Integrantes de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), integrada por 211 comunidades de 39 municipios, así como autoridades comunitarias de la Costa Chica y colectivos de desaparecidos realizaron un mitin en la entrada del Congreso local de Guerrero para exigir que se les reconozcan sus derechos como pueblos indígenas y afromexicano. Denunciaron que las diputadas y diputados han realizado reformas retrógradas a la ley 701, lejos de retomar la propuesta de iniciativa de ley que los mismos pueblos habían entregado al Congreso en el 2018, dejando descobijada a la policía comunitaria y a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Las comunidades de San Cristóbal, Capulín, San Jerónimo, Cruz Alta y Chimalapa exigieron al Congreso del estado les otorgue el derecho de ser municipio Xiaka por usos y costumbres en la región de la Costa Chica. Leonardo García Basilio, autoridad de la comunidad de Chimalapa señaló que cuenta con 14 comunidades indígenas que son elegidas a mano alzada. “La asamblea es la máxima autoridad, pero aun así los diputados y diputadas no respetan la voluntad de nuestros pueblos. No queremos más engaños de las autoridades y ya no vamos a permitir el dinero en las elecciones. No hay doctores, enfermeras y no hay escuelas; faltan calles y puentes, pero no podemos seguir esperando otro siglo más con nuestros hijos”, denunció.
Martín Rosales Sierra, coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, hizo una retrospectiva histórica del colonialismo en México que los gobiernos han continuado para seguir subyugando a los pueblos indígenas y afromexicano. Las autoridades heredaron el racismo y la discriminación como ideologías potenciales para segregar a las comunidades que siguen sangrando por los colmillos de los señores del capital. “En México aún persiste ese rostro racista y por eso estamos alzando la voz en el día internacional de los pueblos indígenas para que se nos escuche, para que se nos atienda, porque es una realidad que nuestra lucha es legítima. Nos hemos organizado desde hace ya varias décadas, pero hemos avanzado muy poco. También nos hemos enfrentado a un sinnúmero de obstáculos que no han permitido avances en nuestros procesos organizativos y en nuestras peticiones”.
Sin embargo, continuó Martín Rosales, “el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, en Chiapas, sentó las bases para que se dieran a conocer todos los sentimientos y sueños de los pueblos indígenas de México. En 1995 en Guerrero, particularmente en la Montaña y la Costa Chica, se organizó la Policía Comunitaria y se creó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Han pasado 27 años en que se ha avanzado desde el punto de vista organizativo, pero también han sido años que hasta la fecha no se ha reconocido nuestro sistema normativo propio y nuestra forma de hacer justicia, nuestra forma de reeducar a nuestra gente que comete algunos errores en nuestras comunidades. Sigue este criollismo en el sistema mexicano imponiéndonos su forma de pensar, su forma de creer, incluso su forma de vivir. Quieren que los sigamos imitando, pero nosotros tenemos una historia muy larga de grandes civilizaciones y nosotros somos herederos de usos y costumbres de tiempos inmemoriales”.
Los pueblos indígenas y afromexicanos siguen dando la batalla por el reconocimiento de sus derechos. Hay una sistemática agresión de las instituciones del Estado y del Congreso del estado al no tomar en cuenta a los pueblos. “Venimos a inconformarnos porque no puede ser que los gobernantes estén festejando el 9 de agosto, día internacional de los pueblos indígenas y afromexicanos, diciendo que han garantizado los derechos de los pueblos, sin embargo, la CRAC está inconforme porque es un sistema de justicia y seguridad que hemos creado desde 1995, que este octubre cumple 28 años. Nosotros tenemos ganados los derechos a niveles internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Guerrero es donde no se reconoce la lucha, ni nuestra existencia. Sin embargo, la gobernadora sí reconoce la estabilidad de seguridad en nuestro territorio, reconoce que estamos haciendo una labor efectiva, pero en el Congreso no se nos da ese reconocimiento jurídico. Nos sentimos atropellados, han violado nuestros derechos. El diputado Alfredo Sánchez Esquivel es el que nos ha traicionado, cuando dirigió la Jucopo. Es el que reformó la ley 777 de seguridad, el artículo 14 de la constitución del estado y la ley 701 de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano”, dijo Raúl de Jesús Cabrera, coordinador de la CRAC de San Luis Acatlán.
También pensaron que el presidente de la república les iba a ayudar a defender sus comunidades, pero “todas las reformas e iniciativas que ha realizado en su administración es para reforzar el sistema gubernamental y no los derechos de los pueblos indígenas. Hemos platicado como cinco veces con el presidente de la república haciéndole llegar nuestra iniciativa para que interviniera e instruyera a la ejecutiva del estado para que se creara una nueva iniciativa que incluya el sistema de justicia comunitario. Nos ha respondido que para eso está el congreso del estado, es decir, nadie puede decirle al congreso del estado que está violentando los derechos de los pueblos indígenas”, reclamó Raúl de Jesús.
