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Autoridades de Guerrero orquestaron “toda una patraña” para criminalizar a normalistas: Vidulfo Rosales

Redacción Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Las autoridades de seguridad de Guerrero orquestaron “toda una patraña” para inculpar y criminalizar a los normalistas de Ayotzinapa que fueron atacados por la policía de Tixtla el pasado 7 de marzo, cuando los elementos abrieron fuego contra los jóvenes y asesinaron al estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, aseguró el abogado Vidulfo Rosales.

“Es una patraña para criminalizar la lucha de Ayotzinapa”, dijo Rosales, quien representa legalmente a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y que asumió la defensa de Oziel N, estudiante de la Normal que fue detenido la noche del ataque policial después del asesinato de su compañero Yanqui Kothan, por el cargo de robo de vehículo, “a pesar de que no venía manejando”, dijo el abogado al diario La Jornada.

“Hay varias irregularidades, entre ellas el hecho de que el gobierno asegura que los jóvenes venían armados y dispararon y que al repeler esa agresión fue que privaron de la vida a Yanqui Kothan”, explicó Rosales al desmentir que los disparos salieron de la camioneta donde se trasladaban los normalistas, para llegar a la Normal de Ayotzinapa a los preparativos del 98 aniversario de su fundación.

“El peritaje nos indica que la trayectoria que siguieron las balas fue de afuera hacia adentro, y que de adentro hacia afuera no hubo disparos. En conclusión, fueron los policías los que dispararon”, sentenció el abogado, y precisó que dentro de la camioneta no se encontraron casquillos percutidos, sino que “todos los que se hallaron son de las armas de los policías que dieron positivo”.

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Tras el asesinato de Gómez Peralta en el ataque, explicó Rosales, Oziel N fue detenido por los policías y permaneció 10 horas “retenido e incomunicado”, y fue puesto en libertad cuando “no se pudo acreditar la flagrancia en razón de que la policía estatal lo puso a disposición del Ministerio Público 10 horas tarde, o sea 10 horas después de su detención”.

De acuerdo con el abogado, fueron violados los derechos humanos de Oziel y no se puede descartar que el normalista fuera torturado y golpeado y que “muy probablemente se obtuvieron pruebas físicas en este momento”.

Añadió que otra “ficción de la policía estatal” es que el tercer normalista que viajaba en la camioneta, de sobrenombre El Arenita, llevaban un arma larga y disparó contra los oficiales, “pero esa arma no la consignó la policía estatal”. “Lo que no asientan es que el muchacho se anduvo escondiendo y más tarde fue detenido por la policía estatal, y qué casualidad que no le encontraron el arma. Se escondió en una barranca y fue cuando lo detuvieron los militares, que lo entregaron a la policía estatal; lo tuvieron detenido y torturando más de dos horas”, denunció Rosales.

Los tres jóvenes, Yanqui, Oziel y El Arenita, iban en la camioneta para recoger a tres compañeras en la terminal de autobuses de Chilpancingo y llevarlas al baile del aniversario, pero “al llegar al crucero (de la colonia Indeco) estacionan la camioneta y El Arenita se baja a comprar cigarros. Es cuando llegan tres policías en moto, uno se para delante de la camioneta y el otro atrás, sacan las armas y les dicen que se bajen, y empiezan a golpear la camioneta. Yanqui se espanta, arranca y da vuelta en U para regresarse a Tixtla, es cuando le disparan a las llantas y a los dos muchachos de manera directa, sólo que Oziel N se agachó y el otro huyó”, explicó el abogado.

La versión oficial difundida por la policía y los medios el día del ataque fue que la policía de Tixtla disparó contra los normalistas porque éstos no se detuvieron en el retén cuando se les ordenó, pero Rosales advirtió que “no funcionaba en ese momento el retén, sólo el filtro”.

El abogado aseguró que el proceso seguirá y que lo que ayudaría a esclarecer los hechos son los videos del C4, pero que la Secretaría de Seguridad “se negó a entregarlos”.

El ataque contra los normalistas en Guerrero sucedió en el marco del recrudecimiento de la criminalización de su lucha por las protestas de los familiares de los 43 que exigen al gobierno federal que cumpla con su compromiso de resolver el Caso Ayotzinapa.

Con información de La Jornada

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