.

Sin embargo, a pesar de que la Procuraduría deba respetar el debido proceso con Zerón – paradójicamente lo que él no hizo – sí puede ser separado del cargo. Eso exigen los padres. Algo que increíblemente aún no ha sucedido.

En el caso de Zerón se juega, y puede apreciarse como con una lupa, cómo es que funciona el mecanismo de la impunidad y por qué puede decirse que es una política de Estado. “Si a las irregularidades cometidas por los funcionarios de la PGR no se les da una respuesta contundente, una respuesta concreta y clara no podemos seguir caminando en la investigación como si nada hubiese ocurrido”. Eso es lo fundamental del planteo hecho a González.

El tercer punto clave de la reunión fue dedicado a la fragmentación de la investigación en decenas de expedientes penales abiertos a personas vinculadas al caso, diseminados por distintos puntos del país y cómo, a 19 meses, no se han unificado en una sola investigación. Esto, plantean, ha sido producto de la objeción tanto de la Agencia de Investigación Criminal, como de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, Seido.

El compromiso asumido por la PGR es a una nueva reunión, dentro de 15 días, en que respondan sobre los tres temas: Zerón, los teléfonos y la disgregación de la investigación en múltiples expedientes.

Fotos: Conferencia de prensa de los padres, en el plantón permanente frente a la Procuraduría General de la República, al salir de la reunión con Arely Gómez. 17 de Mayo 2016 // Eliana Gilet