La preocupación de las autoridades comunitarias es que los diputados y diputadas ni siquiera se inmutan, sus miradas están en celebraciones y en las contiendas electorales que se avecinan. Lo peor de todo es que no está la agenda de los pueblos indígenas y afromexicano en el proyecto de los políticos.
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para las autoridades es más fácil hablar de las lenguas, los funcionarios visten con camisas que elaboran nuestras compañeras y compañeros en los pueblos indígenas para que “respeten nuestros derechos y culturas. Hacen pasarela con nuestra vestimenta y con eso creen que nos están reconociendo. El folclor es sencillo, eso sí se nos permite”.
Para Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “hay tres puntos fundamentales que no reconocen las autoridades. La primera es la propiedad ancestral de nuestras tierras, territorios y nuestros bienes naturales en nuestras comunidades. No se ha aprobado el derecho a la consulta, ni siquiera existe en el artículo 2 constitucional. El gobierno federal se ufanó en años pasados de que reformó la ley minera y elevó como propiedad de la nación el litio, pero en la ley minera no pusieron el derecho a la consulta de los pueblos para dar concesión a las empresas mineras, pues siguen teniendo la concesión por 50 años y la pueden prorrogar por otros 50 años más. Sigue existiendo la ley minera, no se reformó. Tampoco reformó la obligación que deben tener las empresas mineras para restaurar las tierras y el medio ambiente de las comunidades, más bien, siguen destruyendo, saquean y se largan de aquí dejándonos en la miseria. En la Montaña el 70 por ciento del territorio está concesionado a las empresas mineras extranjeras, no se han revocado las concesiones.
Segundo, está pendiente el tema de la seguridad, justicia y reeducación como lo llama la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conocida también como la jurisdicción indígena que es el derecho que tienen los pueblos indígenas de atender, juzgar, castigar los delitos en nuestros territorios, pero tampoco se reconoce. En la vía de los hechos los pueblos ejercen este derecho y un territorio lo ha vuelto seguro porque no existen los niveles de violencia que observamos en Chilpancingo, en Acapulco y en otras regiones del estado. Es decir, los pueblos indígenas sin ley ya iniciaron a hacer trabajos de seguridad, justicia y reeducación. Lo que se necesita es que las autoridades reconozcan ese ejercicio de los sistemas normativos propios”.
El tercero gira sobre el autogobierno, la participación política y la representación política. Hoy en día cinco municipios como Huehuetán, San Cristóbal, Chimalapa, Huiztepec, Pueblo Hidalgo están reclamando que se les reconozca como municipios por usos y costumbres, que ellos puedan elegir sus autoridades municipales en asamblea. Ya metieron la solicitud desde el año pasado y es la fecha que el Congreso del estado no se ha dignado a contestar ni siquiera la solicitud, ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Le apuesta a que los municipios se cansen. Le apuesta a mandar a los archivos la solicitud y terminen su legislatura. Los pueblos indígenas y afromexicano nos cansamos, ya no le vamos a decir nada, nos vamos a regresar a nuestras casas a seguir esperando a ver cuándo se dignan a responder. Pero queremos decirles que los municipios ya se organizaron, no les vamos a permitir su silencio o su omisión. Los cinco municipios interpusieron amparos contra la negativa para contestar esta solicitud”.
En el mes de junio y julio el municipio de Huehuetán y San Cristóbal ganaron ese amparo y están obligando a este Congreso a que dé respuesta. Pero la actitud del congreso, con una resolución de por medio donde quedaron noqueados los diputados, todavía se atreven a impugnar esa resolución para no contestar. No tiene vergüenza, son cínicos”.
La pelea por los derechos va a seguir porque en la reforma están considerados estos tres temas: tierra y territorio, sistemas normativos, seguridad, justicia y reeducación, y autogobiernos. Ahí están establecidos en la reforma. Tampoco le vamos a dejar, hoy en día estamos retomando la iniciativa que hicimos en el 2018 y 2019, donde se realizaron consultas en los pueblos indígenas y afromexicano”.
Toda vez que esa iniciativa fue producto de una consulta, y los expedientes de la consulta están en el congreso del estado. Hoy le vamos a pedir todos que nuestro diputado Masedonio que es de los pueblos indígenas y que ha mostrado que siempre está del lado de los pueblos indígenas que presente la iniciativa. No les vamos a dejar el camino libre a los diputados. Vamos a luchar por el reconocimiento de nuestros derechos. No bastan los programas sociales. Necesitamos forjar nuestro destino como pueblos. Necesitamos impulsar la política hacia donde queremos que vaya, no nada más que nos den paliativos, porque el gobierno eso quiere. Necesitamos decidir, ser gobierno, tener jueces indígenas reconocidos. Necesitamos tener la propiedad de la tierra. Como pueblos indígenas decidamos nuestro futuro. Necesitamos diseñar el camino hacia dónde vamos a impulsar nuestras nuevas generaciones como pueblos indígenas y afromexicano”.
Publicado originalmente en Tlachinollan
